Lomas de Zamora, 05 de febrero del 2.016.- AUTOS Y VISTOS: Para resolver en la presente I.P.P. Nro. 07-00-028590-15 seguida a MARCELO GASTÓN FLORES en orden al delito de "Robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda" -arts. 45 y 167 inc. 2do. del C.P.-, respecto a la unificación de penas regulada por el art. 58 del Código Penal; Y CONSIDERANDO: Que conforme surge del acta de audiencia de finalización del procedimiento de flagrancia, en los términos de los arts. 284 bis y cctes. del C.P.P. y Ley Nro. 13811 (fojas 191/196); el día 22 de junio del año 2015 este Juzgado de Garantías resolvió condenar al imputado MARCELO GASTON FLORES -por acuerdo de juicio abreviado- a la pena de TRES (3) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, MAS LAS COSTAS DEL PROCESO, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de ROBO AGRAVADO POR SU COMISIÓN EN LUGAR POBLADO Y EN BANDA (art. 45 y 167 inc. 2 del C.P.), hecho acaecido el día 9 de mayo de 2015, en la localidad de Adrogué, partido de Almirante Brown, imponiéndole al mismo, por el término de 3 años, las obligaciones y pautas de conducta establecidas en los términos del art. 27 bis inciso 1ro., 2do. y 3ro. del Código Penal.- Cabe señalar que la Sra. Agente Fiscal, el Sr. Defensor Oficial y el imputado arribaron a tal acuerdo, prestando conformidad estos últimos con la calificación legal, el monto de pena -y su modalidad- requeridos por la Sra. Fiscal, de acuerdo a las constancias entonces obrantes en autos y en virtud de la ausencia de antecedentes condenatorios que surgía del informe del Registro Nacional de Reincidencia glosado a fs. 72/80 y del informe actuarial de fs.101/102, Ahora bien, con posterioridad a la homologación de dicho acuerdo y la consecuente sentencia condenatoria recaída, se tomó conocimiento, a través de las copias xerográficas certificadas obrantes a fojas 253/270, que el Titular del Juzgado en lo Correccional nro. 6 Dptal. -Dr. Manuel Barreiro-, en el marco de la causa Nro. 07-00-030789-10 (R.I. N° 3.532) y sus acollaradas por cuerda N° 07-00-007994-11 (R.I. N° 3.892) y N° 15-00-048452-11 (R.I. 5.649) , el día 14 de mayo del año 2014, condenó al imputado MARCELO GASTON FLORES a la pena de CINCO (5) MESES DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL MÁS LAS COSTAS DEL PROCESO, por resultar autor y coautor penalmente responsable de los delitos de ROBO SIMPLE EN GRADO DE TENTATIVA EN DOS OPORTUNIDADES CONCURSANDO MATERIALMENTE ENTRE SI EN CONCURSO REAL CON ROBO SIMPLE (art. 42, 45, 55 y 164 del C.P.), hechos ocurridos los días 30 de mayo de 2010 en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, 11 de febrero de 2011 en la localidad y partido de Lanús, y 22 de diciembre de 2011 en la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín, imponiéndole al mismo, por el término de 2 años, las obligaciones y pautas de conducta establecidas en los términos del art. 27 bis incs. 1ro. y 3ro. del Código Penal.- En razón de ello, la Sra. Agente Fiscal interviniente -María Marta Biglieri-, peticiona a fs. 273/vta. la unificación de penas condenatorias, al encontrarse ambos pronunciamientos o sentencias firmes y resultar de aplicación las reglas del art. 55 del C.P., por lo que ateniéndose al método de composición de penas, considera justo y razonable, el dictado de una pena única de TRES (3) AÑOS Y DOS (2) MESES DE PRISIÓN DE EFECTIVO CUMPLIMIENTO, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS; comprensiva de ambas sentencias condenatorias, ello, tales los argumentos volcados a fojas 273/vta, a los cuales me remito.- Corrido que fue el pertinente traslado a la Defensa Técnica interviniente, el Dr Héctor Rafael Paita -titular de la U.D.P. nro. 10 Dptal.-, adhiriendo al sistema composicional propuesto por la Acusación, solicita la imposición de una pena única de 3 años de prisión, tales los argumentos volcados a fojas 287.- Quedando así la presente en estado de resolver, se plantearon las siguientes cuestiones PRIMERA: Corresponde proceder a la unificación de la penas que registra Marcelo Gastón Flores? A la cuestión planteada, he de señalar en primer término que la sentencia condenatoria recaída en los presentes obrados fue dictada, en inobservancia de lo normado por el art. 58 del C.P., ello toda vez que al momento de celebrarse la audiencia prevista por el art. 13 de la Ley 13.811, no se encontraba informada en el Registro Nacional de Reincidencia la sentencia dictada al causante por el Juzgado en lo Correccional N° 6 Departamental, ver al efecto informes glosado a fs. 72/80 e informe actuarial de fs.101/102.- Entonces entiendo aplicable al presente aquella doctrina conocida como "change of rules" del derecho anglosajón, teniendo en cuenta que el acuerdo al que arribaron las partes al momento de requerir la aplicación del juicio abreviado reposaba en "ciertas condiciones", que luego, se modificaron con el conocimiento del antecedente condenatorio que registraba el justiciable.- Ahora bien, dicho "cambio de reglas o condiciones" no podría ser valorado en perjuicio de Marcelo Flores, puesto que resultó una omisión de los entes oficiales a cargo de los registros penales, no siendo, por lo tanto, un factor atribuible a su actuación ni el acaecimiento de una circunstancia que podría volverse en su contra.- De modo que, la resolución a recaer atraviesa por un sendero en el que se presentan dos posibles soluciones, por un lado, la declaración de nulidad del acuerdo de juicio abreviado al que arribaron las partes, retrotrayendo la causa a su estado anterior a su homologación, ó bien, el dictado de una pena única que se aparte en la menor medida posible de aquél acuerdo, entendiendo el suscripto que esta última solución resulta ser la más justa.- A la luz de lo expuesto y en aplicación del principio pro homine que obliga a optar entre varias interpretaciones aquella que resulte menos lesiva de los derechos del reo, habré de hacer lugar al requerimiento formulado por las partes, dictando una pena única, omnicomprensiva de ambas sanciones.- Ello así, habiendo el incusado sido condenado por distintos hechos en inobservancia de las normas que rigen el concurso real de delitos (arts. 55 y ssgtes. del C.P.) corresponde al suscripto en mi carácter de Magistrado a cargo -Por disposición del Superior- del Juzgado que ha dictado la última y más grave condena contra el nocente, pronunciarme en el presente conforme lo normado por el art. 58 segunda parte del C.P..- En conteste idea se ha expresado parte de la doctrina al considerar "es juez natural de la unificación de condenas o de penas el que entiende en último lugar....y, por último, cuando siendo varias las condenas se hayan dictado sin unificarse ellas o sus penas, el que haya impuesto la pena mayor..." (LURATI, Carina, "El Sistema de pena única en el Código Penal Aregentino", 1era. ed., Rubinzal Culzoni, Sante Fé, 2008, pág. 210). Al efecto, para evitar la existencia de dos o más condenas paralelas, el artículo 58 del Código Penal, impone el dictado de una única sentencia, respetando las reglas que el mismo código fija para el concurso de delitos, sin alterar las declaraciones de hecho contenidas en los fallos. Esta norma legal atribuye al Juez de la unificación, el conocimiento de la otra causa, con las limitaciones apuntadas precedentemente, por lo que la tarea se circunscribe a la unificación de la pena, ya que tampoco resulta posible revalorizar las atenuantes y agravantes que se tuvieron en cuenta en los fallos citados. En consecuencia, deberá dictarse un único acto jurisdiccional en el que se condene al nocente por todos los delitos cometidos, restando sólo en pie de aquella primera sentencia los hechos allí probados y su calificación legal, debiendo proceder al dictado de una única pena, dentro de la escala penal que se indica para la pena total en los arts. 55, 56 y 57, teniendo el suscripto a tal fin como única limitación, la imposibilidad de imponer una pena superior a la suma de todas las penas impuestas. "Así como el tribunal que sentencia un concurso real elabora la pena total sin necesidad de cuantificar previamente las penas para cada uno de los delitos, tampoco el tribunal que unifica las condenas e impone la pena única en el concurso real con pluralidad de sentencias, siendo el que juzga el último delito, tiene por qué establecer previamente la pena del delito del que conoce en ese sentencia."(Derecho Penal. Parte General. Eugenio Raúl Zaffaroni. Alejandro Alagia. Alejandro Slokar, Cap. XXIX, pág. 1019) . Por lo tanto, voto por la afirmativa por ser mi convicción sincera.-Arts. 18, 210 y 375 del Código de Procedimiento Penal, y Arts. 27 y 58 del Código Penal.- SEGUNDA: Que pronunciamiento corresponde dictar? Entiendo en el sub examine que la unificación no puede consistir en una simple suma aritmética de ambas penas, sino en una composición que refleje aquellas reglas del concurso, permitiendo una mayor libertad de apreciación y así una más justa dosificación (sistema composicional). Al respecto, se ha sostenido que "la circunstancia de que para conformar el monto de la pena el juez unificador tenga que aplicar las reglas del concurso, según artículos 55, 56 y 57 del Código Penal, indica que la pena unificada no tiene por qué formarse, necesariamente, con la suma de las penas fijadas en cada una de las condenas firmes o de la pena de la condena preexistente con la que correspondiese al hecho distinto que se está juzgado" (FLEMING, Abel - LÓPEZ VIÑALS, Pablo, "Las penas", Ed. Rubinzal Culzoni, Sante Fe, 2009, 1era. edición, pág. 336). "Dado que al unificar las condenas desaparece la anterior condenación, reemplazada por una única condenación para ambos delitos, el lógico efecto de la unificación de condenas que, con la anterior, también desaparexca la forma en que fue impuesta y la modalidad con la que se ejecutaba la pena. Consiguientemente, corresponde que cese la condenación condicional y también la libertad condicional, sin perjuicio de que puedan imponerse o concederse nuevamente, siempre que lo permita la condenación única (Derecho Penal. Parte General. Eugenio Raúl Zaffaroni. Alejandro Alagia. Alejandro Slokar, Cap. XXIX, pág. 1020-el resaltado me pertenece-) Finalmente, me permito citar el voto del Dr. Mario Juliano, integrante del Tribunal en lo Criminal N° 1 del Departamento Judicial Necochea, en el marco del en Expte. TC N° 4850-0039 del 16 de mayo del año 2.015, por compartir su tesitura en cuanto a que: "La aplicación de la pena al caso concreto no podrá hacerse prescindiendo de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, culpabilidad, prohibición de exceso y mínima suficiencia, que son los principios rectores que informan el mecanismo de individualización de la pena... Ignorar esas circunstancias reductoras de la esfera de culpabilidad implicaría actuar de modo irreflexivo a la hora de individualizar la pena aplicable, estandarizando la reacción punitiva frente al delito".- Ello así, cabe señalar que en los hechos por los cuales viene imputado el nocente se tratan de atentados al derecho de propiedad, en el cual resultaron víctimas directas, entiéndase por éstas solo a los titulares del derecho afectado, firmas comerciales de importancia (Coto S.A.; Sodimac S.A.) y que, por el contrario, en los casos en que la afectación al derecho de propiedad lo fue respecto de un particular -como en la presente I.P.P. y la causa Nro. 15-00- 048452-11- se han recuperado la totalidad de los objetos sustraídos, circunstancias éstas que no pueden ser inadvertidas por el suscripto al momento de graduar la pena única a imponer, en atención a la escasa extensión del daño que efectivamente fuere causado en cada uno de los hechos que se le reprocha al nocente (art. 41 del C.P.).- "Es posible introducir una distinción entre cuantificación y determinación, pues en ese momento el juzgador realiza algo más que un meo establecimiento de la cantidad de pena. La determinación de la pena por el tribunal, dentro del ámbito que la ley deja para la detención o bien, la determinación de las consecuencias jurídicas de un hecho penal por el juez, según la clase, gravedad y posibilidad de ejecución, en vista a la elección dentro de una pluralidad de posibilidades legalmente previstas, es tarea que abarca la determinación de la clase de pena (cuando se trata de conminaciones alternativas o facultativas conjuntas), de la cuantía de ellas dentro de los límites legales (cuando -como en la mayoría de los casos- se trata de penas que admiten grados) y de la forma de de imposición (cuando se puede elegir entre la imposición efectiva o la condenación condicional)..." (Derecho Penal. Parte General. Eugenio Raúl Zaffaroni. Alejandro Alagia. Alejandro Slokar, Cap. XXIX, pág. 994) . En virtud de lo expuesto, luego de haber mantenido audiencia de visu con el justiciable, conforme lo normado por el art. 41 del C.P. -ver fs. 295- ; atendiendo a los atenuantes valorados oportunamente en el marco de la causa 07-00-030789-10 (R.I. N° 3.532) y sus acollaradas por cuerda N° 07-00-007994-11 (R.I. N° 3.892) y N° 15-00-048452-11 (R.I. 5.649): la ausencia de precedentes condenatorios computables al momento de la comisión de los eventos disvaliosos, así como el recupero total de los efectos sustraídos en el marco de la I.P.P. 15-00-148452 -11 (R.I. N° 5.649) y la consecuente ausencia de perjuicio patrimonial para el damnificado) y los agravantes: los diversos datos filiatorios que ha brindado a la hora de ser identificado en las diferentes causas, así como su declaración de rebeldía en los diferentes registros que precisa. Asimismo, en la presente I.P.P. si bien no se desprende del acta luciente a fs. 191/196, sí de la reproducción del audio de la audiencia respectiva, que fue valorado como atenuante en favor del incuso