Hernán Vidal University of Minnesota POLITICA CULTURAL DE LA MEMORIA HISTORICA DERECHOS HUMANOS Y DISCURSOS CULTURALES EN CHILE Política cultural de la memoria histórica DDHH y discursos culturales en Chile © Hernán Vidal © Mosquito Editores / biblioteca setenta & 3 Para le presente edición Primera edición: Diciembre de 1997 Reg. Propiedad Intelectual Nº: 102.899 I.S.B.N.: 956-265-086-3 Impreso en los Talleres Gráfi cos de MOSQUITO COMUNICACIONES IMPRESO EN CHILE / PRINTED IN CHILE Derechos exclusivos reservados para todos los países. Este libro, como totalidad, no puede ser reproducida, transmitida o almacenada, sea por procedimientos mecánicos, ópticos o químicos, incluida la portada, sin autorización del autor o el editor. Se autoriza citarlo, indicando la fuente INDICE David Becker y María Isabel Castillo, "El tratamiento psicoterapéutico de pacientes traumatizados extremos" Ignacio Martín-Baró Psicología social de la guerra Artículos tratados: * "Psicología del miedo y conducta colectiva en Chile", Elizabeth Lira. * "Psicopatología y proceso terapéutico de situaciones políticas traumáticas" INTRODUCCION David Becker, María Isabel Castillo, Elena Gómez, Juana Kovalskys, Elizabeth Lira. Verdad sin justicia 11 * "La tortura. Conceptualización psicológica Verdad y ritualismo colectivo 18 y proceso terapéutico" Excurso ejemplar 23 Elizabeth Lira y Eugenia Weinstein 240 La verdad como suceso público 43 Hacia una lectura estoica 50 INVERSIONES Consenso para el olvido 51 El orden patriarcal 53 CAMBIO DE PIEL EN EL GHETTO Mala fe 54 Elizabeth Lira e Isabel Piper, eds., Monumentos 55 Reparación, derechos humanos y salud mental 273 Antídoto contra la lotofagia 56 SACRIFICIOS PRIMORDIALES Ariel Dorfman, La muerte y la doncella 286 CONDENSACION APOTEOSIS DEL DISCRETO José Rodríguez Elizondo, La ley es más fuerte. Luz Arce, Civiles y militares chilenos a la luz de un proceso El infi erno 65 histórico 305 Monumentos sublimes 86 CONCLUSION DESPLAZAMIENTOS (Variaciones sobre una matriz de lo sublime) Política cultural de la memoria histórica 329 Notas 345 PSICOSIS EPICA Cristián Cottet, Manifi esto un terrible descontento con ayer 117 MALDICION PATRIARCAL Juan Villegas, Oscura llama silenciada 193 EJERCICIO SHAMANICO Raúl Zurita, Canto a su amor desaparecido 221 RECUPERAR LA MOMIA ABANDONADA 5 6 El conocimiento de la verdad es indispensable para fortalecer la conciencia nacional en el respeto de los derechos humanos. La re- construcción de la memoria histórica, al permitir identifi car y condenar pública y masivamente los factores responsables de las violaciones, constituye un valioso elemento pedagógico para la formación de un juicio histórico sobre el sentido y alcance de los atropellos y para el desarrollo de una conciencia ciudadana alerta y vigilante frente a la reaparición de gérmenes contrarios a los valores de los derechos humanos. La verdad es un acto básico de reconocimiento de los hechos e implica socializar una historia vivida pero no reconocida en toda su dimensión. Necesitamos construir una memoria colectiva que eduque a las futuras generaciones en valores tales que impidan que la fuerza triunfe sobre la razón, que el crimen sobre la vida, que la mentira sobre la verdad, que la impunidad sobre la justicia, la verdad debe constituirse en una de las fuerzas que guíe la conduc- ta de la sociedad. Nuestra propuesta para la paz y la reconciliación en Chile Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos Santiago de Chile 7 8 INTRODUCCION 9 10 VERDAD SIN JUSTICIA Sociedad Civil, con independencia del Estado, para encontrar las temáti- cas apropiadas, los fundamentos teóricos y metodológicos y los canales de comunicación adecuados para universalizar una conciencia crítica en torno a la situación de los Derechos Humanos en una nación. Es imperativo elaborar «políticas culturales de la memoria histórica» desde la esfera privada porque todo parece indicar que en Chile no habrá justicia efectiva por esas violaciones. La primera indicación ofi cial de esto fue el Informe Rettig (1991), publicado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. En él se demostró la voluntad de separar dos términos que, en condiciones de normalidad institucional, serían Hacia el futuro se abre la tarea de crear «políticas culturales de inseparables -verdad y justicia. Aunque con limitaciones, el término ver- la memoria histórica» para Chile, de manera que las nuevas genera- dad quedó razonablemente expuesto al cumplirse el Artículo Primero del ciones tengan los parámetros imaginarios para entender la convulsiva Decreto Supremo Nº 355 del 25 de abril de 1990 que creó la Comisión experiencia humana precipitada a partir del 11 de septiembre de 1973. (2). En él se encargaba la investigación de «las situaciones de detenidos Este trabajo intenta una contribución desde el campo de estudio de los desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que discursos culturales. Apoya sus interpretaciones en la objetividad de juicio aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de que proporciona el Derecho Internacional de Derechos Humanos, tanto sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros en tiempos de paz como de confl icto armado. y atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo En virtud de este fundamento no consideraré las posturas ideológicas pretextos políticos». El Artículo Segundo usó lenguaje rotundo para que hasta ahora han predominado al discutir la situación de los Derechos erradicar la justicia de esta investigación, afi rmándose que en «caso Humanos en Chile. No arguiré sobre la legitimidad o ilegitimidad de los alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de gobiernos de la Unidad Popular y de las Fuerzas Armadas; no culparé a los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. los militares por haber eliminado a muchos de sus supuestos enemigos No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que declarando en Chile un estado de guerra; no volveré a la conmiseración con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los melodramática por una Izquierda vencida, doliente y victimizada. Acepta- hechos de que haya tomado conocimiento [...] Si en el ejercicio de sus ré los argumentos justifi catorios de su acción tanto del gobierno militar funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revisten como de la oposición marxista y no marxista, así como los de la Iglesia caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal Católica. No obstante, evaluaré su acción concreta de acuerdo con las que corresponda» (pp. VIII-IX). normas fi jadas para todas las «naciones civilizadas» por las Naciones Obedeciendo estas directivas, el Informe Rettig describió la lógica Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea y las y los procedimientos represivos del régimen militar, pero no nombró a Convenciones de Ginebra y sus Protocolos Adicionales. Aun en situa- los funcionarios responsables. Con esto la verdad descubierta se hizo ciones de máximo peligro para la seguridad de un Estado, el Derecho controversial, puesto que todavía ejercían en sus cargos magistrados Internacional demanda que se respete el derecho a la vida; se prohibe cuyos fallos consistentemente validaron las ilegalidades del gobierno la tortura u otros tratamientos inhumanos y degradantes; se prohibe la militar en la represión de sus oponentes. A esto se agrega el hecho de esclavización y la servidumbre; se prohibe la condena retroactiva por que, hasta ahora, el Parlamento no ha actuado para derogar la Ley de fi guras criminales anteriormente inexistentes (1). Amnistía de 1978. Esta ha sido usada para sobreseer la mayoría de los Defi nir los términos «política cultural» y «memoria histórica» será la juicios contra miembros de las Fuerzas Armadas que violaron derechos tarea de los argumentos que siguen. Por el momento, como referente de personas en actos de servicio. También debe considerarse el poder preliminar, defi no la actividad política como los esfuerzos individuales, exclusivo -y obviamente parcial- de las Fiscalías Militares para ver las hechos primordialmente desde la esfera privada, desde la base social, la causas que involucran a personal castrense. 11 12 Se ha generalizado la opinión de que separar la verdad de la justicia militares basadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional (3). Según atendió a un «realismo político» por parte del gobierno de la Concertación Zalaquett, para legitimarse éticamente, esos gobiernos debían cumplir de Partidos por la Democracia. En realidad, la transición a la democracia con el requisito mínimo de exponer la verdad ofi cialmente. Ya en el quedó debilitada porque el poder de las Fuerzas Armadas no quedó dominio público, la verdad generaría un «juicio histórico» que quedaría desmantelado. Los Altos Mandos han sido claros en su voluntad de integrado a «los anales históricos ofi ciales de la nación», sometiendo a proteger a su personal a toda costa. Aunque muchos militares han debido las Fuerzas Armadas al «avergonzamiento institucional», a la «ignominia» declarar ante Tribunales, hasta el momento sólo han sido condenados el y a la «censura pública». Idealmente, esto llevaría a las nuevas genera- general Manuel Contreras y el brigadier Pedro Espinoza, como también ciones castrenses a distanciarse de los perpetradores de violaciones a los policías implicados en el secuestro y degollamiento de los dirigentes los Derechos Humanos y de crímenes contra la humanidad. Así podrían comunistas Santiago Nattino, José Manuel Parada y Manuel Guerrero. restaurar el «honor institucional», creándose las condiciones para que las Sin embargo, debe señalarse la turbiedad de la justicia en las causas castas militares reconozcan la impropiedad de sus acciones y del daño contra Contreras y Espinoza -no fueron llevados a juicio por el cúmulo causado. Según Zalaquett, la mera exposición de la verdad implicaría de ilegalidades cometidas como comandantes de la Dirección de Inteli- un castigo para los agresores y una reparación moral para las víctimas. gencia Nacional (DINA), ni por haber ordenado la operación de asesinato Revelar la verdad compensaría la incapacidad de los gobiernos de tran- de Orlando Letelier y de la ciudadana norteamericana Ronnie Moffi t en sición para implementar una justicia efectiva. La revelación ofi cial de la una vía pública de Washington, D.C., el 21 de septiembre de 1976. Se verdad debía ser acompañada por la creación de rituales colectivos de los enjuició por su responsabilidad en la falsifi cación de los pasaportes «conmemoración», «expiación nacional de la culpa», de «duelo nacio- usados por los agentes encargados del asesinato. nal» que faciliten el «perdón colectivo», reparándose la «dignidad» y el Puesto que la Constitución fue modifi cada durante el gobierno de Pa- «buen nombre» de todas las personas involucradas. Así se asegurarían tricio Aylwin, primer Presidente en la transición a la democracia, para que las condiciones para la reconstrucción de la unidad y de la convivencia coincidiera plenamente con el Derecho Internacional de Derechos Huma- nacional. nos, ese «realismo político» introdujo una intensa contradicción jurídico- El criterio de justicia fue reemplazado por el de reparación. El Informe política en la institucionalidad chilena. Según el Derecho Internacional, Rettig fi nalmente defi nía «la reparación como un conjunto de actos que los crímenes contra la humanidad son inamnistiables e imprescriptibles expresan el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado -el Estado de Chile está obligado a enjuiciar a los responsables. Respe- en los hechos y circunstancias que son materia de este Informe. La tando la presunción de honestidad de los gobernantes, puede suponerse reparación es una tarea en que el Estado ha de intervenir en forma que quizás estén animados por un cálculo estratégico -quizás la espera consciente y deliberada [...] Sin perjuicio de ello, la reparación ha de de cambios generacionales en las Fuerzas Armadas, de cambios en las convocar a toda la sociedad chilena. Ha de ser un proceso orientado al circunstancias políticas en el país y en la sensibilidad pública. Quizás reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignifi cación todo esto permitiría llevar ante los Tribunales de Justicia al personal moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida militar implicado y así cumplir con los compromisos legales del Estado para las familias más directamente afectadas. Sólo así podremos desa- de Chile con el Derecho Internacional de Derechos Humanos. rrollar una convivencia más justa que nos permita mirar el futuro con El desarticulamiento del nexo verdad-justicia transfi rió y circunscribió esperanza» (p. 823). al plano simbólico todo debate sobre las implicaciones culturales del Este desplazamiento y reducción de la responsabilidad legal a lo postergamiento (¿o abandono?) de la justicia. Esta intención ya había simbólico es inaceptable para el Derecho Internacional. Sin duda ello quedado expresada tiempo antes de que se formara la Comisión Nacional infl uyó en los abogados de la Unión de Fiscales Progresistas de España de Verdad y Reconciliación. En el extranjero, el abogado José Zalaquett para que el 29 de julio de 1996, ante la Audiencia Nacional en Madrid, -cuyo pensamiento tuvo especial gravitación sobre la Comisión- había iniciaran un juicio contra los miembros de las Juntas Militares chilenas por argüido al respecto con un análisis de la situación y las tareas futuras los delitos de terrorismo de Estado, genocidio, desaparición de personas, de los gobiernos de transición a la democracia después de dictaduras y torturas (4). Pidieron, además, que se liberaran órdenes internacionales 13 14 de detención para que los acusados fueran extraditados y procesados obligado a proponer temáticas prioritarias para la discusión colectiva, en España, según el Tratado de Extradición y Asistencia Judicial suscrito privilegiando la acción de los agentes que, a su juicio, son los más ap- entre España y Chile en materia penal el 14 de abril de 1992 y ratifi cado tos para concretarlas en la administración práctica de la sociedad. Todo el 20 de diciembre de 1994. En apoyo de su querella, en el acápite Sexto discurso cultural también debe complementar otros aspectos: identifi car y de su presentación, los fi scales comentaron: constelar los recursos humanos, espirituales y materiales necesarios para alcanzar la utopía propuesta; defi nir las estrategias y tácticas necesarias En 1990 el Gobierno de Chile, por Decreto del 25 de abril de ese para neutralizar a los oponentes; esbozar la institucionalidad encargada mismo año, creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de sostener ese orden ideal; construir un universo de símbolos y metá- [...] Dicha Comisión, presidida por D. Raúl Rettig, en su informe de foras para apelar retóricamente al apoyo de la empresa e inducir a la febrero de 1991 identifi ca las circunstancias de la muerte violenta o población a que la encarne. desaparición de casi tres mil personas. Pero a diferencia de lo ocu- Instalado en una perspectiva para la defensa de los Derechos rrido en Argentina tras el Informe de la Comisión Nacional sobre la Humanos, la motivación principal de este estudio es entender las impli- Desaparición de Personas de septiembre de 1984, que fue seguido caciones conscientes o inconscientes que puedan tener esas matrices del juicio y condena de los mandos de mayor jerarquía de las Juntas utópico-poéticas para asegurar a todo ser humano los dos derechos Militares, en Chile la coerción de las personas aquí denunciadas más fundamentales, el derecho a la vida y el derecho a ser reconocido impone que no se haya iniciado ni una sola investigación ofi cial y respetado como persona. Ellos fundamentan toda lógica espiritual y contra ninguno de los miembros de las Juntas Militares que tuvieron material que busque defi nir «la buena sociedad», «la calidad de vida» el mando absoluto de sus disciplinados subordinados que, a lo largo y «el ser humano ideal». De estos dos derechos fundamentales nacen de diez y siete años, cumpliendo órdenes de aquellos, cometieron los derechos civiles y políticos, sociales, económicos y culturales pro- atroces crímenes dentro y fuera del territorio nacional. Y ello a pesar clamados por las Naciones Unidas en la Declaración Universal de los de que las familias de la mayor parte de los desaparecidos, así como Derechos Humanos y sus Pactos Complementarios. numerosas instituciones de la Comunidad Internacional, entre ellas el Lo dicho basta para entender que la desarticulación de los términos Gobierno de España, han implorado la tutela judicial, en vano. verdad y justicia implica un profundo vicio en la discursividad cultural que ha conducido el proceso de redemocratización en Chile. En última También los querellantes recordaban que el «Senado español, en instancia, en el caso chileno, crear «políticas culturales de la memoria el Pleno celebrado el 29 de diciembre de 1982 creó una Comisión de histórica» implica la tarea de determinar los efectos simbólicos de esa Investigación sobre la desaparición de súbditos españoles en países desarticulación en el reconocimiento de los seres humanos como per- de América, entre ellos Chile [...] La Comisión del Senado califi có los sonas. hechos investigados como Crímenes contra la Humanidad y terrorismo de Estado, y así fue aprobado por la mayoría de la Cámara». VERDAD Y RITUALISMO COLECTIVO Por todo esto, la impotencia de la Justicia chilena señala claramente una tarea intelectual que debe cumplirse tanto a corto como a largo plazo -la de perseverar en el delineamiento de políticas para el refuerzo de la memoria histórica en todo campo intelectual. Como ya he indicado, en este sentido intento esta contribución desde el área de estudio de los de discursos culturales. Por «discurso cultural» puede entenderse todo argumento formalizado que proponga la implementación política de tres elementos utópico-poéti- cos: defi nir «la buena sociedad», «la calidad de vida» y «el ser humano Sin embargo, explorar esos efectos simbólicos demanda una res- ideal» que la pueda caracterizar. Quien defi na estos elementos queda puesta a una pregunta primera y generalmente soslayada. ¿Qué signi- 15 16 fi ca «verdad» en el contexto de los debates sobre la impunidad de los del territorio nacional y en las relaciones internacionales de acuerdo con violadores de Derechos Humanos en Chile? Puesto que este trabajo se los marcos establecidos por la Constitución y por el sistema jurídico sitúa dentro de la antropología política, propongo que se conciba «la nacional e internacional; debe proceder según los requisitos tecnológicos verdad» como el grado de acceso al conocimiento que pueda tener una y las jerarquías tecnocráticas que hacen más efi ciente la administración, colectividad en cuanto al propósito, preparación e implementación de los la comunicación, la acumulación de conocimiento e información y el rituales con que el Estado conecta su voluntad política con la sociedad intercambio de bienes y servicios en todas sus formas posibles. civil. Me explico. En este marco, la burocracia estatal debe visualizar abstractamente a En la sociedad civil, los individuos y los grupos viven sus existencias los individuos que componen la sociedad civil, quitando énfasis a favores en un continuo espacio-temporal de prácticas privadas e íntimas llamado e identidades personales para considerarlos como ciudadanos a quienes cotidianeidad. Este continuo está estructurado por las diferentes rutinas el Estado de Derecho -el que se rije y respeta su propia Constitución, de aseo, alimentación, información (por ejemplo, lectura de periódicos su sistema jurídico y el Derecho Internacional- les confi ere, garantiza y durante el desayuno a la vez que se miran programas de televisión, recaba derechos, habilitaciones y obligaciones de manera impersonal. En escuchar la radio camino al trabajo), transporte, trabajo, educación, otras palabras, para cumplir rectamente con sus funciones, la burocracia diversión, amor, religiosidad, exhibición vanidosa en lugares de prestigio estatal debe producir y regirse por un conocimiento universal y pautas y de moda, etc., etc. Aunque estas rutinas están enmarcadas por regu- de acción abstractas y homogéneas. laciones municipales y estatales, son acciones ejercidas de acuerdo a Los actos rituales programados o fortuitos que se generan tanto pautas asumidas por «costumbre», «tradición», «por que así se hace». desde el Estado como desde la sociedad civil permiten visualizar la inte- Por tanto, la racionalidad de la conducta necesaria para manejar apara- rrelación entre los campos de acción íntima y privada de la cotidianeidad tos instrumentales, cumplir tareas, horarios y calendarios, está matizada y la acción pública y racional de la tecnocracia estatal. La universalidad por una fuerte carga, inercia y variedad de usos folclóricos y tradiciones abstracta y homogénea de la administración estatal y la variedad, dis- étnicas acumuladas de antiquísima data en la historia de una sociedad. persión, anonimia y especifi cidad cotidianas entran en contacto y se De allí que las relaciones humanas en la cotidianeidad tengan aspectos, funden en una larga lista de ceremonias ofi ciales: la proclamación de lógicas, «sentidos comunes» de enorme variedad, de gran dispersión, leyes, el llamado a elecciones, a consultas nacionales, a referendums actuados por individuos de identidades específi cas, inmediatas, legales e y plebiscitos según la Constitución; a través de los juicios con que los ilegales, aparentemente intransferibles pero anónimas. Estas relaciones Tribunales y otros tipos de paneles ofi ciales premian o castigan ejemplar- constituyen una especie de «inconsciente colectivo», de «memoria histó- mente; a través de la celebración estatal de efemérides originadas en la rica» materializada en el tiempo y en el espacio. Contiene innumerables conducta ejemplar de los héroes y heroínas mitifi cados en las narrativas e insospechadas formas de conducta y expresión, alojadas en espacios de identidad nacional; a través de ceremonias ofi ciales de homenaje a a veces inescrutables, en permanente mutación. Periódicamente, algunos ciudadanos de conducta ejemplar. Se trata de una fusión porque, junto de estos contenidos superan su especifi cidad inmediata y se generalizan con adquirir una nueva signifi cación social como servidores u ofensores en toda la sociedad como «modas», «gustos» efímeros, quizás perversos del Estado, según el marco legal, las personas implicadas pasan por un y criminales, tabús, dichos estereotípicos y cómicos. minucioso escrutinio en que no sólo se exponen virtudes ciudadanas. El Estado, a pesar de su cometido racionalizador de las relaciones Innumerables anécdotas, chismes, rumores, corroboraciones o infundios humanas, también está cargado de la inercia folclórica de los mitos de también pueden llegar a ventilar públicamente las debilidades humanas, la identidad nacional que lo legitiman y que el Estado mismo disemina y los pecadillos y las desviaciones con que viven su cotidianeidad. prolonga a través del aparato educativo; por supuesto, en sus funciones, La antropología simbólica concibe estos sucesos como rituales y los el personal burocrático no está inmune a la inercia folclórica originada en designa como espectáculos o funciones culturales (5), puesto que una su existencia cotidiana. No obstante, se espera que la burocracia de un hegemonía social, a través del aparato estatal, mantiene o establece un Estado de derecho, moderno, democrático, efi ciente, se rija por imperati- calendario de ceremonias que marcan y reafi rman la majestad e imperio vos de la razón: es decir, la burocracia debe adecuar su conducta dentro de su poder y del universo simbólico que fundamenta y modula el imagi- 17 18 nario social. En su majestad, el poder también permite o patrocina cere- de los macroenmarcamientos estatales del poder. monias rituales provenientes de las sociedad civil y política que refuercen Aportar ejemplos de estas dos modalidades rituales nos obligará a un y coincidan con sus propósitos y su búsqueda de prestigio -cócteles, desvío momentáneo de la discusión teórica sobre el concepto «verdad». banquetes, premiaciones, inauguraciones, competiciones, funciones de El lector tiene la opción de leer linealmente o saltar por sobre el excurso gala-. La Teletón anual de Don Francisco para captar fi nanciamiento que sigue y continuar la lectura teórica. caritativo en favor de niños disválidos es un buen ejemplo -coincide ideológicamente con el principio neoliberal de instalar la responsabilidad del bienestar comunitario en la caridad de la comunidad misma, en gran medida descalifi cándose al Estado como gestor central. Por otra parte están los sucesos no programados, accidentales, fortuitos, súbitos, que impactan a la «opinión pública», que concitan el interés colectivo acumulando una enorme carga y enmarañada diversidad de signifi caciones. Los comentarios «de la calle», los comentaristas de televisión y radio y las columnas periodísticas se encargan de mante- EXCURSO EJEMPLAR nerlos momentáneamente en la atención pública como asuntos notables. Esto ocurre porque, en esos sucesos, la colectividad intuye o percibe una signifi cación trascendente, que precisa meditar o develar. Por ello adquieren calidad de símbolos que, como espacios imaginarios, provocan intensa actividad retórica para estabilizar su signifi cación de acuerdo con los intereses de diversos sectores sociales. Esta actividad puede llegar a poner en tela de juicio la majestad e imperio de la ley, el universo simbólico hegemónico y a cuestionar la base ética del imaginario social predominante. La antropología simbólica designa estos sucesos como A mediados de diciembre de 1996, tuvo gran repercusión pública dramas sociales. la orden de arresto dictada por la jueza Raquel Camposano contra el Puesto que las funciones culturales y los dramas sociales resultan Director General de la Policía de Investigaciones, Nelson Mery, y contra ser formas de comunicación, transacción o confl icto dentro del Estado Marcelo Schilling, subsecretario de Desarrollo Regional en el segundo mismo y entre el poder estatal, la Sociedad Política y la Sociedad Civil, gobierno de transición a la democracia, el del Presidente Eduardo Frei son manifestaciones rituales dialécticamente interpenetradas -una función Ruiz-Tagle. Mery y Schilling fueron encargados reos bajo acusación de social puede convertirse inesperadamente en un drama social así como obstruir diligencias policiales para el arresto de los autores del asesinato un drama social puede generar funciones culturales como respuestas del Senador Jaime Guzmán -uno de los consejeros más importantes del ofi ciales-. En estos momentos de fusión, se concentra la atención colec- gobierno militar y fundador del partido Unión Democrática Independiente tiva sobre la anonimia y dispersión de los individuos en su cotidianeidad (UDI). El asesinato había ocurrido en abril de 1990. y sobre identidades burocráticas normalmente desdibujadas por los Fueron los comentarios suscitados por la acción de la jueza Campo- escalafones estatales. Por un tiempo limitado se convierten en persona- sano los que transformaron el suceso en espectáculo/función cultural. La lidades claramente identifi cables, que dan sustancia carnal a los grandes revista Qué pasa -portavoz de la UDI que siempre apoyó a la dictadu- confl ictos con que se conduce la cosa pública. Por tanto se transforman ra- había sido la que más agitó el suceso para desmedro del gobierno en fi guras eminentemente sacrifi ciales, sobre las que se descargan las de la Concertación. Con ironía mordaz, el editorial del número especial energías, simpatías y animosidades comunitarias. Estos momentos de dedicado al tema (21 de diciembre de 1996, Año XXV, Nº 1341) invirtió fusión revelan la sensibilidad emocional e intelectual con que la colecti- el sentido de las acusaciones que la oposición democrática -la Iglesia vidad experimenta y cuestiona el sentido de su vida cotidiana en medio 19 20