ANTONY BEEVOR LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA CRITICA BARCELONA Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Traducción castellana de Gonzalo Pontón Diseño de la cubierta: © Jaime Fernández Ilustración de la cubierta: Soldado republicano a punto de lanzar una granada (3 de junio de 1938) © Hulton - Deutsch Collection/Corbis Fotocomposición: Pacmer S. A. Realización de mapas: © Estudí Farrés, S. L. © Ocito Ltd., 2005 © 2005, de la presente edición para España y América: CRÍTICA, S. L., Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona e-mail: [email protected] http://www.ed-critica.es ISBN: 84-8432-665-3 Depósito legal: B. 32.308-2005 2005. Impreso y encuadernado en España por EGEDSA (Barcelona) 2 Introducción «Una guerra civil no es una guerra, sino una enfermedad -escribió Antoine de Saint- Exupéry-. El enemigo es interior. Lucha uno casi contra sí mismo.» La tragedia española de los años treinta fue más que una enfermedad, si cabe, porque se vio atrapada en la guerra civil internacional que estalló con la revolución bolchevique. Los horrores que se sucedieron en Rusia socavaron el espacio político del centro democrático en toda la Europa continental. Y es que el proceso de polarización entre «rojos» y «blancos» consintió a ambos extremos políticos incrementar su propio poder y manipular la imagen de sus enemigos pintándola con tintes aterradores, cuando no apocalípticos. Las propagandas antagónicas se alimentaron recíprocamente. Tanto Stalin como Goebbels explotaron, con perspicacia diabólica, la poderosa combinación que constituyen el miedo y el odio. El proceso despojó a sus oponentes «traidores» tanto de su condición humana como de su ciudadanía. Por eso es erróneo calificar a la guerra civil española de «fratricida». La divisoria de las nuevas ideologías podía convertir a los hermanos en extraños sin rostro, y a sindicalistas o tenderos en enemigos de clase. Todas las nociones tradicionales de afinidad de grupo y de comunidad local quedaron abolidas de golpe. Se suele presentar a la guerra civil española como el resultado de un choque entre la izquierda y la derecha, pero sabemos que eso es una simplificación engañosa. El conflicto tenía otros dos ejes: centralismo estatal contra independencia regional, y autoritarismo contra libertad del individuo. Una de las razones que explican la mayor coherencia política y militar de las fuerzas nacionales radica en que, con sólo alguna excepción menor, combinaron tres extremos aglutinantes. Eran de derechas, centralistas y autoritarias a la vez. La República, por el contrario, venía a ser un crisol de incompatibilidades y sospechas mutuas, con centralistas y autoritarios enfrentados a regionalistas y libertarios. Todavía nos rondan los fantasmas de las batallas de propaganda que se libraron hace setenta años. La guerra civil española es uno de los pocos conflictos modernos cuya historia la han escrito con mayor eficacia los perdedores que los vencedores. No es sorprendente si uno piensa en la sensación internacional de angustia que sobrevino tras la derrota republicana en la primavera de 1939. Un sentimiento que se hizo más intenso después de 1945, al salir a la luz los crímenes de la Alemania nazi y al ver que la obsesiva sed de venganza del general Franco hacia los republicanos vencidos no daba muestras de remitir. Las generaciones más jóvenes no pueden imaginar cómo era la vida en aquellos tiempos de conflicto totalitario. Los ideales colectivos, ya fueran los de los ejércitos, los de los movimientos juveniles políticos o los de los sindicatos, prácticamente se habían desvanecido. Las pasiones y los odios de aquella época están a años luz del entorno estable, de seguridad y bienestar y de derechos ciudadanos en el que vivimos hoy. Aquel pasado es, ciertamente, un país lejano. España ha cambiado de arriba a abajo en cuestión de décadas. Su renacimiento tras la guerra civil y el franquismo ha sido una de las transformaciones más sorprendentes e impresionantes de toda Europa. Por eso quizá no es sensato tratar de juzgar el terrible conflicto de hace setenta años con los valores y actitudes liberales que hoy en día aceptamos como dados. Es imprescindible hacer brincar a la imaginación para tratar de comprender las creencias y las actitudes de entonces, ya sean los mitos nacional-católicos y el miedo al bolchevismo de la derecha, o la convicción de la izquierda de que la revolución y el reparto forzado de la riqueza iban a llevar a la felicidad universal. La pasión con la que se luchó por aquellas causas ha hecho muchísimo más difícil la búsqueda de la objetividad, sobre todo en lo tocante a los orígenes de la guerra. Cada lado ha tratado de demostrar que fue el otro quien la empezó. A veces, incluso se tiende a pasar por alto factores neutros, como el hecho de que la República trataba de llevar a cabo, en muy 3 pocos años, un proceso de reforma social y política que, en cualquier otro país, había requerido un siglo. Sin embargo, gracias al inmenso trabajo que han llevado a cabo muchos historiadores españoles en los archivos locales y en los cementerios, lo ocurrido durante la guerra, como las atrocidades que se cometieron y los aspectos de la represión que la siguió, está hoy fuera de toda duda razonable. También están claras la mayoría de las cuestiones militares, incluidas las disensiones entre los comandantes republicanos, gracias a que, desde hace unos doce años, se han abierto en Rusia archivos que hasta entonces habían sido considerados secretos. Conocemos también, con mucha mayor precisión, el alcance de la política soviética en España. Pero es inevitable que muchos hechos se sigan interpretando al arrimo de las opiniones personales, como sucede, sobre todo, con el debate sobre la cadena causal que condujo a la guerra: ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? ¿Por dónde empezamos? ¿Por el «egoísmo suicida» de los terratenientes, o por la «gimnasia revolucionaria» y la retórica que desataba el miedo al bolchevismo, arrojando a las clases medias «en brazos del fascismo», como advertían los líderes socialistas más moderados? Dar una respuesta definitiva a estas preguntas está más allá de la capacidad de cualquier historiador. Hay quien se inclina a pensar que la guerra civil española no podía evitarse. Eso contraviene aquella regla histórica informal pero importante que dice que nada es inevitable, excepto, quizá, lo que uno cavila en su interior. Pero, por otra parte, es muy difícil imaginar cómo se hubiera podido alcanzar algún tipo de compromiso serio tras la fracasada revuelta de octubre de 1934. Una izquierda cada vez más militante no iba a perdonar la carnicería llevada a cabo por la Guardia Civil y el Tercio, mientras que la derecha estaba convencida de que tenía que anticiparse a cualquier otro intento de revolución violenta. Hay otras cuestiones, a las que todavía es más difícil responder, que también son importantes, aunque sólo sea porque pueden llevarnos a mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Es verdad que, a menos que uno disfrute con ella, la historia contrafactual puede llegar a ser irritante. Pero, por otra parte, puede ser muy útil para revelar ciertos aspectos de la polémica que suelen obviarse. Los ideales de libertad y democracia eran el cimiento de la causa de la República en el extranjero. Pero es preciso que observemos desde diferentes atalayas la realidad revolucionaria del día a día, la impotencia de las Cortes y la falta de respeto por el imperio de la ley que mostraban ambos bandos. La propaganda republicana de la guerra civil siempre hizo hincapié en que, tras las elecciones de febrero de 1936, su gobierno era el gobierno legítimo de España. Lo que sin duda era cierto, pero también aquí hay que hacerse una pregunta importante. Si la coalición de derechas encabezada por la CEDA hubiera ganado las elecciones (cosa que habría sucedido si los anarquistas también entonces se hubieran negado a votar), ¿habría acatado la izquierda el resultado legítimo? Uno no puede por menos que sospechar que no. Largo Caballero había amenazado abiertamente antes de las elecciones con que si la derecha las ganaba, se iría a la guerra civil. Desde el primer momento, los nacionales quisieron hacer creer a todo el mundo que sólo se habían sublevado para abortar un putsch comunista, lo que no era más que un montaje para justificarse, a toro pasado, por lo que habían hecho. Pero que la izquierda arguyera que los nacionales habían desencadenado un ataque sin provocación previa contra demócratas respetuosos de la ley era especioso. La izquierda fue muchas veces tan poco respetuosa con el proceso democrático y con el imperio de la ley como lo fue la derecha. Por supuesto que ambos bandos justificaron sus acciones sosteniendo que, de no haberse adelantado, sus oponentes se habrían apoderado del poder y los habrían aplastado. Pero eso sólo demuestra 4 que nada destruye con mayor rapidez el espacio político de centro que la estrategia del miedo y la retórica de la amenaza. Algunos sostienen que las palabras no matan. Pero cuanto más mira uno al ciclo de odio y recelo mutuos, encizañado por declaraciones irresponsables, más le cuesta creerlo. A Calvo Sotelo se le mató por sus discursos deliberadamente provocativos en las Cortes. También es importante pararse a pensar si, una vez puesta en marcha la retórica de la aniquilación, no acaba ésta convirtiéndose en una profecía que se cumple por sí misma. En una de sus célebres charlas radiofónicas desde Sevilla, el general Queipo de Llano amenazó con matar a diez republicanos por cada nacional muerto. Bien, pues su cálculo resultó al final asombrosamente parecido a lo que en realidad sucedió. Tampoco debe uno olvidar las declaraciones de Largo Caballero de que quería una República sin lucha de clases, pero que para lograrlo una de ellas debía desaparecer, lo que no era más que un remedo de la palmaria intención de Lenin de eliminar a la burguesía. Pero una victoria de la izquierda, pongamos en 1937 o 1938, ¿habría conducido a una escalada de ejecuciones y cárceles comparable a la de Franco? Está claro que no hay modo de averiguarlo, y no se debe especular con lo sucedido tras la guerra civil rusa, pero sigue siendo una pregunta pertinente. Como sostienen algunos historiadores, el ciclo temor-odio hace más sanguinario al vencedor de cualquier guerra civil. Esto nos lleva a otra cuestión esencial. Si el ejército popular hubiera alcanzado la victoria, ¿cuál habría sido la forma del gobierno consiguiente? ¿Una administración de izquierda liberal como la de principios de 1936 o un régimen comunista de línea dura? El acelerado colapso del gobierno republicano durante la primavera y el verano de 1936 y el estallido de la guerra civil, que desencadenó el levantamiento revolucionario, siguieron una senda distinta a la del caos que sobrevino tras la primera guerra mundial. Y, sin embargo, hay una similitud con la revolución rusa: la determinación comunista de eliminar a sus aliados de izquierda una vez que la guerra contra la derecha hubiera sido ganada. En septiembre de 1936, poco después de su llegada a España, el general Vladimir Gorev informó a Moscú: «Tras la victoria sobre los blancos, la lucha contra los anarquistas será inevitable. Esa lucha va a ser muy dura». André Marty, el representante de la Comintern, afirmó el 10 de octubre de 1936: «Tras la victoria nos las veremos incluso con ellos [los anarquistas], tanto más cuanto que en aquel momento dispondremos de un ejército fuerte».2 Y Pravda manifestaba el 10 de diciembre de aquel mismo año que la «limpieza de elementos trotskistas y anarcosindicalistas será llevada a cabo con la misma energía que en la URSS». Como se ve claramente en los numerosos informes enviados a Moscú, la estrategia del Frente Popular no era más que una estrategia «momentánea». Los estalinistas, por la naturaleza misma de su propia ideología, no estaban dispuestos a compartir, a la larga, el poder con nadie. Quizás en esto España podía haber sido una excepción a causa de los intereses de la Unión Soviética en otros países del escenario internacional. Stalin ya había demostrado su predisposición a sacrificar un partido comunista extranjero si ello iba en interés de la «Patria socialista». Lo que determinó la política soviética en el caso de España fue, sobre todo, lo que pasaba en la Europa central. La política de apaciguamiento que siguieron los británicos con las pretensiones de Hitler sobre Checoslovaquia, en 1938, llevó a Stalin a pensar en una vía de actuación alternativa, aun si ello significaba llegar a una alianza con el propio Hitler. La complejidad y el entramado de todas estas cuestiones muestran lo dificilísimo que es separar causa y efecto con precisión forense. Indiscutiblemente la verdad fue la primera víctima de la guerra civil española, un conflicto que, mucho tiempo después de que acabara, ha generado una controversia más intensa y más polémica que cualquier otro conflicto moderno, segunda guerra mundial incluida. El historiador que, desde luego, no puede ser 5 totalmente desapasionado, no debe ir más allá de tratar de comprender los sentimientos de los dos bandos, demostrar hipótesis previas y ampliar las fronteras de lo que ya sabemos sobre la guerra civil. Los juicios morales deben quedar a la conciencia del lector. La primera redacción de este libro fue producto del trabajo de investigación que llevé a cabo a finales de los años setenta, y no se publicó hasta 1982. El libro que hoy presento no es una edición ampliada del anterior, sino una obra totalmente nueva que incorpora las numerosas publicaciones aparecidas desde entonces y que se beneficia del trabajo que he podido realizar en los muchos archivos que se han abierto en los últimos años. La estructura y el enfoque de este nuevo libro son, sin embargo, poco más o menos los mismos. Es interesante comprobar que la enorme masa de información con que contamos hoy en día ha planteado nuevas preguntas en vez de reducirlas. Aunque, tal vez, mi percepción se deba también a que, a lo largo de los últimos veintitrés años, he ido perdiendo algunas apasionadas certezas de juventud. Sea como fuere, yo no hubiera podido terminar este libro sin la generosa ayuda de amigos y colegas. Una vez más debo dejar constancia de mi profunda gratitud al profesor Anatoly Chernobayev, en Rusia, por sus consejos. También la tiene mi ayudante de investigación, la doctora Luba Vinogradova, que lleva ya tanto tiempo trabajando conmigo. Debo dar las gracias al personal de muchos archivos y, especialmente, a los de la biblioteca del «Memorial», en Moscú. En Alemania pude contar de nuevo con la ayuda de Angélica von Hase, sobre todo en el Bundesarchiv-Militárarchiv, de Freiburg. En Suecia, Bjórn Andersson y el doctor Lars Erickson me consiguieron documentos del Krigsarkivet sueco, y Alan Crozier tuvo la amabilidad de traducírmelos. Sin embargo, la mayor deuda que he contraído la tengo con Gonzalo Pontón, mi editor y amigo. Este libro no se habría publicado jamás de no haber sido por su entusiasmo y su colaboración personal para dar cima a un proyecto que, al final, resultó ser mucho más complejo de lo que ninguno de los dos había pensado. Trabajar con él ha sido un inmenso placer y un privilegio. 6 1. España a comienzos del siglo XX Sobre un camino sin asfaltar, justo en el repecho de la cuesta, uno de los mejores automóviles que hay en España se ha calado. Un hombre empuña con fuerza el volante: es joven y mal parecido. Lo que más destaca en su rostro alargado son una nariz generosa y unas orejas enormes. Su cabello engominado y brillante está partido, por una raya, en dos. Sobre su labio superior se adivina una sombra. Es el rey Alfonso XIII. A izquierda y derecha del automóvil, sobre los guardabarros, unos hombres empujan: tienen la tez quemada por el sol, van mal vestidos, desaliñados, sin corbata. Algunos gastan una chambra campesina. Están en pleno esfuerzo. Detrás, tres o cuatro figuras vestidas a la inglesa, con sombrero, cuello, corbata y chaleco, observan, distantes, la maniobra. En último término un jinete, quizás un hacendado, refrena un caballo tordo. A la derecha, sobre un promontorio, un coche de punto tirado por dos caballos enjaezados, cuyas riendas sostiene un cochero de uniforme, aguarda para rescatar al monarca si el automóvil no logra arrancar. La fotografía -pues de eso se trata- es una excelente representación gráfica de la estructura económica y social de España a principios del siglo XX.1 España era entonces un país de 18 millones y medio de habitantes cuya principal fuente de riqueza estaba constituida por la agricultura, que aportaba casi la mitad del producto nacional.2 En el orden internacional, España era una potencia de segunda categoría desde hacía más de un siglo, aunque hasta 1898 había conservado los restos de su imperio colonial. Las grandes potencias mundiales no contaban con ella ni como aliada ni como enemiga, su mercado era poco atractivo y las compras que realizaba a España la comunidad internacional eran casi exclusivamente de productos agrícolas, sobre todo agrios de Levante, y mineros. No era un destino turístico ni contaba con una ciencia o tecnología propias apreciables para las naciones del resto de Europa. Era exportadora neta de mano de obra no cualificada: 500.000 españoles emigraron a América sólo en la primera década del siglo. España era una monarquía constitucional y su jefe de Estado desde mayo de 1902 fue el rey Alfonso XIII, que contaba, entonces, con dieciséis años de edad. En el gobierno del Estado se turnaban dos partidos, el conservador y el liberal, que accedían al poder a través de un pacto entre ellos que determinaba la composición del parlamento y marginaba a otros competidores. El régimen se regía por la constitución de 1876, cuyos mandamientos en lo tocante a representación popular por medio de elecciones eran conculcados ex profeso. España no era un país democrático en el sentido actual del término. Tanto el partido liberal como el conservador representaban, con matices, los intereses de la nobleza, la Iglesia, los terratenientes, la propiedad campesina media y la burguesía administrativa, industrial y financiera, mientras que los minifundistas, pequeños propietarios agrícolas, arrendatarios y las clases medias de las ciudades podían poner sus esperanzas de mejora social en pequeños partidos republicanos y en el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fundado en 1879 por Pablo Iglesias. En 1888 se fundó también la Unión General de Trabajadores (UGT), brazo sindical del partido socialista. Los jornaleros del campo de Extremadura, Andalucía y La Mancha, y los proletarios industriales de las ciudades, sobre todo de Cataluña, se encuadraban mayoritariamente en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), el sindicato anarquista fundado en 1910. Cataluña constituía una singularidad notable, tanto en sus estructuras económicas como sociales. Tras un período de fuerte resurgimiento de su identidad histórica y cultural -la Renaixenca- a mediados del siglo XIX, las clases dirigentes de Cataluña se dispusieron a traducir en términos de política concreta aquellos sentimientos diferenciales. Nada más comenzar el siglo, un sistema de partidos de nuevo cuño rompió el monopolio, en Cataluña, 7 de conservadores y liberales, les partidos dinásticos. El 24 de mayo de 1901 nació la Lliga Regionalista de Catalunya para defender los intereses de unas clases dirigentes que tenían detrás una sociedad mucho más interclasista y «moderna» que la española.3 En 1913 la Mancomunitat, o unión de diputaciones provinciales, bajo la dirección de Enric Prat de la Riba, significó el primer germen de la autonomía moderna de Cataluña. La especificidad de Cataluña y las complejas relaciones que tuvo que establecer con el Estado español son fundamentales para comprender la historia de España en el primer tercio del siglo XX y aun después. Los muchos gobiernos formados por los partidos del «turno pacífico», por coaliciones o por facciones durante los primeros veinte años del siglo, fracasaron porque nunca se atrevieron a desafiar los fundamentos mismos de la sociedad de «antiguo régimen» que en muchos aspectos seguía siendo España. Sus medidas fueron tímidas, anticuadas y, sobre todo, irrealizables en la práctica por la férrea oposición de los poderosos que temían las consecuencias de la modernización económica, imprescindible, por otra parte, para una sociedad que se adentraba en el capitalismo y que planteaba retos, estructurales y coyunturales, desconocidos hasta entonces. Uno de los mayores obstáculos para el cambio era la explotación de la tierra, cuya estructura de propiedad se remontaba a la que dibujaron las desamortizaciones del siglo XIX y, aun, a la continuidad de una especie de feudalismo agrario, sobre todo en Extremadura, Andalucía y La Mancha, que contrastaba vivamente con la minúscula propiedad de Galicia y de León y con la pequeña propiedad castellana y levantina. Al problema de la estructura de propiedad se añadía un desarrollo desigual de las técnicas de cultivo, aperos y abonos y, sobre todo, una subexplotación crónica de los grandes latifundios que impedía la integración en el circuito económico de los jornaleros sin tierra.4 Los gobiernos dinásticos, incapaces de afrontar un problema que requería cambios profundos, dedicaron su atención al sector secundario y a los servicios. Tras la desaparición de los últimos rastros coloniales, afluyó a España una considerable cantidad de capitales «indianos»5 que, junto con los que llegaban de Europa (sobre todo de Francia) por la buena cotización de la peseta, fueron encauzados hacia el sector industrial y, sobre todo, al financiero, que se desarrolló notablemente a principios del siglo con la creación del Banco Hispano Americano, el Banco de Vizcaya, el Español de Crédito y el Banco de Crédito Industrial Gijonés.6 El Estado, sobre todo durante los gobiernos encabezados por el conservador Antonio Maura, intervino directamente para apoyar la industria reforzando la política proteccionista que exigían los industriales catalanes y vascos, a los que se unieron, a causa de una crisis agraria, los cerealistas castellanos.7 Los gobiernos, ya fueran conservadores o liberales, mantendrán, como dogma de fe, un declarado nacionalismo económico que alejará aún más a España de los flujos internacionales de comercio hasta que estalle la primera guerra mundial. Ante la que entonces se llamó Gran Guerra, España, que no podía ser otra cosa, se declaró neutral y surgió, por primera vez en el siglo, como referencia cotidiana en Europa porque se convirtió en una importante fuente de abastecimiento de alimentos, tejidos y minerales. Entre 1914 y 1918, España exportó no sólo sus productos habituales (aunque no los agrios), sino también nuevos productos y, sobre todo, más caros, con una balanza comercial siempre favorable. La caída de las importaciones de maquinaria y bienes de equipo, a causa de la guerra, produjo un beneficioso efecto al estimular la creación de nuevas empresas en el interior que fabricaran los productos que no se podían importar. Como consecuencia de la guerra, las empresas industriales y del sector terciario así como las grandes explotaciones agrarias consiguieron beneficios nunca vistos hasta entonces.8 8 Cuando terminó la guerra, aquel «milagro» económico desapareció. Muchas empresas, nacidas o crecidas en la marginalidad económica, tuvieron que cerrar, enviando a sus obreros al paro. Instalada de nuevo en su ciclo natural, la economía española entró en crisis y los gobiernos regresaron al nacionalismo económico con sucesivas leyes proteccionistas que culminaron en el «arancel Cambó» de 1922. A una masa de trabajadores en paro o empobrecida por el deterioro del salario real ante la subida de los precios no le quedó más opción que la revuelta.9 La modesta afiliación sindical comenzó a crecer con ímpetu. Al terminar la Gran Guerra, la UGT, fuerte en Madrid y en el centro, contaba ya con 160.000 afiliados, y la CNT, que tenía 15.000 afiliados en 1915, pasó quizás a 700.000 a finales de 1919, más de dos tercios de los cuales estaban en Cataluña. El PSOE también crecía, contaba ya con 42.000 militantes, y se había renovado con dirigentes de la talla de Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos o Julián Besteiro. El movimiento sindical de los católicos, la Confederación Nacional Católica Agraria (CONGA), llegó a tener cerca de medio millón de afiliados, concentrados, casi todos, en Castilla y León, porque «en el medio urbano, con la excepción del País Vasco, el sindicalismo católico siguió siendo irrelevante».10 Otro obstáculo para el cambio lo constituían el poder económico y la influencia educativa y social de la Iglesia católica española y sus relaciones con los gobiernos dinásticos, buenas con los conservadores y malas con los liberales. Si el gobierno «corto» de Maura estableció un convenio con el Vaticano para proteger las congregaciones religiosas en España, que habían crecido mucho por la presencia de órdenes y eclesiásticos expulsados de Francia e Italia, el gobierno liberal de Canalejas aprobó en 1910 una ley -llamada «del candado»- para contenerlas y fijarlas, tratando, vanamente, de imponer gravámenes a sus propiedades. Otro grave problema de la España de principios del siglo XX era el encaje del estamento militar. El ejército español contaba con unos 150.000 efectivos, mandados por 25.000 jefes y oficiales y 471 generales.11 Hipertrofiado como estaba, constituía una severa carga para los presupuestos del Estado, y su papel era confuso. Percibido unas veces como amenaza para los gobiernos, otras se veía en él a un aliado del «pueblo» para acabar con la corrupción de los políticos y «regenerar» la administración pública. Reducido, tras la pérdida de las últimas colonias, a la Península, el ejército encontró en Marruecos un terreno propicio para recuperar protagonismo. 11 En la Conferencia de Algeciras de 1906, el control de los intereses económicos europeos en Marruecos fue confiado a Francia y España. La zona de influencia asignada a España no llegaba a los 50.000 km2 de extensión (era una vigésima parte de la francesa), tenía escaso valor económico, salvo por sus minas de fosfatos, y estaba poblada por kábilas guerreras que luchaban por su independencia de los europeos. Los oficiales españoles destinados a Marruecos encontraron allí posibilidades de ascenso por méritos de guerra y, más tarde, una mística «africanista» que les confirió un sentimiento de élite con un destino por cumplir. Aunque durante mucho tiempo se mantuvo un cierto statu quo, en el mes de julio de 1921 una estúpida campaña de penetración, alentada personalmente por el rey, condujo, cerca de Annual, a una derrota total de las tropas españolas en la que murieron 10.000 hombres y se perdieron, en dos semanas, los 4.000 km2 que se había tardado diez años en controlar. El rey, en vez de ser una solución, era, también, un problema. Desde el principio de su reinado mostró inclinación a intervenir en los asuntos propios del gobierno y, sobre todo, en los del estamento militar, donde actuaba con personalismo e indiscreción. Ya en 1905, cuando Alfonso XIII no tenía más que 19 años, puso en aprietos al poder civil al dar su apoyo espontáneo a los militares tras el asunto del Cu-Cut! 12 y provocó la caída del liberal Eugenio Montero Ríos. El rey apoyó también la Ley de Jurisdicciones que reclamaban los militares y 9 que supuso, en muchos casos, una militarización del orden público. Tras los sucesos de la Semana Trágica de Barcelona en 1909, 13 volvió a apoyar al ejército y, sobre todo, fue el gran valedor de las Juntas de Defensa en 1917, cuyas reivindicaciones acabaron con el gobierno liberal de Manuel García Prieto. En el año 1917 se produjo en España una gran crisis militar, política y social. Las reivindicaciones de las Juntas de Defensa militares que se crearon aquel año eran sólo de casta, de nivel de vida y de privilegios militares, pero, cuando el gobierno trató de disolverlas, sus jefes publicaron un manifiesto en el que atribuían la mala condición del ejército a la incuria de los políticos y reivindicaban un golpe de timón en la gobernación del país. Ante el temor a un pronunciamiento, el gobierno conservador de Eduardo Dato concedió algunas de las demandas de los junteros. Pero su acción había desencadenado en algunos políticos y, sobre todo, en Francesc Cambó, el líder de la Lliga catalana, la ilusión de que, al socaire de los militares, los políticos podrían obtener una reforma de la Constitución que llevara a la democratización y a la modernización de España, de modo que el 19 de julio convocó en Barcelona una asamblea de parlamentarios para avanzar hacia unas Cortes constituyentes. Al mismo tiempo, el PSOE y la UGT, también prendidos de la misma ilusión, vieron coincidencias «regeneracionistas» en los junteros y, en conjunción con los republicanos, convocaron a una huelga general exigiendo elecciones a Cortes constituyentes. Dato clausuró las Cortes y suspendió las garantías constitucionales. La huelga comenzó el 13 de agosto en Madrid, Barcelona, Bilbao, Zaragoza, Oviedo y las cuencas mineras asturianas y andaluzas. Pero las Juntas de Defensa no sólo no se pusieron al frente de la «revolución», sino que se emplearon a fondo en la represión de los huelguistas causando 71 muertos, 156 heridos y deteniendo a unas 2.000 personas. En Asturias, donde la huelga duró un mes, el general Ricardo Burguete y un joven comandante «africanista» llamado Francisco Franco dirigieron la represión y toleraron torturas y persecuciones que presagiaban las de 1934. A Cambó no le pasó nada, pero los dirigentes socialistas fueron a parar al penal de Cartagena, condenados a cadena perpetua. Sin embargo, la represión sola ya no podía solucionar los problemas sociales que se habían agudizado desde el final de la primera guerra mundial. El país había cambiado mucho como consecuencia, en buena parte, de las repercusiones de la guerra misma. Durante los últimos años se había producido un incremento demográfico notable (sobre todo por la disminución de la mortalidad), las ciudades habían crecido mucho por la emigración interna que, expulsada del campo, acudía a buscar trabajo en la boyante industria de la construcción, las clases medias se habían ensanchado, aunque también lo había hecho la proletarización, y en muchas zonas del país la secularización y la aculturación habían ganado terreno. El analfabetismo, por ejemplo, había descendido en 20 puntos. Pero los políticos parecían no darse cuenta de los cambios y seguían tejiendo sus ambiciones en un mundo que ya no era real. O, dicho de otro modo, no sabían cómo pasar «del liberalismo oligárquico a una democracia de masa».14 Y en 1919 estalló de nuevo, con gran virulencia, el conflicto, tanto en la ciudad como en el campo. En Barcelona, la CNT llamó a la huelga a los obreros de la Canadiense,15 que pronto se extendió por toda la provincia y duró un mes y medio. Los patronos respondieron a la violencia con la violencia y Barcelona conoció, desde entonces y hasta 1923, una época endémica de atentados y represalias que se sucedían como el trueno al relámpago: fueron los años del pistolerismo de los sindicatos de la patronal -los Sindicatos Libres- contra el del sindicato obrero anarquista. El nombramiento del general Severiano Martínez Anido como gobernador «civil» enconó la espiral de violencia de tal modo que terroristas de la CNT llegaron a asesinar al jefe del Gobierno, Eduardo Dato, en 1921.16 10