HERMOGENES PEREZ DE ARCE * ' • ' ' - : ' ' • ✓ < ’ ' f - ’ - í" ■ • V, * •' Vi’> - . *'• ’ > • / i'x Historia & Ca •r •. > . . . . . Revolución < ’ - ■ j .* •* •,<■ -. : ' .■■ z ■ T' ’ ' Ú '». Militar , » * , • ' .f" Chilena i ‘ . X • • -4 ■ -- * • « A . ' r *, • Z "■ _______________ • • . ' ■<■■•• ■ • 7^ 4„ ■ . ■ : • w < • ’ ■ 'S S •• » : EDITORIAL EL ROBLE . '/ • \ ? s ■ ¡ •' * HERMÓGENES PÉREZ DE ARCE HISTORIA DE LA REVOLUCIÓN MILITAR CHILENA 1973 - 1990 EDITORIAL EL ROBLE 1 Inscripción en el Departamento de Derechos Intelectuales de la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos (DIBAM) N° A - 288242 a nombre de Hermógenes Pérez de Arce Ibieta. ISBN 978-956-7855-13-1 Hermógenes Pérez de Arce Ibieta Editorial El Roble Ltda. Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin autorización del autor. 2 PRÓLOGO Como testigo presencial y habitual comentarista de los hechos que cul­ minaron en Chile un 11 de septiembre de 1973, y de los acontecidos en el sub­ secuente gobierno que ejerció hasta el 11 de marzo de 1990, me he abismado durante los siguientes veintisiete años de cuán apartadas de la verdad han sido las versiones predominantes en el país y en el resto del mundo acerca de lo ocurrido en esos 16 años y medio. En efecto, meras consignas han prevalecido ampliamente sobre la verdad histórica. El único historiador contemporáneo de renombre que ha reparado en ello ha sido el británico Paul Johnson, quien ha escrito al efecto: “... aplaudí el pro­ nunciamiento del general Pinochet, obedeciendo órdenes del Congreso, y aún más su éxito en revivir la economía y transformarla en la más sólida de América Latina. Pero al impedir la transformación de Chile en un satélite comunista, el general se ganó el odio furioso de la Unión Soviética, cuya máquina de propa­ ganda tuvo éxito en demonizarlo entre las élites habladoras del mundo. Fue el último triunfo del KGB antes de que desapareciera en el basurero de la historia. Pero, para mí, Pinochet sigue siendo un héroe, porque yo conozco los hechos” (1). Este libro es mi esfuerzo por hacer prevalecer la verdad sobre las consig­ nas. No creo que tenga éxito, porque siempre ha sido más fácil repetir las se­ gundas que acreditar la primera. El último cuarto de siglo en Chile lo ha corro­ borado. Pero al escribir estas líneas se encuentra cerca de ser aprobado un pro­ yecto de ley que penalizará con presidio menor en su grado máximo a quien divulgue una versión contraria a hechos establecidos en sentencias sobre viola­ ciones a los derechos humanos, entre las cuales abundan las fundadas en con­ signas falsas más que en verdades. Por eso me apresuro en publicar este libro antes de que ello sea constitutivo de delito. Una verdad que deseo establecer de partida es que el proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973, que en Chile es descrito como “pronunciamiento” por sus partidarios y “golpe” por sus adversarios, y cuyo régimen derivado cada vez mayor número de ambos describen como “dictadura”, en realidad fue una Revolución con mayúscula y en todo el sentido de la palabra. Creo, aunque parezca exagerado, que ella tuvo no sólo trascendencia na­ cional sino mundial, lo que puede parecer una hipérbole, tratándose de una ex­ periencia vivida en un país que está lejos de ser una gran potencia. Pero se de­ mostrará que el modelo socio-económico instaurado por la Revolución Militar 3 chilena fue imitado o influyó sobremanera en el resto del mundo y que el leit motiv en que se basó la propaganda soviética para denigrarla universalmente, y con éxito, las “violaciones a los derechos humanos”, fue una verdadera bomba de tiempo que estalló entre las manos de quienes la blandían contra la Junta y terminó por abrir un forado en la Cortina de Hierro y su Muro de Berlín, arra­ sando con ambos y con los socialismos reales en el mundo contemporáneo. La Revolución Militar Chilena objetivamente alcanzó, entonces, una tras­ cendencia histórica tan importante como la Francesa en su tiempo o la Rusa en el suyo; y por eso el establecimiento de la verdad en tomo a ella no sólo es un objetivo que debe interesar a los chilenos sino a todos los estudiosos de la reali­ dad contemporánea. REFERENCIA DEL PRÓLOGO: (l)Paul Johnson: "Heroes: From Alexander the Great and Julius Caesar to Churchill and De Gaulle". Harper Collins Publíshers, New York, 2007, p. 279. 4 CAPÍTULO I 1973: Una revolución imposible de evitar El peso de las circunstancias Se ha dicho y escrito abundantemente que la intervención militar del 11 de septiembre de 1973 fue no sólo ilegal e inconstitucional, sino injustificada. El examen objetivo de los hechos señala, por el contrario, que era no sólo justi­ ficada, sino inevitable. No había circunstancia racional ni legal alguna que pu­ diera impedirla: Primero, la mayoría democrática de representantes del pueblo, en su Acuerdo de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973, les había pedido a las Fuerzas Armadas poner término a la situación existente, lo que justamente hicieron el 11 de septiembre de ese año. Segundo, había antecedentes indicadores de que, si los militares no ac­ tuaban, sobrevendría un golpe armado de la izquierda que neutralizaría a los altos mandos uniformados y entregaría a la Unidad Popular la totalidad del po­ der. Tercero, la frecuentemente citada “doctrina legalista de Schneider” de 1970 y que, se suponía, obligaba al Ejército a respetar el ordenamiento legal, contemplaba expresamente como excepción la situación de ilegalidad, como la que un poder público, el Ejecutivo, había creado en Chile hacia 1973. Se citaba frecuentemente esta doctrina, conocida con el nombre del Co­ mandante en Jefe (muerto en 1970 a raíz de un atentado para impedir el ascenso de Allende al poder) para excluir la posibilidad de que el Ejército, la principal rama armada, interviniera en la vida política. Esa doctrina se había instituido en el Consejo de Generales presidido por Schneider y celebrado el 23 de julio de 1970, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Al mismo habían asistido dos futuros Comandantes en Jefe, los ge­ nerales Carlos Prats y Augusto Pinochet. Allí Schneider comentó que algunos estimaban a las Fuerzas Armadas como “una alternativa de poder”; sin embargo, señaló en seguida, “hacer uso de las armas para asignarse una opción implica una traición al país”. Eso quedó escrito y acordado y se conoce como Doctrina Legalista de Schneider. Pero casi nunca se cita el párrafo final del mismo acuerdo y que forma parte de la misma Doctrina Legalista, párrafo que rescató en un libro el perio­ dista Manuel Fuentes Wendling y que decía así: 5 “La única limitación de este pensamiento legalista está en que los poderes del Estado abandonen su propia posición legal. En tal caso, las Fuerzas Arma­ das, que se deben a la nación -que es lo permanente— más que al Estado -que es lo temporal— quedan en libertad para resolver una situación absolutamente anormal y que sale de los marcos jurídicos en que se sustenta la conducción del país” (1). ¿De quién fue la culpa? La principal figura política democrática de Chile en 1973, Eduardo Frei Montalva, a la sazón Presidente del Senado, escribió poco después del 11 de septiembre de ese año una carta al dirigente máximo de la Democracia Cristiana Internacional, el ex primer ministro italiano Mariano Rumor, en que le dijo: “Este país ha vivido 160 años de democracia prácticamente ininterrum­ pida. Es de preguntarse entonces cuál es la causa y quiénes son los responsables de su quiebre. “A nuestro juicio la responsabilidad íntegra de esta situación -y lo deci­ mos sin eufemismo alguno-- corresponde al régimen de la Unidad Popular ins­ taurado en el país”. Ni siquiera le adjudicaba la culpa principal, sino la “responsabilidad ín­ tegra”. Y más adelante añadía que “hombres conocidos en el continente por sus actividades guerrilleras eran de inmediato ocupados en Chile con cargos en la Administración, pero dedicaban su tiempo, muchos de ellos, al adiestramiento paramilitar e instalaban escuelas de guerrillas que incluso ocupaban parte del territorio nacional, en que no podían penetrar ni siquiera representantes del Cuerpo de Carabineros o de las Fuerzas Armadas”. Y sobre sus armas decía: “Las armas hasta ahora recogidas (y se estima que no son aún el 40 por ciento) permitirían dotar a más de 15 regimientos... Se había establecido así un verdadero ejército paralelo” (2). El llamado de la mayoría civil El Acuerdo de la Cámara había descrito casi exactamente las condiciones que, dentro de la antedicha Doctrina Legalista de Schneider, dejaban a las Fuer­ zas Armadas “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”. En efecto, el Acuerdo había dicho que el Gobierno de la UP “se fue em­ peñando en conquistar el poder total” y que, “para lograr ese fin, el Gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y la ley, sino que ha 6 hecho de ellas un sistema permanente de conducta”, enumerando los derechos y garantías violados: igualdad ante la ley, libertad de expresión, derecho de reunión, libertad de enseñanza, derecho de propiedad, libertad personal, dere­ chos laborales y libertad para salir del país. El mismo Acuerdo señaló aparte y como de especial gravedad la forma­ ción de “organismos sediciosos” y la de “grupos armados... destinados a en­ frentarse con las Fuerzas Armadas.” Por eso concluyó formulando un explícito llamado a los más altos man­ dos de las Fuerzas Armadas “a poner inmediato término a las situaciones de hecho referidas”. El Acuerdo de la Cámara no tenía fuerza obligatoria. No podría haber habido tampoco un Acuerdo del Senado, porque en la Constitución de 1925 el Senado carecía (y ahora también carece) de facultades físcalizadoras del Ejecu­ tivo. Sólo las tiene la Cámara. No había obligación de llamar a elecciones a raíz del Acuerdo, ni nada de eso. Sólo era simbólico, pero una mayoría parlamentaria llamaba a las Fuerzas Armadas “a poner término a las situaciones de hecho re­ feridas”. Esa mayoría representaba, a su vez, a la mayoría del pueblo. Ésa fríe su fuerza. ¿Qué más podía faltar, si estaba la evidencia de que se cumplían las con­ diciones para que las Fuerzas Armadas quedaran “en libertad para resolver una situación absolutamente anormal”? El estado de ruina económica nacional no hacía sino confirmar la urgencia de esa solución. El presidente del principal partido, la Democracia Cristiana, Patricio Ayl- win, reconocía días después del 11: “La verdad es que la acción de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de Carabineros no vino a ser sino una medida preventiva que se anticipó a un au- togolpe de Estado, que con la ayuda de las milicias armadas con enorme poder militar de que disponía el Gobierno y con la colaboración de no menos de diez mil extranjeros que había en este país, pretendían o habrían consumado una dictadura comunista” (3). Como lo dijo el Presidente checo Vaclav Havel, años después: “El mal debe ser confrontado en su cuna y, si no hay ninguna otra manera de hacerlo, entonces tiene que hacerse con el uso de la fuerza” (4). Una advertencia desoída 7 Justo dos meses antes del 11 de septiembre, el 11 de julio de 1973, el senador Patricio Aylwin, Presidente de la DC, entonces el mayor partido chi­ leno, había pronunciado un discurso en el Senado que anticipaba lo que iba a pasar, a fuerza de probar lo insostenible de cuanto estaba pasando. Dijo: “Los acontecimientos de los últimos días han puesto de relieve, con brutal crudeza, a qué extremos angustiosos ha llegado la crisis integral de Chile. Pare­ ciera que el país ha perdido su identidad histórica, los rasgos defínitorios de su personalidad como nación (...) Nuestra vieja inferioridad económica (...) re­ crudece hoy con más crueldad que nunca (...) Nuestro tradicional respeto a la ley, a las autoridades y a las instituciones del Estado, bases de nuestra institu- cionalidad republicana, parecen recuerdos legendarios. Ahora las leyes son des­ preciadas como estorbos, a menudo burladas por los propios encargados de su ejecución y reemplazadas por los hechos consumados; las autoridades oficiales son abiertamente desobedecidas, cuando no simplemente sobrepasadas, por in­ dividuos o grupos que se arrogan sus funciones, y los Poderes del Estado son públicamente denigrados y sus atribuciones impunemente desconocidas por agentes subalternos (...) Nuestra ya clásica convivencia democrática (...) ha sido sustituida por el sectarismo totalitario, caracterizado por la injuria personal al que discrepa, la mentira habitual, el menosprecio por la opinión mayoritaria democráticamente expresada y el afán de imponer el criterio propio, aunque sea minoritario, a toda costa y por cualquier medio. En nombre de la lucha de clases se ha envenenado a los chilenos por el odio y desencadenado toda clase de vio­ lencias (...) Compañeros de trabajo o de estudio, y hasta familiares, se pelean diariamente en una lucha fratricida cada vez más cruenta (...) El sentido de nuestra nacionalidad sufre la mella de la abrupta división entre los chilenos, el recelo y la desconfianza recíproca, cuando no el odio desembozado, prevalecen sobre toda solidaridad y una creciente degradación moral rompe las jerarquías de valores (...) Nadie puede negar la verdad de estos hechos. Constituyen una realidad que ha llevado a los obispos católicos a decir que ‘Chile parece un país azotado por la guerra’; una realidad que está destruyendo al país y poniendo en peligro su seguridad; una realidad que tiene quebrantada nuestra institucionali- dad democrática; una realidad que parece amenazamos con el terrible dilema de dejarse avasallar por la imposición totalitaria o dejarse arrastrar a un enfren­ tamiento sangriento entre chilenos. 8 “De ahí que las Fuerzas Armadas permanezcan ajenas a la contienda po­ lítica y, en nuestra tradición republicana, hayan adquirido el papel de ser garan­ tes de nuestra convivencia democrática, asegurando el respeto a la Constitución y las leyes (...) Los chilenos no podemos aceptar en ningún caso y bajo ningún pretexto, el establecimiento de hecho de un supuesto poder popular, formado por cordones industriales, consejos comunales o cualquier otro tipo de organi­ zaciones o grupos (...) Tampoco podemos aceptar que, con participación o complicidad de autoridades o funcionarios del Estado, a aun sin ellos, se distri­ buyan armas entre quienes se arrogan tal poder de hecho (...) No creo necesario (...) hacer referencia al papel jugado por este tipo de organizaciones armadas, pretextando movilización de masas, en el establecimiento de las dictaduras co­ munistas en algunos países de Europa oriental. El famoso ‘Golpe de Praga’ en Checoslovaquia, en mayo de 1968, es profundamente revelador” (5). Todo el mundo se daba cuenta El británico Brian Crozier, fundador del London 's Institute for the Study of Conflict, escribió: “Durante sus tres años en el poder, Allende transformó su país, de hecho, en un satélite cubano, y por lo tanto en una adición incipiente al Imperio Sovié­ tico (...) Para entonces Chile podía ser francamente descrito como un estado marxista en términos ideológicos y económicos (...) Desde una perspectiva es­ tratégica se le había transformado en una importante base para operaciones sub­ versivas soviéticas y cubanas, incluyendo el terrorismo para toda América La­ tina (...) el KGB soviético estaba reclutando miembros para cursos de entrena­ miento en terrorismo (...) especialistas de Corea del Norte estaban enseñando a miembros jóvenes del Partido Socialista de Allende” (6). La URSS participaba activamente: “Los primeros contactos con Salvador Allende antes de su elección como Presidente de Chile en 1970 y con Juan e Isabel Perón antes de su retomo a Argentina en 1973 también fueron hechos por el KGB en vez de la diplomacia soviética”. El propio Brezhnev reconocía: “En resumen nos arreglamos para convencer a la jefatura del KGB de que América Latina representaba un trampolín donde fuera que hubiera un sentir anti-norte- americano fuerte” (7). Allende era manejado por el KGB desde 1969 a través del agente “Leonid”, que era Stanislav Fyodorovich Kuznetsov: 9