1 FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA WILSON ALEXIS MARTIN CRUZ HOMERO SÁNCHEZ NAVARRO MAESTRÍA DERECHO PROCESAL PENAL TUTOR TEMÁTICO DOCTOR CARLOS ANDRÉS BERNAL CASTRO UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA FACULTAD DE DERECHO DIRECCIÓN DE POSGRADOS BOGOTA, D.C. 2014 2 CONTENIDO Página Abstract 3 Introducción y metodología 4-5 Ámbito temporal y material de aplicación de la ley de justicia y paz en Colombia 5-13 La normatividad aplicables en el proceso de justicia y paz en Colombia 13-29 El caso de Alias JUANCHO DIQUE 29-33 La flexibilización del principio de legalidad frente al proceso de justicia y paz 34-40 La flexibilización del principio de legalidad frente al bloque de constitucionalidad 40-49 De las conclusiones 49-52 Referencias 52-56 3 FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDADEN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA1 Wilson Alexis Martin Cruz y Homero Sánchez Navarro2 RESUMEN Se plantean los fundamentos teóricos jurídicos de uno de los temas de mayor controversia en la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, el cual se relaciona con la flexibilización del principio de legalidad, en dicho proceso. En el análisis, se examina la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sobre el particular, los aspectos normativos de la Ley de Justicia y Paz, el principio de legalidad en el orden constitucional y su correlación con el Bloque de Constitucionalidad y los tratados internacionales de derechos humanos aprobados por Colombia. PALABRAS CLAVE: Ley de Justicia y Paz, Bloque de Constitucionalidad, principio de legalidad. ABSTRACT Legal theoretical foundations of one of the most controversial issues in the implementation of the Justice and Peace Law in Colombia, which is related to the relaxation of the rule of law in this process are discussed. In the analysis, the jurisprudence of the Supreme Court on the matter, the regulatory aspects of the Justice and Peace Law, the principle of legality in the constitutional order and its correlation with the Constitutional Bloc and international treaties under review human rights adopted by Colombia. KEYWORDS: Justice and Peace Law, Constitutional Bloc, rule of law. 1 Artículo de investigación realizado en la Maestría de Derecho Procesal Penal, de la Universidad Militar Nueva Granada. 2 Candidatos a Magíster en Derecho Procesal Penal de la Universidad Militar Nueva Granada. 4 FLEXIBILIZACIÓN DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN EL PROCESO DE JUSTICIA Y PAZ EN COLOMBIA Introducción y metodología. Para plantear la razonabilidad de la flexibilización del principio de legalidad en el proceso de Justicia y Paz en Colombia, en primer término se determina el marco temporal y material de aplicación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia, y se precisa a cuales de los hechos, atribuibles a los grupos armados al margen de la ley que se desmovilizaron con base en ella, se aplica; refiriéndonos en concreto a los grupos que conformaron las denominadas Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Efectuado éste primer análisis, y a partir del marco temporal de los hechos atribuibles a las AUC, se analizan las normas sustantivas aplicables a conductas delictuales de los paramilitares, y para ello se hace un examen respecto a la naturaleza jurídica de sus crímenes, en razón al hecho que sus actos atentaron contra personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario. Corolario de lo anterior, se examina en lo pertinente la discusión respecto a la existencia del conflicto interno y la naturaleza de crímenes de guerra y de lesa humanidad de los delitos atribuidos a los grupos paramilitares. Posteriormente se plantea un estudio de caso, con el primer antecedente sobre la flexibilización del principio de legalidad en el proceso de justicia y paz, referido a las masacres ejecutadas por los paramilitares en Colombia, antes de vigencia de la Ley 599 de 2000. 5 En este punto, se hará referencia al hecho, que las AUC, eran sólo uno de los cinco grupos armados ilegales que operaban dentro del conflicto interno, en la región de los Montes de María, y en ese sentido, la argumentación y fundamentación que se observa en el caso en análisis, es predicable de los otros actores armados, en el caso que se acojan a las reglas previstas en el “Marco Jurídico para la Paz”. Con base en la imputación fáctica de los hechos que detallan en el caso en estudio, y teniendo en cuenta la fundamentación de la Corte Suprema de Justicia, se discute la razonabilidad jurídica de la flexibilización del principio de legalidad, en el proceso de justicia y paz. Para ello, se plantea la vigencia en el ordenamiento interno, de las normas de derecho internacional que conforman del Derecho Internacional Humanitario, que han sido debidamente adoptadas por Colombia y se examina la incidencia en el proceso de justicia y paz del denominado Bloque de Constitucionalidad. Finalmente se presentan unas conclusiones sobre el tema en discusión, en defensa de la flexibilización del principio de legalidad, en forma concreta para el proceso especial de justicia y paz en Colombia, pero advirtiendo, como ya se dijo, que sus reglas y fundamentos también resultan aplicables al proceso que se adelante con los grupos armados que se acojan a las reglas del “Marco Jurídico para la Paz”. Ámbito temporal y material de aplicación de la Ley de Justicia y Paz en Colombia. En Colombia la Ley 975 de 2005, o Ley de Justicia y Paz, se estableció con tres objetivos fundamentales, el primero de ellos era el de facilitar los procesos de paz en Colombia; el segundo fue el facilitar la reincorporación individual o 6 colectiva, a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley; y el último de ellos era el garantizarle a las víctimas los derechos a la verdad, la justicia y la reparación (Ley 975/05). Para tal efecto la Ley de Justicia y Paz, precisó el concepto de grupo armado organizado al margen de la ley; en el cual, se comprende tanto los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia AUC, como los grupos guerrilleros que se desmovilizaran en virtud de la misma; advirtiendo que nos referiremos específicamente a los primeros, por ser ellos, sobre los cuales se establecieron los primeros antecedentes jurisprudenciales, sobre el tema que se aborda. De manera adicional, la Ley 975 de 2005, sujetó su interpretación y aplicación (Art. 2, Ley 975/05), tanto en las fases de investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales, al hecho que únicamente era aplicable a las personas vinculadas a los grupos armados ya mencionados, pero advirtiendo que tal aplicación solo se podía realizar respecto de los hechos delictivos que se cometieran durante y con ocasión de la pertenencia a estos grupos armados organizados al margen de la ley. Igualmente, se previó que la interpretación y aplicación de la Ley de Justicia y Paz se debía realizar de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. En el ámbito temporal hay que señalar que la fecha del 25 de julio de 2005, se tiene establecida como límite en dos aspectos; por un lado es la fecha en la que empezó a regir en Colombia la Ley de Justicia y Paz, conforme al examen efectuado por la Corte Constitucional (C. Constitucional. C-1119/08). 7 Por el otro, fue la primera fecha límite respecto a los hechos, a los que les era aplicable dicha normatividad, en el sentido que en el proceso de Ley de Justicia y Paz, sólo se podían conocer los hechos cometidos hasta el 25 de julio de 2005. Ello, implicaba que solo se podían considerar dentro del proceso especial de Justicia y Paz, los hechos cometidos por los miembros desmovilizados de las AUC, postulados, hasta dicha fecha. La Corte Suprema de Justicia (C. Suprema de Justicia. P. 30999/09),en el caso del desmovilizado OMAR ENRIQUE MARTÍNEZ OSSIAS, alias “Maicol” o “Luís”, del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, examinó claramente los temas de la vigencia de ley en el tiempo y el ámbito material de aplicación de la Ley de Justicia y Paz, y en forma específica señaló que la primera se relaciona con la fecha desde la cual empezó a regir la ley y la segunda es la fecha máxima hasta la cual se entendían amparados los hechos a la cuales se les aplica dicha normatividad. El tema de la fecha límite dentro de la cuales se encuentran los hechos, cometidos por los grupos paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, no ha sido un tema pacífico, la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia No. 30999 de 2009, aclaró al respecto, que: “la vigencia de la ley inicia, como lo dispuso expresamente el Legislador en el artículo 72 “…a partir de la fecha de su promulgación”, acto que se cumplió en el diario oficial No. 45.980 del 25 de julio de 2005; entonces lo que percibe la Sala es una grave confusión en el impugnante sobre los temas de la vigencia de la ley en el tiempo y su ámbito material de aplicación que son aspectos diferentes, pues mientras el primero está referido al término a partir del cual comienza a regir la ley, el segundo consagra un plazo hasta el cual quedan cobijados los hechos con el beneficio de alternatividad, fecha que por 8 elementales razones de sentido común no puede ser ulterior a la vigencia de la ley so pena de caer en el absurdo de condonar crímenes futuros, lo que resulta inadmisible a la luz de la Constitución Política y los estándares internacionales sobre derechos humanos.” Con base en éste criterio, los hechos amparados por la Ley de Justicia y Paz, sólo son aquellos cometidos por las AUC, antes de la expedición de la Ley 975 de 2005, es decir el 25 de julio de 2005; dicho criterio sin embargo, no ha estado exento de controversias y conflictos, en razón al hecho que en la práctica varios grupos paramilitares se desmovilizaron, en fecha posterior al 25 de julio de 2005. Esta situación, generaba el siguiente problema; si un grupo paramilitar se desmovilizó el 31 de diciembre de 2005, y hasta esa fecha cometieron delitos, ello significaba que los delitos anteriores al 25 de julio de 2005, quedaban amparados en Justicia y Paz, pero aquellos cometidos entre el 25 de julio de 2005 y la fecha de desmovilización, en el ejemplo del 31 de diciembre de 2005, no estaban cobijados por los beneficios de alternatividad de la ley de Justicia y Paz. Esta es una de las situaciones importantes que la Ley 1592 de 2012 modificó, ya que al abordar en el tema de la temporalidad, amplió el marco de aplicación hasta la fecha de la desmovilización del bloque paramilitar respectivo, estableciendo que en todo caso, el límite máximo sería el 31 de diciembre de 2012. Si bien, el caso de Alias JUAN DIQUE, que nos ocupa, obedece al primer criterio de la Corte Suprema de Justicia, es decir está referido a hechos anteriores al 25 de julio de 2005, la precisión sobre la aplicación temporal de norma es importante y debe tenerse en cuenta; así como el hecho que la Ley 1592 de 2012, adicionó el hecho que en el ámbito de aplicación de la ley, se aplicarían criterios de priorización (Art. 1, Ley 1592/12). 9 Sin desligarnos del tema en análisis, sobre el particular habrá que señalarse que artículo 13 de la Ley 1592 de 2012, adicionó a la Ley 975 de 2005, el artículo 16A, en el cual fijó los criterios de priorización de casos. Lo hizo, estableciendo que el Fiscal General de la Nación, para el ejercicio de la acción penal podría, determinar unos criterios de priorización, a efectos de establecer los patrones de macro criminalidad, que fueran identificables en el actuar de los grupos armados ilegales a quienes les es aplicable dicha norma. El establecimiento de los patrones de macro criminalidad, tiene dentro de sus finalidades, identificar el contexto en el que actuaron estos grupos, así como las causas y los motivos de sus conductas. Con base en dicha disposición, el Fiscal General de la Nación emitió la Directiva 001 de octubre 4 de 2012 (F. General. D-001/12), por medio de la cual adoptó unos criterios de priorización y creó un nuevo sistema de investigación penal y de gestión para estos casos en la Fiscalía General de la Nación. Se refiere, la mencionada directiva, que por criterio de priorización, debe entenderse el establecimiento de parámetros lógicos que sirvan “para focalizar la acción investigativa de la Fiscalía General de la Nación hacia determinadas situaciones y casos, con el fin de asegurar un mayor impacto y un mejor aprovechamiento de los recursos administrativos y logísticos.” Establece el Fiscal General de la Nación, que la política de Priorización busca alcanzar los siguientes fines: “1.Seguridad ciudadana. La posibilidad de asociar casos, a partir de la identificación de elementos comunes, permite combatir de manera más 10 efectiva la criminalidad organizada. 2. Conocimiento del contexto de conflicto armado. La construcción de los escenarios delictivos en todas sus dimensiones es necesaria para abordar procesos de justicia transicional. 3. Legitimidad y eficacia en la administración de justicia. La racionalización de los recursos de la Fiscalía General de la Nación permite que se administre justicia con eficacia y transparencia hacia la ciudadanía, lo que a su vez posibilita reducir la impunidad. 4. Atender las exigencias de la sociedad civil. Los representantes de los distintos sectores de la sociedad han planteado la necesidad de estudiar la criminalidad en su contexto, para así ́ desarticular de manera más efectiva a los grupos que vulneran gravemente los derechos humanos y que atentan contra sus defensores y defensoras.” Para cumplir estos fines se requirió que la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz presentará un “Plan de Acción”, para cumplir en la vigencia del 2013, tales objetivos. En cumplimiento de ello, la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz presentó un “Plan de Acción de 2013” (F. General. Plan de acción 2013), en el cual dispuso: “1.Adelantar investigaciones contra 14 postulados miembros representantes de los Grupos Armados Organizados al margen de la ley y máximos responsables de los crímenes de sistema, representados en delitos de lesa humanidad, de guerra y contra el D.I.H., perpetrados de manera directa o por