LA EDUCACIÓN INCLUSIVA : ENTRE LA CRISIS Y LA INDIGNACIÓN1 Amando Vega Fuente, Universidad del País Vasco Manuel López Torrijo, Universidad de Valencia Segundo Garín Casares, Universidad del País Vasco RESUMEN: Los recortes económicos que imponen los políticos y “los mercados”, con el pretexto de la crisis, atacan el estado de bienestar. En el caso de las personas con discapacidad, la aminoración de los servicios y recursos que ellos precisan atenta directamente a sus derechos fundamentales como personas y a su desarrollo y participación sociales, tradicionalmente dificultados por los contextos poco inclusivos. El artículo analiza los los riesgos en la aplicación de estos recortes a las personas con discapacidad. Tras fundamentar la intangibilidad de sus derechos, se insiste en la necesidad de aplicar las Declaraciones nacionales e internacionales que garantizan su desarrollo equitativo como ciudadanos. La educación inclusiva se presenta como parte de estas conquistas legislativas, como estrategia pedagógica y, sobre todo, como herramienta irrenunciable para mantener una cohesión social que incluya a las personas con discapacidad. Una educación inclusiva debe desarrollar una cultura no excluyente y culminar en una sociedad inclusiva. Palabras clave: personas con discapacidad, derechos humanos, educación inclusiva, crisis, cohesión social. INTRODUCCIÓN “Indignación que nos sacude y nos hace sentirnos arrebatados de justa rabia ante las profundas injusticias que expresan, en niveles que causan asombro, la capacidad humana de transgresión de la ética” (Freire, 2001, p. 129). Si el año 2011 fue visto por algunos como el año de los recortes, el año 2012 no augura muchas alegrías para el bienestar de las personas. Recortes, ajustes o como se les quiera llamar, pero sin olvidar que las palabras no son inocentes. Las consecuencias de esta crisis económica, que afecta a muchas personas, resultan especialmente agresivas 1 El presente texto será publicado en el próximo número de Intersticios: revista sociológica de pensamiento crítico (volumen 7, número 1; enero-junio 2013); se anticipa en DISCATIF el contenido del mismo por su notable interés, tanto como por la actualidad de la problemática que plantea 1 con las personas más débiles. Se cumple una vez más el “efecto Mateo”: al que tiene se le dará y al que no tiene, incluso lo poco que tiene, se le quitará. ¿No es lo que sucede con las personas afectadas por cualquier limitación física, psíquica o social? ¿Hasta qué punto esta crisis afecta a la educación inclusiva? Desde el momento en el que los recortes afectan a las personas con limitaciones y a su entorno, su influencia se extiende igualmente a todas aquellas acciones dedicadas a ellas, ya que exigen no sólo recursos, sino también una dedicación comprometida de todos los implicados en la inclusión. Precisamente las personas con limitaciones se han ido integrando poco a poco en los centros ordinarios gracias al esfuerzo de muchas personas, en primer lugar, de los propios afectados y de sus familias, pero también de muchos profesionales que creen en los derechos de todas las personas, y también -no hay que olvidarlo- del compromiso de la administración con el derecho a la educación de todos los individuos con limitaciones. Sin embargo con la crisis, la exclusión se cuela por muchos entresijos de la convivencia dejando poco espacio y tiempo para las personas con limitaciones. Porque la crisis económica no deja de ser una manifestación de la crisis social y moral de este mundo desbocado, más pendiente de los valores monetarios que de los derechos y necesidades de las personas. Son las conclusiones a las que también llega la investigación. La pobreza aumenta el riesgo de sufrir una discapacidad y la discapacidad eleva el riesgo de caer en la pobreza. Las condiciones de vida, la precariedad laboral son a menudo fuente de enfermedades que, mal remediadas, conducen a una discapacidad prematura. Pero, a su vez, la presencia de una discapacidad requiere, por un lado, continuas intervenciones médicas que, en ocasiones, salen muy caras y, por otro, limitan el futuro de la persona negándole su participación plena en la vida social y económica y lanzándola a la pobreza (Martínez, 2011). La OMS (2011) señala, por otra parte, que la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su prevalencia está aumentando. Ello se debe a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior en los adultos mayores, y también al aumento mundial de enfermedades crónicas tales como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos de la salud mental. Al mismo tiempo y también en todo el mundo este mismo colectivo tiene peores resultados sanitarios, académicos, una menor autonomía económica y unas tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Ello es debido, en parte, a los obstáculos que entorpecen el acceso de las personas con discapacidad a servicios considerados como básicos, en particular la salud, la educación, el empleo, el transporte, o la información. Esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas socioeconómicamente y ahora más empobrecidas con las crisis. A partir de la última macroencuesta oficial sobre discapacidades del Instituto Nacional de Estadística (INE) realizada en 2008 y disponible para su análisis desde 2010, el Colectivo IOE (2012) sistematiza en su informe sobre las discapacidades e inclusión social la información disponible en España sobre la extensión y características de las discapacidades, los factores que las desencadenan y las formas de tratamiento. 2 En el colectivo de personas con discapacidades, hay una clarificación que conviene hacer, en primer lugar en función de la edad. Algo más de la mitad de esta población (2,2 millones de personas, 58% del colectivo) tiene más de 64 años y, de ese conjunto, dos terceras partes comenzaron a sufrir su discapacidad en edad avanzada, lo que explica que la tasa de población con limitaciones funcionales en las últimas etapas de la vida crezca exponencialmente (30% en el tramo de 75 a 79 años; 41% entre 80 y 84 años, y 58% a partir de los 85). En estos casos las discapacidades son asumidas como condición propia de la edad avanzada y no se tiene conciencia de pertenecer a un colectivo diferenciado de personas con discapacidad; en consecuencia, pocas veces se sienten discriminadas socialmente por ese motivo y apenas recurren al certificado de minusvalía que da acceso a vías especiales de ayuda, más allá de las que se consideran propias de las personas mayores (pensiones, sanidad gratuita, ayuda a domicilio, etc.). ¿Qué papel juega la educación en este complejo fenómeno? Si uno mira hacia atrás se puede sostener de manera fundamentada que los sistemas educativos han contribuido a esta situación, no sólo al formar las personas que hoy dinamizan una economía competitiva y excluyente, sino también al no dotar a las personas con limitaciones de aquellos recursos que les permitan integrarse en la sociedad. Si miramos al presente, surgen muchas dudas sobre su papel inclusor en la sociedad actual. Tanto una mirada internacional (López-Torrijo, 2009), como la nacional (López Torrijo, 2011) nos muestra los valiosos avances conseguidos en el alumnado con discapacidades graves y permanentes, a la par que las graves carencias que todavía afectan a los derechos educativos de este colectivo. Es verdad que hoy se habla de educación inclusiva y que los gobiernos parecen estar comprometidos con ella. Pero también hay que dejar constancia de que el mercado está tomando las riendas de la política social, con una formación más orientada a la excelencia y a los resultados productivos que al desarrollo educativo de todas las personas La educación inclusiva puede quedar entonces en mera retórica a tono con estos tiempos de marketing e imagen, mientras que los mercados imponen sus reglas en todos aquellos servicios que pueden apoyar la autonomía de las personas con limitaciones. Y sin llegar a discursos excluyentes, ni intervenciones visiblemente marginantes, se recurre a las limitaciones en los recursos humanos y materiales, bajo el pretexto de la falta de medios y -aunque no se diga- a la falta de rentabilidad de la lucha contra la inclusión. Esos casos de niños que no pueden ir a la escuela ordinaria por sus limitaciones (Vega, 2011) o las dificultades ya mencionadas que tienen las personas con discapacidad para encontrar un trabajo (Adecco, 2012), son manifestaciones claras de una sociedad excluyente, que siguen diferenciando y colocando a las personas según sus capacidades de producción LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS COMO PRINCIPIO BÁSICO Resulta extraño, si partimos del principio de que todas las personas tienen derecho a la educación, que haya que hablar de una educación inclusiva como un planteamiento novedoso e innovador, cuando se trata tan sólo de atender educativamente a unas 3 personas que por sus limitaciones no han encontrado acogida en los centros ordinarios al que tienen pleno derecho. ¿Dónde queda su derecho a la educación? Nussbaum (2010) cuando escribe sobre la crisis silenciosa, no se refiere a la crisis económica global que comenzó a principios del año 2008, alude a una crisis que pasa prácticamente inadvertida, como un cáncer, que puede llegar a ser mucho más perjudicial para el futuro de la democracia: la crisis mundial en materia de educación. Y lo expresa con términos claros y rotundos: Se están produciendo cambios drásticos en aquello que las sociedades democráticas enseñan a sus jóvenes, pero se trata de cambios que aún no se sometieron a un análisis profundo. Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que son necesarias para mantener viva a la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. Para Nussbaum, uno es ciudadano por el mero hecho de ser parte de la especie humana. En este sentido, el criterio para hacer justicia a los seres humanos no consiste en contar con un conjunto específico de rasgos, sino en pertenecer a la especie humana por lo que ya se es merecedor de un trato digno. Es un planteamiento que choca de frente con los que consideran a los ciudadanos como seres más o menos iguales en función de sus capacidades o de su aptitud para desarrollar una actividad productiva. Esta idea –más extendida socialmente de lo que aparece a primera vista- ha llegado a grabarse incluso en parte de nuestros subconscientes, lo que implica dar más importancia a la productividad que a las personas. Al respecto, Nussbaum (2007, p. 29) comenta: La idea corriente de que algunos ciudadanos “paguen su parte” y otro no, de que algunos ciudadanos son unos parásitos y otros son “normalmente productivos”, traduce al nivel de la imaginación popular la idea de que la sociedad es un mecanismo de cooperación orientada al beneficio mutuo. Para esta filósofa, la incapacidad de dar una respuesta adecuada a las necesidades de los ciudadanos con discapacidad es un grave defecto en las teorías modernas que derivan los principios políticos básicos de un contrato para el beneficio mutuo. Por esto Nussbaum considera que ningún grupo social ha sido estigmatizado de un modo tan doloroso y permanente como las personas con discapacidades físicas y, sobre todo, mentales. Este proceso de marginación y exclusión ha llevado incluso a negar la condición humana a las personas con discapacidad cognitiva y su derecho a vivir junto a otras personas. De todas formas, no se debe perder de vista el hecho de que la discapacidad es, en buena parte, una construcción social. La sociedad es responsable de multitud de condicionantes (tanto materiales como actitudinales) que pueden llegar a “discapacitar” a una persona, como denuncia el movimiento de la discapacidad (Barton, 1998; Vega, 4 López, 2011). En muchas ocasiones, son las instituciones y los entornos sociales quienes no permiten por su diseño que las personas con discapacidad participen en ellos con normalidad. Así lo ponía de manifiesto la Reunión Plenaria de la Unión Europea sobre Derechos humanos en octubre de 1994: Una persona con Discapacidad o Discapacitada es un individuo por derecho propio, que se ha encontrado en una situación de discapacidad, debido a las barreras del entorno, económicas y sociales, que dicha persona, debido a su(s) minusvalía(s) o deficiencia(s), no puede superar del mismo modo que otros ciudadanos. Estas barreras son impuestas frecuentemente por la actitud marginadora de la sociedad. La sociedad es la que tiene que eliminar, reducir o compensar dichas barreras con el fin de permitir a todos sus ciudadanos la posibilidad de disfrutar al máximo de su condición de ciudadano, respetando los derechos y deberes de cada individuo. Esta perspectiva social se corresponde con el “modelo social” de la discapacidad, tan opuesto al llamado modelo médico, que olvida los condicionantes sociales dejando todo el peso de las limitaciones en la propia persona afectada y trasladando a los expertos la responsabilidad de su asistencia y tratamiento, sin contemplar sus derechos como personas. El modelo social está íntimamente ligado a los derechos humanos y potencia el respeto a la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social basada en principios irrenunciables como la vida independiente, la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, la normalización de los entornos y el dialogo civil, entre otros. Desde este planteamiento reivindica la autonomía de las personas con discapacidad para decidir respecto de su propia vida, y por esto exige la eliminación de cualquier tipo de barrera, con el fin de brindar una adecuada igualdad de oportunidades. Sabemos muy poco sobre las capacidades de las personas con limitaciones, quienes, cuando disponen del entorno adecuado, nos dan grandes lecciones personales de superación, de solidaridad, de humanidad,.. junto a sorprendentes aportaciones profesionales. Tal vez un ejemplo más emblemático -entre una lista extensa y anónima- lo constituye Stephen Hawking, con su mente maravillosa, considerado probablemente el científico más leído y conocido del mundo. Hace 50, cuando tenía 20 y era un brillante estudiante, fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica y le pronosticaron apenas 2 años de vida. Y acaba de cumplir los 70 años este “viajero del espacio”, como él mismo se define. El enfoque médico, por su mirada estrecha y negativa de las personas con discapacidades, ofrecía muy pocas posibilidades a Hawking. Inmerso en el terreno de la medicina y de la práctica médico-rehabilitadora, la discapacidad es interpretada como una situación de “enfermedad” o “ausencia de salud” de la persona. En este enfoque se da por supuesto que las personas han de someterse a un proceso de “rehabilitación”, con el fin de asimilarse en la mayor medida posible a las restantes personas “sanas” de la sociedad. Por esto, medicalización y institucionalización son ofrecidas como las principales medidas de intervención. Quedan al margen los condicionantes sociales que 5 refuerzan las limitaciones de las personas, cuando no impiden el pleno desarrollo de las capacidades de las personas. El modelo social de la discapacidad, por el contrario, abre horizontes renovados a las personas con limitaciones. No se queda en la naturaleza médica de las discapacidades, sino que amplía su mirada hacia todos los factores sociales que condicionan la autonomía de las personas con discapacidades para superar las barreras sociales impuestas y proporcionarles los recursos que posibilitan una vida independiente. Estas personas, como ciudadanos de pleno derecho, pueden y deben participar en la sociedad. Si el objetivo principal del enfoque médico es la normalización de las personas con discapacidad, el modelo social lucha por la normalización de la sociedad, para que ésta sea justa e inclusiva. Una variante de este planteamiento lo constituye sin duda el denominado “modelo de la diversidad” (Palacios, Romañach, 2007), que tiende a la superación de la dicotomía conceptual capacidad/discapacidad. Este enfoque resalta la diversidad del ser humano como una fuente de riqueza en toda sociedad y defiende la dignidad de la persona, más allá de la discapacidad que pueda tener. Por eso, frente a la naturaleza negativa del concepto de discapacidad, propugna el concepto mucho más positivo de “diversidad funcional”. Ha llegado el momento de llamar a las personas por su nombre y de conseguir que todas las etiquetas puestas a las personas con intención de clasificarlos en cualquier medida, sean plenamente desterradas, al menos en la vida cotidiana y en el manejo administrativo. Si se asume que todas las personas tenemos los mismos derechos, estos derechos han de servir de guía para cualquier actuación. Lo que me lleva a resaltar que todas las personas tienen derecho a que se respete su dignidad, reciban el apoyo que necesiten ante sus carencias (¿quién es plenamente independiente en esta vida?) y puedan desarrollar con plenitud sus capacidades. Una persona no es “discapacitada” tan sólo porque tenga una limitación física o mental, sino también por un entorno el que genera o incrementa dicha discapacidad. Si se le brindan las condiciones adecuadas, la persona puede acceder al mismo nivel de «capacidad» que los demás. Asimismo, se puede decir que, sí una persona está limitada en algún aspecto de su vida, esto no la imposibilita para hacer uso de otras «capacidades». El «enfoque de las capacidades» planteado por Nussbaum, formula, en primer lugar, una visión de la concepción política de la persona que asigna a la diversidad humana un papel esencial al reconocer tanto las necesidades como las «capacidades» del ser humano. La cooperación social no se reduce a intereses egoístas, sino que plantea la factibilidad de incluir sentimientos altruistas dentro de la construcción de una sociedad más justa. Esto le permite incluir a las personas con discapacidades, pues el requisito para participar en la sociedad y para contar con los elementos esenciales para vivir, no radica en su capacidad para ser productivos o para contribuir a la sociedad, sino en el reconocimiento de que todo ser humano requiere unos elementos básicos en tanto miembro de la comunidad humana. Es una nueva visión de la calidad de vida, de 6 acuerdo con la que, el bienestar social se mide de acuerdo a la «capacidad» de ser y hacer que tiene una persona y no la suma de sus bienes. En segundo lugar, al proponer una nueva forma de plantear el concepto de «capacidad» también amplía la visión de la discapacidad. La discapacidad no es sólo el resultado de una limitación física o mental, sino que las carencias de unas condiciones y un entorno inapropiado para el desarrollo de nuestras potencialidades también generan una discapacidad; por otra a parte una persona puede estar limitada en un ámbito físico o mental, pero esto no implica que sus «capacidades» estén imposibilitadas; por ejemplo puede desarrollar una ciudadanía activa desde la cual pueda deliberar y participar en los asuntos de la vida pública ( García Guzmán, 2009). LOS EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA No es preciso insistir sobre la realidad de una crisis, cuya manifestaciones más inmediatas son la reducción del gasto y la subida de los impuestos. Pero tampoco en que la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para generar un desarrollo sostenible constituyen por sí mismos una violación de derechos humanos, como se refleja en la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos. De todas formas conviene recordar algunos datos de este fenómeno social y sus efectos para las personas con discapacidad. Esta crisis económica, que nos afecta a casi todos, influye de manera especialmente negativa en algunos colectivos como los hijos de familias inmigrantes. Algunos tienen dificultades para cubrir las necesidades alimentarias, van a la escuela sin desayunar, se duchan con poca frecuencia porque no tienen agua en casa o no pueden pagar medicinas, como alerta el informe "Abriendo ventanas: infancia, adolescencia y familias inmigradas en situaciones de riesgo social" (Quiroga, Alonso, 2011), en el que las autoras detectan diferentes ámbitos de riesgo: jurídico, familiar económico, escolar, laboral, administrativo, de tiempo libre... Según Estefanía (2011), la Gran Recesión que arrancó en julio de 2007 está aportando un claro empeoramiento de los indicadores sobre el estado de la distribución de la renta, en relación con los objetivos razonables de equidad. Aunque la crisis afecta a todos, la capacidad de defensa y de recuperación del bienestar es muy diferente según el rango que se ocupe en la distribución de la renta. Entre los grupos más afectados, destaca el autor a los trabajadores de origen extranjero, los jóvenes, los hogares con varios adultos en paro, los trabajadores con baja cualificación, o las familias integradas por una mujer parada o con empleo precario y con hijos a su cargo. Una clara consecuencia de este fenómeno es el peligro de inestabilidad social en el futuro inmediato. Otro efecto inmediato, referido ahora a la educación, puede verse en las peores calificaciones que obtienen los hijos de familias inmigrantes frente al alumnado autóctono, así como en su asistencia mayoritaria a centros públicos (en el curso 2008- 2009, el 82% del alumnado). Las principales dificultades que manifiestan en su desarrollo formativo son: comprensión de la lengua, diferente itinerario escolar en 7 origen y en destino, y falta de apoyo al proceso de aprendizaje escolar por parte de la familia. El acceso a la educación postobligatoria y, más tarde, al mercado laboral depende de la situación de los progenitores: nacionales o no de un país miembro de la UE, con autorización de residencia y trabajo de larga duración o temporal, sin autorización de trabajo, en situación irregular o tutelados por la administración pública. Por otra parte, el deterioro de la salud física y emocional durante la niñez y la adolescencia implica consecuencias en su desarrollo como adulto, condiciona sus posibilidades y es determinante en la capacidad para mantener relaciones sociales, así como para constituir relaciones familiares estables. El déficit en el acceso a la sanidad por parte de los hijos de inmigrantes facilita que aparezcan problemas posteriores. La actual situación de crisis económica y social ha reducido la acción social que las empresas dedicaban a la inclusión y a la mejora de las condiciones de vida de las personas con discapacidad, como concluye en su estudio Cortés (2010). Por su parte, Laparra y Pérez (2010) muestran el impacto de la crisis en la sociedad (las altas probabilidades de exclusión, la pobreza…), así como los efectos producidos en las condiciones de vida y en las relaciones sociales. Y también en los hogares con personas de cuidados especiales. Existen otros informes que alertan sobre los efectos de la crisis a diferentes niveles. En ellos se denuncia que la crisis y les recortes sociales deterioran los derechos de la infancia. Así el informe sobre la infancia en España ( Unicef, 2012) llama la atención de los responsables políticos y de la sociedad española sobre la importancia de tener en cuenta a la infancia en este contexto de crisis. En España, casi 2,2 millones de niños viven en pobreza relativa. Por primera vez en la historia de este país, los niños se han convertido en el colectivo más afectado por la crisis económica, según el informe. La pobreza infantil, estabilizada durante años en torno al 24% de la población menor de edad, ha superado el 26%, un porcentaje que está casi cinco puntos por encima de la media nacional. El documento Infancia en España 2012-2013 destaca que en sólo dos años hay casi 205.000 niños más que viven en hogares con unos ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Entre los datos que recoge el informe, destaca que el número de hogares con niños con todos sus miembros adultos sin trabajo ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, casi dos veces más que el total de hogares. Este dato demuestra que el impacto de la crisis es más fuerte en las familias con niños, detectándose casos de un empeoramiento de las condiciones de vida, que puede afectar a la calidad de la alimentación, a la convivencia y las relaciones entre padres e hijos. En cuanto a persistencia e intensidad de la pobreza, la pobreza crónica ha aumentado en un 53% en tres años. Los costes de no actuar ahora no sólo afectan a los niños y las familias más vulnerables de forma inmediata, sino que comprometen el crecimiento y el bienestar de toda la sociedad a medio y largo plazo. Hace tiempo que Torres (2001) alertaba sobre los intentos de convertir el sistema escolar en un mercado, a partir de un modelo de sociedad en el que la educación acaba 8 convertida en un mero bien de consumo. Los sistemas educativos y las creaciones culturales se reducen a mercancías, pero disimulando las redes económicas y los intereses políticos que se esconden detrás de esta posición mercantilista. Este ocultamiento de lo que en realidad significa convertir al sistema educativo en un gran centro comercial se acompaña de abundante publicidad y discursos demagógicos enalteciendo la defensa de las libertades, de la autonomía, del “apoliticismo” y de la necesidad de contar con un Estado que actúe con neutralidad. Las políticas neoliberales están teniendo un fuerte impacto en los sistemas educativos, afectándoles de muy distintas maneras. Al tiempo que preconizan y generan una fuerte reducción del sector público, con las medidas que promueven contribuyen a desvalorizar las instituciones escolares públicas, a segregar al alumnado, a centrar las miradas sólo en un tipo de contenidos curriculares, mientras que otros son eliminados del trabajo que debe realizarse en las aulas. Sus consecuencias en educación son graves pues alteran las principales finalidades de la escolarización. Estas filosofías educativas crean las condiciones para incrementar los procesos de estratificación y exclusión social, en especial de los grupos sociales más populares. El vocabulario mercantilista que contribuyen a trasladar al mundo de la educación favorece que se incrementen los riesgos de una apropiación de los sistemas educativos hasta colocarlos exclusivamente al servicio de los intereses del mundo empresarial. Como observa Marchesi (2011), la crisis económica, no solo afecta a la situación laboral de las personas y a sus posibilidades económicas y sociales presentes y futuras, sino que también tiene un efecto, en ocasiones devastador, en el campo de las actitudes y de los valores personales. Los graves problemas de la economía han puesto de manifiesto que los intereses privados se desarrollaban al margen de cualquier interés o control público y los beneficios se buscaban sin respetar regla o valor alguno. Las consecuencias son también conocidas: aumento del paro, reducción del bienestar personal de amplios sectores de la población e incremento del porcentaje de familias en situación de pobreza, incluso de pobreza extrema. A estas consecuencias habría que añadir otras menos tangibles, pero no menos dañinas: quiebra de la confianza en los poderes públicos, desánimo social ante la injusticia, inseguridad y desconfianza de los valores cívicos y solidarios. En esta situación, resalta este autor, las actitudes disgregadoras y selectivas irrumpen con enorme fuerza. Ante tantas calamidades -dicen algunos, por desgracia demasiados- es preciso fomentar el esfuerzo individual y las posibilidades y competencias de cada persona para aprender, progresar y abrirse camino en la vida. No es posible tener en cuenta a los otros, a los que vienen de fuera, a los están en peores condiciones en nuestro país o en otros países, pues nos disputarían nuestros escasos bienes y tendríamos que repartirlos. Es necesario, afirman, estimular la competencia para que triunfen los mejores y ofrecer más oportunidades a los que más talentos tienen, pues son ellos los que mejor pueden aprovecharlos. Detrás del criterio enaltecido de la “excelencia” se esconden todas estas estrategias e intereses. Pero también hay que recordar que son precisamente esos valores, que la escuela tradicional ha promocionado de forma descarada, los que han provocado la crisis. 9 Precisamente el llamado sistema educativo ha servido como ninguna otra institución para modelar las mentes de las personas e imponer –hasta en las conciencias- una estructura social determinada únicamente por la capacidad económica. La clasificación y selección del alumnado en base a los resultados sin contemplar sus condiciones y personales y sociales ha sido una herramienta que todavía generalizan incluso las más prestigiadas evaluaciones internacionales (PISA…). Detrás de dichos informes se encuentra la misma mano de “los mercados y los políticos” que ha producido la crisis y que se sigue lucrando con ella. La crisis se convierte de este modo en una razón más para cuestionar esa educación excluyente -dominante en los tiempos pasados- que nos ha llevado a la situación actual cargada de exclusiones y de injusticias. Por ello, la educación actual no puede caer en las trampas del pasado, con la oferta de una enseñanza para la competitividad en una sociedad mercantilista. Al contrario, tiene que retomar su verdadero sentido de formación integral de todas las personas, lo que redundará en una sociedad más justa, equitativa y menos excluyente. No sirve una educación inclusiva a medias y de pantalla, que, además de adormecer las conciencias haciendo pensar que “hacemos todo lo posible”, transmite el balance –siempre económico- de escasa rentabilidad, y convierte la inclusión en una tapadera más de las injusticias. La educación inclusiva es más exigente de lo que inicialmente se piensa, pues pide precisamente las excelencias, pero para todos, y de forma especial para las personas con limitaciones, que también quieren que se respete su dignidad, se potencien sus capacidades al máximo y se les permita aportar en el ámbito social todas sus potencialidades, muchas veces desconocidas. En definitiva, las metas finales de la educación inclusiva no son otras que las comunes y propias a una auténtica educación: la autonomía -la no dependencia de las personas, a pesar de sus limitaciones- y la participación social más plena que cada uno pueda disfrutar. Por ello, la educación, o es inclusiva o no es educación. Habrá que ver, en consecuencia, cuáles son los retos que la educación inclusiva plantea, no sólo a la escuela y a su entorno, sino también a la políticas y a la sociedad en general. No hay que olvidar que la educación no es simplemente una tarea para la etapa escolar sino que ha de extenderse a lo largo de toda la vida. Y por esto precisamente, la inclusión escolar plena sienta la bases de una continuidad que posibilita la sociedad inclusiva. RETOS DE LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN UNA SOCIEDAD EXCLUYENTE. Conviene, pues, comprender el sentido profundo y el alcance comprometedor de la educación inclusiva. Hoy se habla con demasiada facilidad de la educación inclusiva, al ritmo de una moda deseosa siempre de novedades y de términos con impacto. “Inclusión” parece haberse convertido en el “toque mágico” que hay que dar a cualquier proyecto o institución para mostrar su validez. 10