Concepción Arenal. El derecho de gracia ante la justicia 2003 - Reservados todos los derechos Permitido el uso sin fines comerciales Concepción Arenal. El derecho de gracia ante la justicia Capítulo primero El derecho de gracia en principio El derecho de gracia no puede ser, en el concepto de los que lo defienden, más que una forma de la justicia; es indudable que tantas personas equitativas de diferentes épocas y países no podían estar de acuerdo en sostenerle si no le creyeran justo. Por otra parte, en concepto de los que le atacan, no es más que una forma de la arbitrariedad, porque no se concibe que hombres eminentes por su ciencia y su virtud, de diversas naciones, se propusieran suprimirle si le consideraran propio para contribuir a la realización del derecho. La cuestión es, y no puede ser otra, que ésta: El derecho de gracia, ¿es justo? O, mejor planteada: La gracia, ¿puede ser un derecho? En la práctica, como tal se considera y se realiza; en la teoría, se dividen los pareceres; y puesto que son varios, y muchos muy competentes, y que sobre todas las autoridades debe estar la de la razón, procuremos atender a ella solamente, prescindiendo de si los autores son muchos o pocos, afamados u obscuros, para reflexionar sobre las razones que alegan, y que pueden resumirse del modo siguiente: 1.º Testimonio de la historia. 2.º Esplendor y prestigio del poder supremo. 3.º La equidad de templar el rigor de leyes crueles. 4.º La necesidad o conveniencia de un poder que aprecie las circunstancias personales del reo, y, prescindiendo de la ley, atienda solamente a la justicia. 5.º La justicia de impedir la ejecución de una sentencia que, después de pronunciada, ha resultado ser injusta. 6.º La conveniencia, casi necesidad, de hacer gracia en ocasiones a los delincuentes políticos. 7.º La justicia de abreviar la condena de los penados que dan pruebas de arrepentimiento. 8.º La necesidad de armar a la sociedad de penas severas que intimiden a los criminales, pero que por medio del derecho de gracia no degeneran en crueles, porque sólo se aplican cuando es indispensable. - I - El testimonio de la Historia No somos de los que pretenden destruir la Historia de una plumada, ni prescindir desu influencia, ni desatender sus lecciones; pero tampoco de los que están dispuestos a admitir los hechos como argumentos, ni a inferir su justicia de su antigüedad. Ya se sabe que todo lo que sucede tiene su motivo; pero, aun admitiendo que este motivo sea razón de ser, la razón de ser varía con el modo de ser, y cuando éste cambia, serán absurdas cosas que parecían razonables, e injustas muchas instituciones con que se creía auxiliar la justicia. La tortura, el juicio de Dios, el derecho de asilo, la venganza de la sangre, cosas son todas que han existido, como el derecho de gracia, y que han dejado todas de existir en los pueblos civilizados, donde va siendo cada vez más clara la idea de la justicia. El derecho de gracia, en cierta manera, parece un anacronismo. ¿Por qué ha sobrevivido a las circunstancias a que debe su origen? Si no es justo, como esperamos demostrarlo, ¿por qué no ha desaparecido con otras injusticias que no están en armonía con el modo de ser de las sociedades actuales? ¿Por qué existe a la vez en los Estados Unidos de América, en Rusia y en el Japón? Procedamos con orden. Procuremos investigar primero por qué se ha establecido, y después por qué se conserva. Nos parece que el derecho de gracia debe su origen al falso concepto que se formaba de la justicia, a la crueldad con que ésta se ejercía, y al natural deseo del soberano de ejercer una prerrogativa grata, que le realzaba a sus propios ojos y a los ajenos, aumentando su poder y su prestigio. La justicia era venganza, primero privada, la venganza de la sangre, después pública. Se comprende que, concibiendo la justicia como venganza, se concibiera como derecho el perdón; se comprende que, a través del error que apoyaba la crueldad, se abriera paso la conciencia, el sentimiento, que, sintiéndose justo, quisiera legitimarse y erigiera en ley la misericordia. Desde el momento en que los tribunales obraban en nombre de la vindicta pública, de las entrañas de la humanidad salía, como instintiva protesta, aquel impulso piadoso que los pueblos soberanos y los reyes absolutos erigían en derecho, y llamaban la más bella de sus prerrogativas. El pueblo reunido en asamblea o el monarca que sustraían un reo al rigor de las leyes, le perdonaban, le salvaban; desde el momento en que el crimen se considera como una ofensa personal y el castigo como una venganza, es bello, dulce y equitativo olvidar el agravio, evitar la crueldad, y en el conflicto producido por el error y el sentimiento, caer en contradicción y llamar gracia a la justicia. Las formas crueles de ésta también debían ser un móvil para templar su crueldad, aunque fuera por excepción. Es muy frecuente que la justicia aparezca en forma de privilegio, que al principio utilizan sólo unos pocos, y luego va extendiéndose y generalizándose hasta llegar a todos. Las víctimas obscuras de la crueldad de las leyes caían sin ser notadas por el soberano; pero cuando alguna lograba hacerse notar y compadecer por una circunstancia cualquiera; cuando había algo en ella que la hacía considerar como semejante, entonces el corazón y la conciencia se congratulaban de hallar en el derecho de gracia un medio de evitar el doloroso conflicto sin alterar el orden establecido, y de armonizar la crueldad con la santidad de las leyes. Por regla general, creían que éstas eran buenas; lo creían al menos los que las hacían, que no solían ser aquellos a quienes habían de ser aplicadas, y para las excepciones se ponía en manos del poder supremo aquel tornillo, que se aflojaba o se apretaba, según parecía conveniente. Este poder de perdonar, de salvar, había de ser muy preciado, contribuyendo a que lo fuese, ¡cosa rara! las buenas cualidades y los muchos defectos del que le ejercía. Primeramente, la natural compasión, que hacía tan dulce el volver la vida al condenado a muerte; cambiar en contento su congojosa agonía y la de todos los que le amaban, más terrible aún; decir a la que se llora viuda: ¡ya tienes esposo!; a los niños inocentes: ¡ya no sois huérfanos!; a la madre: ¡ya tienes hijo! Todo esto sale del alma, llega a ella, y es una cosa tan grata, tan dulce, que debe considerarse como justa, como santa. Y luego, ¡qué superioridad no supone en el que le ejerce, y cómo aumenta su poder y su prestigio! El señor de la vida de los demás no debe ser un hombre como los otros. Su orgullo y su vanidad, lo mismo que su corazón, se lo dicen, y pueblo o rey, cuando por encima del fallo de las leyes, sin atenderlas ni consultar más que a sí mismo, dice a un hombre: sé libre o gime en cautiverio, vive o muere, se imagina ser algo sobrehumano y aproximarse a la Divinidad. Si es un individuo, le llamarán ungido del Señor, y divino a su derecho; si es multitud, dirán que la voz del pueblo es la voz de Dios. El amor de la humanidad y el amor propio, que tan pocas veces se armonizan, se unen para dar gran precio al derecho de perdonar; y benévolo y orgulloso el que le ejerce , no parece egoísta al reclamarle con empeño, apoyándose para conseguirlo en los buenos sentimientos de aquellos mismos que domina. Así, pues, un equivocado concepto de la justicia, la crueldad de las leyes, el prestigio del soberano, debieron ser las principales causas que han dado origen al derecho de gracia. Y hoy que se comprende mejor la justicia, que la legislación criminal se ha suavizado y que el poder de los soberanos se limita, ¿cómo subsiste el derecho de gracia? Todo este progreso, aunque innegable, no es tan general ni ha profundizado tanto como imaginan los que le desean; porque ellos, y los libros que leen y los amigos con quienes tratan, van formando de la justicia una idea clara, imaginan que la luz ha penetrado donde realmente hay sombras u obscuridad profunda. Si la idolatría de los reyes va desapareciendo, todavía hay poderes absolutos y multitudes que los quieren así y derraman su sangre por sostenerlos. Todavía la justicia es vindicta pública para miles, para millones de hombres, pues más bien ha variado la clase de personas a quienes desean aplicarla que el modo de concebirla. En cuanto a la crueldad de las leyes, estamos muy lejos de poder decir con verdad que ha desaparecido. En nuestro concepto, la pena de muerte, que debió ser la más poderosa causa para establecer el derecho de gracia, es la principal razón para que se conserve. Con él, el legislador acalla sus escrúpulos, si los tiene; la pena homicida no recaerá sino sobre un corto número de aquellos a quienes se impone; está en el Código, más bien que como una realidad, como una amenaza, y este tornillo, que se afloja o se aprieta, según conviene, dicen que lo concilia todo: la intimidación de los criminales y la humanidad de la ley, que, por medio del soberano, perdona a todos los que pueden ser perdonados sin peligro. Hoy, si se suprimiera el derecho de gracia, los legisladores más resueltos en favor de la pena de muerte creemos que vacilarían al establecerla, y la opinión pública pediría la reforma del Código penal y de las Ordenanzas militares desde el momento en que las sentencias capitales hubieran de ser indefectiblemente ejecutadas. El testimonio de la Historia, que se invoca a favor del derecho de gracia, depone contra él, puesto que demuestra que se apoya en un falso concepto de la justicia. La justicia no se perdona, no se concede; se aplica cumpliendo un deber, y faltando a él se niega. Suprimiendo de la pena la idea de venganza, debe desaparecer la de perdón. La crueldad de las leyes, razón histórica, y todavía de historia contemporánea, explica el derecho de gracia, puede hacerlo considerar como un expediente, pero nunca como una parte racional de la administración de justicia. ¿Qué idea tiene de ella el legislador que no comprende su realización sin la arbitrariedad? Y que el derecho de gracia es, ha sido, será y tiene que ser arbitrariedad, lo dicen la razón y la experiencia. Así procuraremos demostrarlo en estos breves apuntes; pero ya que del testimonio de la Historia se trata, bueno será hacer constar que no se ha conocido nunca su uso sin su abuso, que éste se consideraba inherente a él por los mismos que le establecían, y que los monarcas absolutos, cuyos derechos no tenían límites, los establecían para éste; tan seguros estaban de la irresistible tendencia a extralimitarse. Cuando cierto rey señalaba un número dado como el máximum de los delincuentes que podría perdonar, hacía una cosa tan absurda como si de antemano estableciese el de los culpables que podrían condenarse. En un caso, se dice: ¿y los que, pasado ese número, merecieran pena? Y en el otro: ¿y los que fueren dignos de perdón? Pero aquí lo absurdo de la limitación pone en relieve que el derecho no es sino un error consecuencia de otros; un expediente; un uso cuyo abuso siempre se veía y siempre se procuraba, aunque en vano, evitar; un mal con que se quisieron enmendar otros mayores que, si en tiempos eran irremediables, hoy pueden y deben tener remedio. - II - El esplendor y prestigio del poder supremo La justicia no puede sacrificarse a consideración ninguna, ni recortarse como oropel para adorno de los que no pueden brillar sino empañándola. El derecho de gracia, si no es justo, no puede ser derecho, ni nadie ejercerle para lograr así mayor importancia, la cual, sobre no ser equitativa, es ilusoria, porque todo poder injusto concluye por volverse contra el que la ejerce, en daño de su poder legítimo. ¿Gana mucho el prestigio del jefe del Estado firmando amnistías, indultos, conmutaciones y rebajas de penas sin circunspección ni reserva? ¿No se compromete su reputación de justo con el ejercicio de una prerrogativa que no puede (que no puede, comprendámoslo bien) ejercitar equitativamente? ¿Y qué dirán los pueblos cuando, en un país en que de hecho está abolida la pena de muerte como en Prusia, el monarca que durante años indulta a todos los homicidas y asesinos, aunque lo hayan sido con las circunstancias más horribles, deja que se cumpla la ley y que se ejecute al que disparó contra él sin herirle? La más hermosa de las prerrogativas lleva consigo la más abrumadora de las responsabilidades y el más terrible de los desconsuelos. Es dulce perdonar. ¿Y la amargura de negar el perdón? ¿Y la angustia de decir no a los que piden la vida de los que aman? ¿Cómo no se estremece el hombre al considerar que en tal situación ha de verse? ¿Cómo no tiembla bajo un peso superior a sus fuerzas? Se acongoja la conciencia al considerar esos monarcas a quienes en un día solemne presentan unos papeles que significan otros tantos hombres condenados a muerte, y, poniendo la mano sobre un legajo, salvan a uno, y los demás van al patíbulo. No se comprende cómo no se afligen por los que morirán, más que se consuelan por el que han salvado, y cómo no renuncian al terrible privilegio, diciendo: «La justicia no puede ser una casual imposición de manos, ni una coincidencia fortuita; a esos reos, a todos los reos, que los mate Dios, y que los condene o los absuelva la ley.» Pero sobre que es imposible que haya en los reyes algo sobrehumano que los ponga en estado de interpretar la justicia divina mejor que los demás hombres, resulta que de hecho en todas partes, y de derecho dondequiera que hay gobierno representativo, no son los reyes los que ejercen el derecho de gracia, sino los ministros. Entre nosotros, por ejemplo, el rey no puede realizar la más pequeña conmutación de pena si el decreto no está refrendado por el ministro de Gracia y Justicia, y en Consejo de ministros se resuelve el que ha de morir en el patíbulo o ser indultado. La fórmula es aconsejar a S. M. que haga gracia o la niegue, pero, en realidad, de este consejo depende la vida o la muerte de los hombres. Además, como el monarca o jefe del Estado, por su misma elevada posición y otras circunstancias, es más difícil que sepa las del reo que se trata de perdonar, resulta con evidencia, y todo el mundo lo sabe, que la concesión o negativa del perdón depende de un ministro o de varios, y lo que se llama regia prerrogativa no es ni más ni menos que la facultad concedida a los ministros de anular los fallos de los tribunales y hacer cuanto crean conveniente en materia de justicia penal. Y con esta ficción, que a nadie alucina ya, ¿se pretende dar prestigio y esplendor al jefe del Estado? Nosotros no vemos más que una facultad ilusoria, por tal reconocida, y una responsabilidad real: la sombra de un poder imaginario que, en casos dados, puede servir para atribular el corazón y perturbar la conciencia. - III - La equidad de templar el rigor de leyes crueles La injusticia de las leyes crueles no se evita sustrayendo a su acción algunos pocos privilegiados por medio del derecho de gracia, sino suprimiéndolas para todos. Puede ser una excepción plausible contra una regla vituperable, un expediente, un proceder humano y compasivo, pero no hay nada de jurídico en la facultad de anular en unos casos los fallos de los tribunales dados conforme a la ley, y dejar que se ejecuten en otros. Decir que la dureza de las penas, hace preciso el poder de aminorarlas arbitrariamente, es confesar la necesidad de modificar la legislación penal. Su severidad se alega como razón para la gracia. ¡Qué derecho, cuyo fundamento es una injusticia! Pero lejos de repararla o de aminorarla, la agrava, porque se presenta como un paliativo que permite su prolongación y sustrae a sus rigores, no al menos culpable, sino al más afortunado. Hay dos loterías nacionales a que se juega con monedas o con crímenes, logrando dinero o impunidad con el sorteo y el derecho de gracia. ¿Es justa la ley? Acatarla, aplicarla siempre y a todos. ¿Es injusta? Modificarla hasta que deje de serlo, para que pueda aplicarse sin excepción ni daño de los que quedan sometidos a la regla. En cada indulto que firma el ministro de Gracia y Justicia reconoce su injusticia, la de la ley o la de los jueces: esto es tan sencillo, tan claro, que admira que no aparezca evidente. El legislador que quiere compensar injusticias con arbitrariedades, las agrava, da lugar a una serio de atentados contra el derecho, y forma tal laberinto de inconsecuencias que, si bien las considerara, pronto comprendería la urgencia de cortar de raíz un mal que aumenta con los paliativos con que se pretende atenuar. - IV - Necesidad o conveniencia de un poder que aprecie las circunstancias personales del reo y, prescindiendo de la ley, atienda solamente a la justicia Este motivo es la piedra angular del derecho de gracia, f undado principalmente en que quien le ejerce tiene, para realizar la justicia, medios de que carece el juez. Investiguemos si este motivo es una razón o un error, una ilusión o una realidad; porque, si fuese erróneo o ilusorio el fundamento, falta de equidad se hallaría la institución en él fundada. El juez que examina la causa de un acusado juzga al hombre en general, y a un hombre en particular. Es un error suponer que todo es individual en el caso presente, y que, porque hay allí solamente una persona, no se trata más que de un individuo. El proceder de aquel individuo no puede ser apreciado sino en virtud de las leyes de la humanidad; por ellas se sabe que hay mal y bien, que conoció el mal que hizo y que pudo elegir el bien. Resulta que el fundamento del juicio está en el conocimiento de las leyes morales del hombre; que se trata de aplicarlas a un hombre; y aunque en la aplicación deben tenerse presentes las circunstancias particulares del individuo, no se ha de prescindir, ni es posible, de que pertenece a la humanidad y de que está sujeto a sus leyes morales como a las físicas. Conocimiento del bien y del mal, poder de hacer lo uno u otro, tal es el fundamento de la responsabilidad moral, y de la legal, cuando se exige. Por las circunstancias del hecho, y por otras anteriores y posteriores a él, partiendo de las leyes generales de la humanidad, el juez ha de apreciar si el individuo acusado supo el mal que hizo y quiso hacerlo. Todas las diferencias individuales, todas las circunstancias atenuantes o agravantes dependen del conocimiento mayor o menor que tuvo del mal que hacía, y de su libertad más o menos completa. La falta ele conocimiento o de libertad pueden ser tales, que el agente del daño, inconsciente o perturbado, se considere para la responsabilidad como cosa más bien que como persona. Entre la carencia absoluta de conocimiento y de libertad, y el conocimiento perfecto y libertad completa, hay muchos grados que al juez toca apreciar, y esta apreciación es una de las dificultades del fallo justo. Ahora bien: el jefe del Estado, a quien se concede el derecho de gracia, ¿se halla en estado de conocer mejor que los jueces estas cuatro cosas esenciales para la administración de justicia? 1.ª Las leyes morales de la humanidad. 2.ª Las leyes penales vigentes. 3.ª El hecho que se trata de juzgar. 4.ª Las circunstancias especiales, personales, del culpable. ¿Es posible que de buena fe, ni con formalidad, responda nadie afirmativamente?¿ Es posible que nadie de buena fe, ni con formalidad, sostenga que el jefe del Estado sabe más filosofía moral, más filosofía del derecho, más legislación que los jurisconsultos y magistrados, y conoce mejor el hecho y el agente que los jueces que han visto y examinado de cerca las circunstancias de uno y otro? No es posible afirmar esto; y no siéndolo, no se puede sostener tampoco el derecho de gracia, a menos que no se pretenda que por divina inspiración penetra el rey o el presidente de la república en lo recóndito de la conciencia, lee en la del delincuente, y tiene, para saber la verdad y realizar la justicia, medios de que carecen los otros mortales. O un milagro permanente, o un absurdo constante: o el Espíritu Santo descendiendo sobre el jefe del Estado cada vez que se le pide gracia, o él haciéndola a costa de la justicia, puesto que anula los fallos de los que mejor que él pueden aplicarla. Dicen los fisiólogos que el hábito embota la sensibilidad, y los psicólogos pueden afirmar también que el espectáculo constante de la injusticia obscurece la idea de lo justo. ¿Cómo, si no, se vería sin asombro o indignación escarnios de la justicia, como el de pedir informes al tribunal sentenciador, para indultar o no a un condenado? ¿Qué significa este hecho que se reproduce, y esta frase que se repite, al parecer mecánicamente, porque, de otro modo, apenas se concibe que sin calurosa reprobación se repitiera? El pedir informes al tribunal sentenciador significa lo siguiente: El jefe del Estado, que no podría ejercer equitativamente el derecho de gracia sin un conocimiento superior del hecho y de la persona de que se trata, no tiene conocimiento ninguno, y para saber algo pregunta a los que están en situación de conocer lo que ignora, y les dice: Yo lo puedo todo, pero no sé nada; tengo la omnipotencia y la nihil sapientia respecto a este asunto, vosotros que lo sabéis, decidme lo que hay respecto de él; informadme, y resolved el problema de que, habiendo vosotros fallado conforme a justicia, sin faltar a ella pueda yo anular vuestro fallo. Esto es lo que dice el jefe del Estado al tribunal sentenciador. ¿Y cuál es la contestación? Puede ser de dos maneras, y lo es, en efecto. Si informa mal, hay lógica, los jueces dicen: «Hemos fallado en justicia, y sin faltar a ella no se puede revocar nuestro fallo»; si informa bien, y el caso se da tantas veces que casi parece la regla, el tribunal viene a decir: «Puede anularse nuestro fallo sin faltar a la justicia»; de donde resulta que no era conforme a ella. Todo esto, por inverosímil que parezca, es verdad, y sería ridículo, si no fuera por sus tristísimas consecuencias. Cuando un tribunal informa bien para el indulto, ¿no reconoce claramente que falló mal, o que su informe no es equitativo? No, se dice, porque el tribunal, cuando juzga, tiene que atenerse a la ley, y cuando informa considera la justicia sin sujetarse a ninguna prescripción legal. Aquí tenemos la ficción de un individuo con doble personalidad, la del hombre y la del juez, y el hecho de juzgar conforme a la ley y contra conciencia. No, mil veces no; el hombre y el juez no son dos personas; no hay más que una con un solo entendimiento, con una sola voluntad, con una sola conciencia, y si contra ella condena para atenerse al texto de la ley, falta a la de Dios, sépalo o no, y debía saberlo. El fallo que se da contra conciencia por atenerse a la letra del Código no es un hecho jurídico, ni siquiera un caso de fuerza mayor, porque no debe haber ninguna que obligue a condenar al mismo que se considera acreedor a indulto. En la mayor parte de los Códigos modernos, si la libertad dejada al juez no es siempre toda la que sería de desear, en la inmensa mayoría de los casos es la suficiente para que no pueda alegarse con razón la letra de la ley contra el testimonio de la conciencia. Es raro que las circunstancias atenuantes no puedan utilizarse de modo que se eviten rigores que se creen excesivos, y, en todo caso, cuando un juez se ve en el conflicto de faltar a la ley o a su conciencia, de condenar al que, si fuese rey, indultaría, que absuelva o deje el puesto, porque la primera cosa que tiene que hacer un juzgador equitativo es examinar si son justas las leyes que aplica; si no se lo parecen, debe dejar que las aplique otro a quien se lo parezcan. Se ve, pues, que si los tribunales informan bien respecto al indulto de los que han condenado, el informe o el fallo es contra justicia. Y no obstante este contrasentido y este desafuero, cuando se obra conforme a él, es el caso más favorable para el ejercicio del derecho de gracia, que a veces prescinde del tribunal para conceder el indulto o contra su informe le concede. En todas las gracias concedidas en masa, como amnistías o indultos generales, para consolidar situaciones políticas o celebrar faustos sucesos, se prescinde absolutamente de circunstancias individuales; tampoco se saben en la inmensa mayoría de los demás casos; de modo que un derecho qne alega el poder de realizar mejor la justicia prescindiendo de la ley por el mayor conocimiento del individuo a quien con rigor inflexible se aplicó, alega lo que no es cierto, porque el jefe del Estado ignora absolutamente, la mayor parte de las veces las circunstancias del individuo agraciado, y si sabe alguna cosa, es porque se lo ha dicho el tribunal cuyo fallo anula. No hemos visto demostración matemática que nos parezca más clara que el absurdo de todo esto. Si el juez, por atenerse a la letra de la ley, falla contra conciencia, el remedio de este gravísimo mal no está en dar al jefe del Estado un poder de que usa ciegamente, porque no tiene, porque no es posible que tenga medios de conocer las circunstancias individuales, sino en que éstas sean apreciadas por quien debe tenerlas en cuenta al dar el fallo, es decir, por el juez. - V - La justicia de impedirla ejecución de una sentencia que, después de pronunciada, ha resultado ser injusta Según las leyes de Moisés, que tomó muchas medidas para que se juzgara conforme a ellas, el condenado a pena capital, y próximo ya a sufrirla, era vuelto a la prisión y revisada su causa, siempre que hubiese una persona que se ofreciera a probar su inocencia, y esto parece que podía repetirse hasta cinco veces. Y nosotros, pueblos cristianos, con una religión más amorosa, con costumbres más suaves, con ciencia más profunda, con leyes más justas, ¿no nos apresuraremos a suspender la ejecución de todo fallo que se sospeche ser errado, y necesitaremos de gracia para hacer justicia? Cuando no se juzgó conforme a ella, la autoridad de la cosa juzgada es vana, es atentatoria al verdadero derecho, y no hay que inventar ninguno para anularla, sino aplicar la sencilla regla de moral de enmendar el mal causado tan pronto como se reconoce que se ha hecho. La autoridad de la cosa juzgada, en tanto se ha de respetar en cuanto sea respetable; en tanto ha de ser firme, en cuanto sea justa; y cuando quiera que se reconozca que no lo es, se ha de tener por nula y de ningún valor, no en virtud de la ciega arbitrariedad del jefe del Estado, sino conforme a reglas fijas que constituyan verdadero derecho. Cuando quiera que se tengan pruebas de que una sentencia fue injusta, debe anularse, ysiempre ha de poder discutirse. ¿Se teme que el prestígio de los tribunales padezca porque se discutan sus fallos, y no porque los anula el poder Bupremo, que es tanto como declararlos injustos? El prestigio de los tribunales no puede consolidarse sino con su justicia, ni menguar si no faltan a ella. Que la discusión sea digna, templada; que se le impongan ciertas condiciones para que no se arroje como pasto a las pasiones políticas o a los delirios sociales, está bien; pero que pretendan los fueros de la infalibilidad los que pueden errar, y que haya de sar sagrado nada que no es santo, está mal. No es aprobación,