“Algo habrán hecho...”. Un análisis sobre las contiendas morales en el acceso a la condición de activista familiar en casos de muertes violentas (Córdoba, Argentina)* Natalia Verónica Bermúdez** Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Argentina doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 Artículo recibido: 25 de febrero de 2015; aceptado: 21 de diciembre de 2015; modificado: 05 de febrero de 2016 Resumen: Las figuras de familiares –especialmente de las madres– han venido ganando legitimidad en los últimos años en Argentina para reclamar por sus víctimas, ocupando también un lugar central en las aproximaciones de las ciencias sociales. Este artículo pretende analizar aquellas contiendas morales que restringen el acceso a la condición de “activista familiar” en los sectores populares, en la medida en que han sido escasamente problematizadas por la 59 academia. El texto se inscribe en una investigación etnográfica y comparativa que desarrollo desde 2007, y que aborda redes de relaciones familiares, sociales S y políticas vinculadas a muertes violentas en sectores populares de Córdoba A (Argentina). A través del recorrido etnográfico se propone señalar, por un C lado, el modo en que la apelación a la figura de la madre para legitimar su I M intervención política tiende a reforzar las acusaciones morales que pretende Á trascender. Y por otro, reflexionar sobre las exclusiones de aquellas muertes R que quedan aparentemente inscriptas fuera de los “contextos políticos”. O N Palabras clave: Madres, política, Argentina (Thesaurus); moralidades, A muertes violentas (palabras clave del autor). P * Este artículo es resultado del proyecto “Y los muertos no mueren. Una antropología sobre formas de visi- bilización, espacialización y prácticas políticas de los allegados a muertos en contextos de violencia urbana (Córdoba, Argentina)”, financiado por Agencia Foncyt. IDACOR, Museo de Antropología, Universidad Nacional de Códoba. ** Doctora en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de General Sarmiento-IDES, Buenos Aires. Entre sus últimas publicaciones están: coautora en Merodear la ciudad. Miradas antropológicas sobre espacio urbano e inseguridad en Córdoba. Córdoba: IDACOR-CONICET, 2014. Y los muertos no mueren… una etnografía sobre clasificaciones, valores morales y prácticas en torno a muertes violentas (Córdoba, Argentina). Acadé- mica Española, 2010. *[email protected] Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 25 · Bogotá, mayo-agosto 2016 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 59-73 doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 “They Must Have Done Something...”. An Analysis of the Moral Strife in the Access to the Status of the Relative in Cases of Violent Deaths (Córdoba, Argentina) Abstract: The figure of the relative (especially the mother) has recently been gaining legitimacy in Argentina during the process of claiming jus- tice for victims of violent deaths. It has also played a vital role in the social sciences. This article aims to analyze the moral strife that limits the access to the status of “family activist” in popular sectors, one that has been scarcely problematized in academia. The text is part of a comparative ethnographic research that has been developed since 2007 that deals with family, social and political relations linked to violent deaths in popular neighborhoods of Córdoba (Argentina). The ethnographic journey, on one hand points outs how the appealing to figure of the mother in order to legitimize her political intervention tends to reinforce the moral accusations that it seeks to trans- cend. On the other hand, it seeks to reflect on the exclusion of deaths that are thought to be circumscribed outside “political contexts”. Keywords: Mothers, politics, Argentina (Thesaurus); moralities, violent dea- ths (author´s keywords). 60 “Teriam feito alguma coisa...”. Uma análise sobre as discussões morais no acesso à condição de ativista militar em casos de mortes violentas (Córdoba, Argentina) Resumo: As figuras familiares -especialmente a das mães- vêm ganhando le- gitimidade nos últimos anos na Argentina para reivindicar por suas vítimas, ocupando também um lugar central nas aproximações das ciências sociais. Este artigo pretende analisar aquelas discussões morais que restringem o acesso à condição de “ativista militar” nos setores populares, na medida em que têm sido escassamente problematizadas pela academia. O texto se inscre- ve numa pesquisa etnográfica e comparativa desenvolvida desde 2007 e que aborda redes de relações familiares, sociais e políticas vinculadas a mortes violentas em setores populares de Córdoba (Argentina). Por meio do percor- rido etnográfico, propõe-se indicar, por um lado, o modo em que a apelação à figura da mãe pode legitimar sua intervenção política tende a reforçar as acusações morais que pretende transcender. Por outro lado, refletir sobre as exclusões daquelas mortes que ficam aparentemente inscritas fora dos “con- textos políticos”. Palavras-chave: Mães, política, Argentina (Thesaurus); moralidades, mortes violentas (palabras-chave do autor). “Algo habrán hecho...” Natalia Verónica Bermúdez V arios autores han dado cuenta de los modos en que los principios de adhesión basados en la familia para la intervención política –especialmente encarnados en las figuras de las madres– resultan ciertamente eficaces en el presente, producto del reconocimiento a la lucha de las asociaciones y los movimientos de derechos huma- nos que denunciaron el accionar del terrorismo de Estado en Argentina, como las Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, y los Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas (Pita 2005; 2010; Da Silva Catela 2008; Vec- chioli 2005; entre otros). Da Silva Catela analiza específicamente cómo “frente a los crímenes y muertes en democracia se resignifican nuevamente nociones ligadas a los lazos primordiales: madres del dolor, madres de piqueteros asesinados, padres de Cromañón” (2006, 13), acompañadas del uso de signos y símbolos ya consagrados como los pañuelos y las fotografías de las víctimas. Vecchioli plantea, por su parte, que diversos grupos se posicionan en el espacio público e interpelan a los pode- res públicos desde este vínculo de sangre, produciendo un trabajo simbólico “para construir una comunidad política imaginada como fundada en lazos de parentesco” (Vecchioli 2005, 4). En esta misma línea han sido abordadas las narrativas de quienes reclaman contra la violencia estatal o que demandan mayor responsabilidad por parte del 61 Estado en la actualidad, tales como los grupos que denuncian casos de violencia policial (Pita 2004; 2005), Comisión de Familiares de Víctimas de la Violencia Insti- S A tucional –COFAVI– (Gingold 1996), la Coordinadora contra la Represión Policial e C Institucional –CORREPI– (Tiscornia 2004; 2005; Pita 2004; 2010), los familiares de I Cromañón (Zenobi 2007; 2009), y las víctimas de accidentes de tránsito y de delitos M “comunes” (Claps 2007; Schillagi 2009), entre otros. Á R Ahora bien, buena parte de las investigaciones han priorizado el estudio de las O muertes violentas –tanto del pasado reciente como posteriores al retorno a la vida N democrática– desde la perspectiva de la acción colectiva y los movimientos sociales, A P probablemente influidas por la consagración de los organismos de derechos huma- nos en Argentina. En principio puede encontrarse que estos enfoques tienden a privilegiar una concepción específica de “la política”, que la circunscribe a ámbitos relativamente formales o institucionalizados como partidos, asociaciones y movimientos sociales. En trabajos previos he enfatizado algunos de los obstáculos analíticos que devie- nen de circunscribir “lo político” casi exclusivamente al activismo (Bermúdez 2014; 2015), insistiendo en la importancia de revalorizar las etnografías que nos animan a pensarlo desde las propias perspectivas de los actores (Balbi y Boivin 2008; Zeno- bi 2014; Quirós 2008). Las reverberaciones más significativas que podemos diluci- dar en aquel tipo de miradas refieren por un lado a cierta homogeneización de los actores que demandan justicia, y por otro, de sus llamados “repertorios políticos” (Bermúdez 2015). La primera repercusión resulta, a mi entender, de la tendencia a subsumir bajo la categoría “familiares de víctimas” a un conjunto de actores, preci- Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 25 · Bogotá, mayo-agosto 2016 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 59-73 doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 samente porque se concentran sobre aquellos concebidos como más “politizados”. Especialmente en Argentina y Brasil, los referentes empíricos suelen conformarse consecuentemente en torno a madres y padres de víctimas1 que se nuclean en aso- ciaciones especializadas, solapando a otros familiares y allegados –principalmente a los hermanos y hermanas, vecinos y amigos–, que parecen no formar parte de estas organizaciones, pero que resultan fundamentales para regular los conflictos y tensiones familiares, barriales e institucionales que una muerte violenta suscita. Es decir que incluso desde esos enfoques, también estas figuras deberían revestir cierto interés si las pensamos desde el tema que nos ocupa. En todo caso, parece necesario resituar el foco sobre aquellos procesos sociales específicos y contextualizados en los que se produciría el acceso a la condición de “activista familiar”2, para advertir cómo no siempre es posible referir tal condición a un estado ipso facto, sino antes bien a un –muchas veces intricado– camino de disputas y contiendas morales3, que, según sostengo, han resultado escasamente pro- blematizadas en la academia, más aún cuando de sectores populares se trata. Intentando aportar a tales discusiones, este artículo se inscribe en una inves- tigación etnográfica y comparativa más amplia que llevo a cabo desde 2007, y que aborda redes de relaciones familiares, sociales y políticas vinculadas a muertes en contextos de violencia4, en villas y barrios empobrecidos económicamente de la ciu- 62 dad de Córdoba5 (Argentina). Acompañar a familias y vecinos a los cementerios, marchas y misas en las fechas conmemorativas, así como estar presente en charlas y reuniones en calles, patios y viviendas, me permitió acceder a las redes de relaciones construidas y/o re- configuradas a partir de las muertes de estos jóvenes. También acompañé por más de un año a algunos de mis interlocutores a los encuentros llevados a cabo en el marco de La Asociación, conformada en el populoso barrio Villa El Libertador. Estrategias metodológicas que, en definitiva, me permitieron considerar, a la luz de las pregun- tas de investigación y de los clásicos de la disciplina antropológica, la importancia 1 Estos trabajos coinciden en señalar la creciente legitimidad de aquellos principios que apelan al parentesco para la intervención y el reconocimiento públicos (Da Silva Catela 2005; Pita 2004; 2010; Vianna y Farias 2011). 2 Me he basado en el trabajo de María Pita, quien analiza la politización de casos de violencia policial y/o institucional a través de la intervención de los familiares de las víctimas. La autora pone énfasis en una diferencia nodal en el argumento de su tesis, y que retomo aquí: “al hablar de familiar no se está haciendo referencia a todas aquellas personas ligadas por lazos de parentesco con las víctimas de esta violencia, sino aquellas personas que, ligadas por lazos de parentesco con las víctimas, a través de la denuncia y la protesta, se han convertido en un tipo particular de activista político” (2010, 8). 3 Para Carolina Schillagi, es preciso reconocer cómo la categoría “víctima” “jaquea al concepto jurídico-es- tatal que le otorga dicha condición, para instalarse en un terreno surcado por múltiples definiciones y asignaciones parciales de sentido” (2009, 2). 4 El morir siendo joven atraviesa por una etapa de progresiva normalización en los sectores populares de Ar- gentina, en la cual interviene un conjunto múltiple de entramados, entre los que se encuentran, como bien lo ha señalado María Epele (2010), la escasez de recursos materiales y sociales, la criminalización de la pobreza, el consumo de drogas, represión policial abusiva, encarcelamiento y conflictos entre grupos locales. 5 La ciudad de Córdoba es la capital de la provincia que lleva el mismo nombre. Córdoba, con más de tres millones de habitantes, es una de las tres provincias con más habitantes en Argentina. “Algo habrán hecho...” Natalia Verónica Bermúdez que ocupan el territorio, la vecindad y el parentesco para abordar “lo político” (He- redia 1996; Comerford 2003; Marques 2002, entre otros). En la misma orientación que el NuAP6 (1998), Balbi y Boivin señalan que: […] la antropología de la política se centra en el análisis de las múltiples maneras en que las problemáticas categorías que habitualmente asociamos al universo de la política, así como otras que comúnmente se les asocian (“nación”, “político”, “público”, etc.) o se les oponen (“privado”, “familia”, “economía”, “religión”, etc.), son conceptualizadas por actores socialmente situados. (2008, 10) Fue precisamente el ejercicio que consistió en analizar la superposición de las relaciones sociales –entre parientes, amigos, compañeros de La Asociación, y tam- bién gran parte de ellos vecinos–, lo que permitió entender la complejidad del tra- bajo que desarrollan los allegados para construir una “muerte legítima” y entrever, al mismo tiempo, que la no participación en organizaciones especializadas no implica- ban de modo alguno inacción o pasividad. En este artículo indagaré entonces sobre las contiendas morales que atraviesan las muertes de estos jóvenes, en las que las madres ocupan un lugar aparentemente privilegiado para moralizar al muerto y tornarlo un caso denunciable. Describiré el trabajo social y simbólico desarrollado especialmente por las madres, quienes apelan 63 al vínculo de sangre –aparentemente “natural” y “desinteresado”– para legitimar su intervención y reconocimiento públicos. S A Argumentaré no obstante cómo la apelación política basada en esa ligazón C tiende a reforzar paradójicamente las mismas acusaciones morales que pretende- I rían trascender, en la medida en que es precisamente a las madres a quienes se les M adjudica la responsabilidad social de la crianza moral de sus hijos. Son las madres Á R las que deberían garantizar que sus hijos sean “personas de bien”, como se arguye en O términos nativos. N Basado en ello, reflexionaré, por último, sobre las exclusiones institucionales A P de aquellas muertes que quedan aparentemente inscriptas fuera de los espacios más formales de organización “política”. “Ensuciar al muerto” Al “Colorado” lo mataron en noviembre de 2004 cuando regresaba a su casa después de jugar al fútbol con los amigos en Villa El Libertador. En repetidas oportunidades durante nuestros encuentros, Doña González7 me había manifestado su angustia por no saber qué había pasado con su hijo, y también el temor de que los matadores8 6 El Núcleo de Antropologia da Política (NuAP) congrega investigadores de los programas de posgrado en Antropología Social de UFRJ (Museu Nacional), de la Universidad de Brasília (UnB) y del programa de pos- grado en Sociología de la Universidad Federal de Ceará (UFC), así como también del programa de posgrado en Ciencia Política de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRG). 7 Los nombres que aparecen en este artículo son ficticios, excepto los de las personas de público conocimiento. 8 De ahora en adelante, marcaré con cursiva las expresiones y categorías nativas, y entre comillas dobles Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 25 · Bogotá, mayo-agosto 2016 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 59-73 doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 siguieran libres por el barrio, y que lo quieran “ensuciar...”. Angustia que muchas veces se traducía en largas enfermedades que le impedían trabajar o salir de su casa. Su desconocimiento era adjudicado, por un lado, a la impericia del poder ju- dicial para aclarar lo sucedido, a pesar del transcurso del tiempo; a las confusas ver- siones vecinales que enredaban la causa del disparo que le dio muerte a su hijo; pero también a ciertas intenciones de ocultamiento por parte de su propia familia. Cuando ensayaba alguna respuesta, y en consonancia con la mayoría de las madres que había entrevistado, Doña González intentaba proteger aquello que aparecía bajo sospecha en las contiendas morales que atravesaba su caso: Yo no puedo asegurar lo que mi hijo hacía de las puertas de mi casa para afuera. Pero él trabajaba como elec- tricista. Y, no es porque sea mi hijo, pero era de muy buen corazón... Logré recién desentrañar la dimensión de la angustia que la aquejaba cuando se desvinculó de La Asociación, porque empezaron a ensuciar al Colorado. A me- dida que fue avanzando el asesoramiento legal que le habían brindado a la familia, uno de los líderes le advirtió al mayor de los hijos de Doña González que su madre iba a tener que escuchar cosas desagradables. Al parecer, los sospechosos habrían declarado que el Colorado también les había disparado unos meses antes. La cues- tión moral se dirimiría entonces alrededor de esta acusación, por la cual la muerte del joven podría ser clasificada como un ajuste de cuentas. En otras palabras, en la 64 medida en que el Colorado podría ser acusado de delincuente, efectivamente para Doña González estarían ensuciando a su hijo. La Asociación a la que refiero se fue conformando en Villa El Libertador, don- de vive esta familia, desde comienzos de 2007. Quien la preside (José), también veci- no del barrio, relata que el primer grupo se inició a partir de las marchas organizadas por su familia a causa de la muerte de su hijo Gabriel, asesinado al quedar en medio de una balacera entre jóvenes. Paulatinamente los miembros de La Asociación se fueron ampliando a otros casos de distintos barrios de la ciudad y del interior de Córdoba, en la medida en que José consiguió financiamiento del gobierno de la pro- vincia y espacio físico para realizar las reuniones en una de sus dependencias. Ahora bien, el crecimiento de esta organización se produjo en el marco de la instalación de la “inseguridad urbana” como problema social en Argentina. Los me- dios masivos contribuyeron al afianzamiento de esta cuestión social reduciéndola a la protección de la vida y la propiedad privada contra el crimen y el delito común, y centralizando su preocupación en el reclamo de “mayor seguridad” de los sectores medios y altos. Más específicamente en Córdoba, y dentro de este contexto, los gobiernos pro- vinciales de las últimas décadas vinculados al Partido Justicialista propusieron un proyecto más amplio que pretendía la “modernización del Estado”. Uno de los an- damiajes centrales sobre el que se solidificó este proyecto apuntó en buena medida las citas de autor. Podrán encontrarse también palabras señaladas con comillas dobles para enfatizarlas o marcar la ironía del autor. “Algo habrán hecho...” Natalia Verónica Bermúdez a la noción de seguridad pública, que, aunque desligada de derechos sociales garan- tizados por el Estado, proponía resguardar valores como la vida, la libertad y la pro- piedad privada (Segura 2003, 194-195). Así, en consonancia con estas directrices, las políticas de “seguridad” se tradujeron para algunos en determinados condicionantes que protegerían y asegurarían ciertos valores de clase, mientras que para los sectores más empobrecidos económicamente redundarían en un empeoramiento de sus con- diciones de vida, a partir de abusivos controles policiales, detenciones arbitrarias, etiquetamientos y segregaciones socio-territoriales (Hathazy 2014). De este modo, una “víctima de inseguridad” es asumida socialmente como una víctima inocente, mientras que a aquellos que son asesinados en barrios y vi- llas considerados como zonas peligrosas, inmediatamente se les adjudica la condi- ción de sospechosos, caratulando sus muertes como “ajuste de cuentas”. Mientras que la violencia policial aparece ciertamente legitimada para algunos sectores, por cuanto consideran que los jóvenes asesinados pudieron haber estado cometiendo algún delito. Fronteras morales Como se expuso, las marchas organizadas por José, vecino de Doña González, mar- caron de algún modo el inicio de La Asociación que preside, y a la que posterior- 65 mente se fueron sumando otros vecinos que habían transitado situaciones similares. Marchas que tenían un objetivo moral, como decía José: S A La primera fue planificada a la semana de la muerte de mi hijo, para limpiar su C nombre, porque los diarios dijeron que la causa de la muerte fue por ajuste de I cuentas, imagínate considerarlo delincuente. Porque como vivimos en este barrio, M dicen zona roja. Acá es Villa Libertador barra ajuste de cuentas, claro, “negros”. Si Á R mi hijo hubiera sido rubio o si hubiera vivido en otro barrio, la Policía y los medios O no hubieran dicho ajuste de cuentas, sino que todos se hubieran preocupado por la N inseguridad. (Registro de campo, enero de 2009) A En el marco de estos contextos políticos y sociales más amplios, clasificar P una muerte como ajuste de cuentas conllevaba una doble acusación en las redes de relaciones que abordaba. Aquello que se suele clasificar bajo esa categoría no sólo refiere a conflictos interpersonales regulados por el uso de la violencia física, sino que también suele activarse cierta asociación entre esas muertes y quienes andan en la droga. De manera que la intención de plantear lo que pasaba en el barrio desde la noción de inseguridad resultaba parte indispensable del trabajo de moralización del joven, a la vez que comprendía cierta demarcación de clase. Los fundamentos del reclamo pretendían ubicarse así bajo los mismos marcos inter- pretativos y morales que les eran adjudicados a vecinos de barrios de clase media y alta en Argentina. Tales fundamentos se fueron cristalizando como operaciones morales legítimas y englobantes para pedir justicia por las muertes de los jóvenes del barrio, en alguna medida para universalizar el reclamo (Boltanski 2000) y ex- tenderlo hacia el resto de la comunidad. Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 25 · Bogotá, mayo-agosto 2016 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 59-73 doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 Es en este contexto que la figura del hijo de José, en cuanto víctima “inocente”, buscó ser posicionada como un emblema de La Asociación y de las muertes injustas9. Los relatos que describían su muerte destacaban el heroísmo con que el joven había actuado el día de su cumpleaños cuando salió a despedir a unos amigos. Mi hijo justo salía de casa a acompañar a los amigos cuando unos chicos que venían en auto comenzaron a disparar. Entonces se cruzó para salvar a un chiquito vecino que estaba en la calle, y la bala le dio a él, decía José mientras desplegaba un conjunto de cartas y dibujos realizados por Gabriel, donde se hacían evidentes los atributos de un chico bueno que estaba todo el día adentro con la computadora. Es decir que la casa aparece como espacio de referencia de los jóvenes con buena reputación, tanto como la pertenencia institucional educativa, el trabajo, y también las relaciones de afecto que ligan a los jóvenes con su familia y sus vecinos. Todas esas dimensiones aparecen como parte constitutiva e irrevocable de los valores con los que especialmente las madres intentan investir a sus muertos. En simultáneo con estas marchas, José consiguió apoyo y recursos del gobierno provincial para promover las actividades de la organización, y colaborar con el pro- blema de la inseguridad. A partir de las marchas, se nos acercaron muchos otros casos. Nosotros formamos esta asociación para nuclear las muertes injustas por inseguridad, no nos metemos con la droga ni con los ajustes de cuenta, sostenía José. 66 Si bien algunas madres ya conocían a los fiscales, jueces y secretarios intervi- nientes en las causas, presentarse bajo el paraguas de la organización vehiculizaba un acceso menos complejo al restringido ámbito de tribunales. Tal como mencioné antes, en Argentina se fue consolidando en diversos espacios el reconocimiento a cierta militancia y sus principios “naturales” de adhesión (Vecchioli 2005). En esa misma línea, tanto el relativo éxito adjudicado a las movilizaciones promovidas por esta asociación y a la repercusión mediática, como también la prometedora partici- pación de los vecinos del mismo barrio, fueron propiciando las condiciones para que todas las muertes ocurridas fueran repensadas y pretendieran ser encuadradas por sus familiares dentro de las muertes por inseguridad (Bermúdez 2014). A través de la activación de esta categoría como imperativo moral se comen- zaría a excluir otras muertes en las que se pudiera poner en duda la reputación del muerto. Apuntaba José: A otras madres las podemos ayudar, pero no nos queremos meter con sus casos. Tal frontera pretendió establecer además el perfil de los integrantes, así como las formas de participación legitimadas, por cuanto ciertas madres –y desde su con- dición de madres– podrían convertirse en sujetos pasibles de ayuda, pero quedarían exceptuadas del conjunto de casos albergados. De hecho, y como vimos al comienzo de este artículo, luego de la sutil advertencia al hijo mayor de Doña González, la ma- dre fue mermando su participación en las reuniones de la organización. 9 Su figura representaba de algún modo el debate respecto de “inocentes” y “culpables” que se daba también en otras asociaciones, y que fue problematizado por los primeros trabajos académicos sobre el tema. Ver especialmente Gingold (1996) y Pita (2004; 2005). “Algo habrán hecho...” Natalia Verónica Bermúdez Sospechas y acusaciones Rosa perdió a dos de sus diez hijos: al “Gordo”, en abril de 2006 por un tiro en Miri- zzi, un barrio vecino; y al “Pelado”, el 11 de noviembre de 2007, a quien lo mataron de dos tiros unos jóvenes que iban en moto. En el marco de esos entramados, tener dos hijos muertos en circunstancias si- milares a las del Colorado sumergía a Rosa en estado de sospecha. Si bien en algunas ocasiones esta situación la convertía en merecedora de una especie de respeto mayor por el dolor acumulativo que esta doble experiencia podía provocarle, también la alcanzaban ciertas acusaciones por no haber educado bien a sus hijos, ni haberlos prevenido de tal riesgo. Es decir que la acusación implicaba simultáneamente juicios morales sobre las cualidades personales de los jóvenes muertos, a la vez que cierto incumplimiento como madre. Rosa había quedado viuda hacía más de una década, y desde entonces trabaja- ba como empleada doméstica en casas de familias de barrios de la clase media alta cordobesa. La relativa continuidad laboral, junto a la conformación de su familia con varias hijas mujeres que se hacían cargo de las actividades cotidianas de la casa y del cuidado de los hijos y nietos más pequeños, le permitían contar con ciertos recursos económicos y disponibilidad de tiempo para dedicarse a estas actividades. Como vecina de José, se había sumado a las marchas organizadas en el barrio, ya que 67 pretendía reclamar justicia por la muerte de sus hijos. Había también en ella gusto y placer por acompañar, participar, marchar10. S A Cuando conocí a Rosa, me hizo saber que algunos integrantes de La Asocia- C ción se habían resentido cuando el diario local había publicado que a su hijo, el I Pelado, lo mataron cuando iba a comprar un porro de marihuana. Considerando esta M mala experiencia, me pedía que no grabara nuestra charla y me comentó que tam- Á R poco quería que todo eso se dijese en el juicio. O Interpreté, en ese momento, que estaba siendo interpelada a opinar o que, en N otras palabras, estaba siendo evaluada por Rosa. Cuando le respondí que era muy co- A P mún fumar porros, que seguramente algunos abogados y jueces también lo hacían, Rosa no sólo me miró ciertamente desconcertada –al parecer, no era la respuesta que esperaba–, sino que también así lo hizo saber cuando le tocó declarar en el recinto de tribunales: ahora todo el mundo fuma porros, sostuvo Rosa. Evidentemente estas disquisiciones, que para mí podían resultar vanas, no eran menores, a la luz de lo que se pretendía demostrar. Para ella resultaba necesario evitar que en ciertos contextos se ensuciara a su hijo. Con Doña González y Rosa –y su caso tenso o doblemente “conflictivo”– se vislumbraban de diversas maneras las tensiones a partir de los criterios de mem- brecía operados, no sólo para que una persona ingresara al grupo, sino también para echarla o restringir el acceso cuando su caso no se adecuara a los parámetros morales exigidos. 10 Sobre el gusto y el placer implicados en las prácticas políticas, ver Julieta Quirós (2008). Antipod. Rev. Antropol. Arqueol. No. 25 · Bogotá, mayo-agosto 2016 · ISSN 1900-5407 · e-ISSN 2011-4273 · pp. 59-73 doi: http://dx.doi.org/10.7440/antipoda25.2016.03 Estas tensiones se activaban a través de los líderes de la organización y de cierto conocimiento técnico-burocrático que se fueron arrogando gracias al acceso privile- giado a los expedientes judiciales de todos los casos. A partir de allí, las advertencias hacia los familiares eran entonces operaciones habituales que, bajo la combinación de cierto asesoramiento legal y consejos de vecino, se comenzaron a movilizar. Ad- vertencias que se instrumentalizaban en las reuniones y de forma pública ante todos sus miembros, bajo la supuesta intención de evitar que la familia sufra con lo que saliera a la luz. No es por nada, pero tu hijo tiene más manchas que Bin Laden, y todo eso se va a saber, como vecino te lo digo, eran algunas de las frases acusatorias que alcanzaban a algunos familiares. Como sugiero, con la participación de estas madres en la asociación y la impo- sibilidad de encuadrar los casos dentro de la normatividad y deseabilidad del com- portamiento del muerto que la noción de muertes injustas por inseguridad informa, ambas madres personificaron por un tiempo los malestares que fueron sucediéndo- se a la movilización pública de esas acusaciones presentadas como consejos. Las exclusiones Otra de las vecinas del barrio era Élida, quien vivía a unas pocas cuadras de la casa de Rosa. Se conocían desde hace muchos años, del barrio, porque sus hijos se criaron jun- 68 tos. Debido a la muerte de uno de ellos, Élida le pidió a Rosa que la llevara a la asociación. Rosa planteó el tema en el grupo para consultarles si aceptaban la inclusión de este caso: […] pero no quieren saber nada, porque dicen que no se quieren meter con casos de drogas. Pero yo no le puedo decir eso a ella, viste, ella me quiere acompañar. No le puedo decir que no la dejan entrar, yo a ella la conozco de hace mucho, de toda la vida de acá del barrio, y no sé… a mí no me parece. Yo digo siempre que si no- sotros nos llamamos La Asociación…, bueno. Además, las madres, son las madres, ellas sienten el mismo dolor. Por más que sea lo que sea el hijo. Porque un error, un desvío, se lo puede echar cualquiera, y la madre no tiene la culpa de eso. A veces el hijo hace cosas que uno no sabe, sigue caminos que uno no hubiera querido. Pero a mí me parece que todos pueden participar, porque, ¿cómo se llama? La Asocia- ción, sino tendría que decir otra cosa más larga como La Asociación de los Padres de Chicos Muertos que se Portan Bien… no sé, algo más largo, ¿no? (Registro de campo, febrero de 2009) Lo que Rosa estaba advirtiendo era cómo las dudas y acusaciones vecinales sobre la moralidad de un hijo muerto podían poner en jaque la apelación a la condi- ción de madre para el reclamo de justicia, el dolor propio de este lazo y, consecuen- temente, la inclusión en la asociación. En este sentido, expresiones como “el dolor de una madre es igual para todas, sea un choro [ladrón] el hijo o no”; o bien, “una madre es una madre”, fueron habitualmente pronunciadas durante mi trabajo de campo. Cada vez que recaían acusaciones sobre el muerto que le adjudicaran una condición –potencial o no– de delincuente, esas