ENCUESTA LATINOAMERICANA DE COHESIÓN SOCIAL INFORME DE PRINCIPALES RESULTADOS Eduardo Valenzuela Septiembre de 2007 ENCUESTA LATINOAMERICANA DE COHESIÓN SOCIAL INFORME DE PRINCIPALES RESULTADOS La Encuesta Latinoamericana de Cohesión Social (ECosociAL) ha sido especialmente diseñada para estimar y comparar distintas dimensiones de la cohesión social en varios países de América Latina. ECosociAL 2007 es una encuesta realizada en hogares cara a cara, de carácter comparado que se aplica por primera vez en grandes ciudades de siete países latinoamericanos, en el marco del proyecto “Nueva Agenda de Cohesión Social para América Latina” (NACSAL). La población objetivo del estudio correspondió a los habitantes de 18 años o más, de ambos sexos, con nacionalidad del país, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos de las principales ciudades incluidas en la investigación1. La muestra se distribuyó de manera proporcional al tamaño de dichas ciudades tomando como base el cálculo de la información censal más reciente. La muestra fue probabilística multietápica hasta la selección de los hogares o viviendas, mientras que la selección de entrevistados se realizó según cuotas de sexo y edad. Se utilizaron muestras que fluctuaron entre 1200 y 1700 casos que ofrecen estimaciones con márgenes de error razonables. Los detalles metodológicos del estudio se presentan en anexo. Características del diseño metodológico y aplicación del cuestionario Fecha del País Casos Ciudades seleccionadas Institución a cargo campo Gran Buenos Aires, Gran Rosario, Gran Córdoba, Marzo- Universidad Católica Argentina 1.400 Gran Mendoza Abril de Buenos Aires Marzo- Brasil 1.700 Sao Paulo, Río de Janeiro, Salvador, Porto Alegre Sensus Mayo Gran Santiago, Valparaíso, Viña del Mar, Pontificia Universidad Marzo- Chile 1.400 Antofagasta, Concepción, Talcahuano, Temuco, La Católica de Chile – Abril Serena, Coquimbo Desuc Marzo- Centro Nacional de Colombia 1.400 Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla Mayo Consultoría Ciudad de Guatemala, Alta Verapaz, Chiimaltenango, Escuintla, Huehuetenango, Marzo- Guatemala 1.200 Borge y Asociados Quetzaltenango, Sacatepequez, San Marcos, Mayo Suchitepequez Marzo- México 1.500 Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla IPSOS-Bimsa Abril Pontificia Universidad Marzo- Perú 1.400 Lima, Callao, Arequipa, Trujillo, Chiclayo Católica de Perú - Abril IOP PERSPECTIVAS SOBRE COHESIÓN SOCIAL Existen al menos dos perspectivas fundamentales para abordar el concepto de cohesión social. En la primera de ellas, la cohesión social se produce a través de una disposición específica de los individuos hacia la cooperación y compromiso cívico que forman el sostén de una sociedad civil fuerte y vigorosa (“teoría de la sociedad civil”). En la segunda, la cohesión social se produce en los marcos de una distribución equitativa de los recursos y oportunidades de bienestar que son el resultado de arreglos institucionales específicos (“teoría de la equidad”). Las teorías de la sociedad civil hunden sus raíces en la visión tocqueviliana acerca de la tradición asociativa de la sociedad norteamericana (“nation of joiners”), que ha sido retomada con especial vigor en las modernas teorías del capital social (Coleman, 1988; Putnam, 1993, 2000). La cohesión social se 1 Debe tenerse en cuenta la limitación del estudio a población urbana que reside en grandes ciudades: los datos pueden tener algunas variaciones respecto de datos que representan al conjunto del país. identifica en este caso con la capacidad de una determinada sociedad de producir confianza social, de generar redes de cooperación efectivas entre extraños y de comprometer el interés y el respeto público en las acciones individuales, con la particular capacidad de sancionar al que saca ventajas indebidas de la fuerza de la cooperación social (“free rider”). Las teorías de la cooperación o del capital social observan especialmente los montos de confianza interpersonal, la fortaleza de la asociatividad, la consistencia de las relaciones vecinales y de amistad (especialmente cuando ellas comprometen relaciones más lejanas, o “vínculos débiles” en la expresión de Granovetter) y la disposición al compromiso cívico (que no implica siempre confianza y participación propiamente política). Las formas más convencionales de confianza y cooperación entre próximos caen fuera de la teoría de la sociedad civil: los “vínculos fuertes”, la familia sobre todo, no logran ampliar el horizonte de las relaciones sociales e introducir una disposición de cooperación cívica: la sociedad civil no es la extensión de la familia, sino una realidad emergente que se produce en el contacto fructífero y vigoroso con quienes son extraños y diferentes. También los vínculos fuertes han sido tematizados como capital social negativo (“dark side of social capital”) que resulta de la absorción de los individuos en grupos de iguales y en la participación en redes de cooperación en ocasiones muy densas pero limitadas a los semejantes. Toda la literatura acerca de la sociedad civil está atravesada por esta crítica al exceso de integración (en el sentido también durkheimniano del ”suicidio altruista”) desde la organización criminal de los inmigrantes en torno a “mafias” hasta el neocomunitarismo que lamenta R. Sennett y la preocupación actual por la segregación residencial y educacional que limita los contactos socialmente relevantes a quienes son parecidos entre sí. Esta disposición a permanecer entre iguales se tematiza en su forma más negativa y perversa como discriminación social: la discriminación social o la hostilidad hacia lo que es diferente es simplemente el anverso del vigor que adquiere la identificación con lo propio. La amenaza más patente a la sociedad civil, sin embargo, proviene de fenómenos de desintegración que provocan de manera muy especial la violencia social y la criminalidad: no es tanto la discriminación, sino el temor la fuente principal de destrucción de la confianza y de la disposición hacia la colaboración. La preocupación por los efectos de la violencia criminal en la desorganización de los barrios es un buen ejemplo de esto: el aumento del temor, muchas veces en contextos de sociedades que envejecen aceleradamente, conduce a diferentes formas de repliegue y desconexión social que debilitan enormemente la consistencia de la sociedad civil. Una segunda perspectiva para comprender la cohesión social remite más directamente al fundamento estructural de la vida social. La fuente de la cohesión social es la equidad: la capacidad de la sociedad de producir una distribución equitativa del poder o del bienestar mediante arreglos institucionales específicamente diseñado para este propósito. Al margen de esta distribución equitativa prevalece el conflicto que puede asumir variadas formas: el más conocido de los conflictos redistributivos en la sociedad moderna es el conflicto de clase, pero también deben considerarse los conflictos por la distribución de la estima, el reconocimiento y el poder que toman la forma de conflictos étnicos, religiosos o regionales (Green, Preston & Janmaat, 2006). Los problemas de cohesión no asumen tanto la forma de la desorganización y anomia social, sino de la polarización entre grupos o clases dentro de la sociedad que pueden escalar hacia el conflicto abierto, la hostilidad política y el uso de la fuerza en la resolución de las diferencias sociales. La preocupación europea por la cohesión social tiene que ver de manera muy especial con esta clase de conflictos: en particular, con la desestabilización del llamado estado de bienestar que resulta de disposiciones específicas hacia la responsabilidad democrática y solidaridad social de los diferentes grupos o clases sociales que componen la sociedad. Los conflictos inmigratorios por ejemplo plantean problemas especialmente sensibles para la legitimación del estado de bienestar: la disposición a ofrecer protección social a poblaciones mal asimiladas y largamente vistas como extrañas se resiente enormemente y disminuyen con ello los niveles de solidaridad social (Alesina, 2003). También en este caso, la cohesión social adquiere un lado oscuro en las múltiples soluciones autoritarias, e incluso totalitarias, que se han producido tras el desorden y los conflictos agonísticos de la vida social, en la tradición llamada hobessiana del estado nacional moderno. La polarización social se resuelve fatalmente a través de un golpe de autoridad que elimina las diferencias críticas de un plumazo, creando una falsa unanimidad a través de la exaltación de alguna ideología o sentimiento común. La amenaza autoritaria obliga siempre a atender de manera especial a los problemas de lealtad democrática y de legitimación de la violencia que se esconden detrás de los desequilibrios sociales. La parte buena de la cohesión social, en cambio, se consigue en el marco de arreglos que aseguran una distribución razonablemente equitativa de los bienes sociales. La cohesión social remite en este caso a la capacidad específica de la sociedad de producir instituciones y disposiciones específicas hacia la mediación de conflictos (Berger, 200X), que se identifican poderosamente con las instituciones democráticas. En este estudio acerca de las principales dimensiones de la cohesión social en América Latina se han tenido en cuenta los motivos más característicos de ambas perspectivas. A primera vista, nuestros países ofrecen un panorama desolador en términos de cohesión social. En la primera parte, en efecto, se expondrán algunos indicadores de desorganización social que muestran la extrema debilidad de la sociedad civil, atravesada por niveles muy hondos de desconfianza y temor que muy probablemente resienten las disposiciones hacia la asociación y cooperación. En la segunda parte, se expone otro conjunto de datos que muestran, por su parte, las dificultades de integración institucional en poblaciones con escasísima confianza en el estado y niveles relativamente altos de inseguridad democrática. ¿Cómo se obtiene cohesión social cuando el fundamento cooperativo de la sociedad civil no existe y el estado se revela más bien incapaz de producir arreglos institucionales efectivamente equitativos? En la tercera parte, se exponen algunos datos sobre el papel que juega la movilidad social y la percepción de oportunidades, así como las inclinaciones fuertemente individualistas hacia el logro en la legitimación de la desigualdad social (Kluegel & Smith, 1986). En la cuarta parte, se ofrecen algunas estimaciones de los niveles subjetivos de polarización que muestran que los principales clivajes sociales - clase, etnia, religión y política- permanecen relativamente desactivados y que las diferencias sociales en todos estos planos no parecen alcanzar una magnitud crítica. En la quinta parte, se presentan datos sobre el estado de las solidaridades básicas, en particular la consistencia de los lazos familiares, en una perspectiva que intenta evaluar los niveles de apertura social que prevalecen en la base de la sociedad. En la última parte, se presentan datos acerca de la fortaleza de la identidad nacional en un contexto de bajísima fragmentación étnica o regional. PRINCIPALES INDICADORES DE DESORGANIZACIÓN SOCIAL En esta sección se presentan algunas de las principales dimensiones que estiman el estado y profundidad de la cohesión social preinstitucional. La medición de confianza social contempla dos indicadores: la frase “se puede confiar en la mayoría de las personas o hay que tener cuidado con ellas” y “la mayoría de la gente actúa correctamente con uno o la mayoría trata de aprovecharse”: los resultados muestran una elevadísima proporción de desconfianza interpersonal (66% para quienes marcan la opción negativa en ambas preguntas) con dos países fuera de norma, Brasil que muestra una tasa de desconfianza muy por encima del promedio (86%) y Argentina que se mantiene por debajo (47%). Estos resultados han sido confirmados por numerosos estudios (Inglehart, 200X). La medición de asociatividad muestra las declaraciones de participación en las principales organizaciones sociales: los datos incluyen solamente a quienes pertenecen y participan activamente, asistiendo a reuniones o trabajando gratuitamente, que alcanzan una proporción relativamente modesta de la población (27% que se dividen en 19% que participa en una y 8% adicional que lo hace en más de una). Los niveles de asociatividad mejoran en Guatemala, Perú y Chile aunque dentro de rangos de participación siempre discretos. La medida de desorganización social se refiere a declaraciones específicas acerca de la calidad del barrio en que se vive: se ha considerado una serie de seis indicadores de trastornos barriales o residenciales, entre los cuales se han retenido tres para confeccionar este índice de desorganización social (vandalismo o ataques intencionales a la propiedad privada, robos y asaltos, y balaceras, riñas o violencia callejera: no se han considerado las declaraciones de “tráfico de drogas” que dependen demasiado de la existencia y magnitud del problema de drogas en cada país, y rayados o pintas en los muros o jóvenes dando vueltas por las calles sin hacer nada que tienen un comportamiento más idiosincrásico). Los resultados muestran que 28% de la población vive en barrios altamente desorganizados (mencionan los tres indicadores señalados), con reportes relativamente parejos en todos los países salvo Perú donde la desorganización residencial alcanza hasta 38% de la población. Las medidas de criminalidad y temor incluyen una serie de medidas de victimización y de inseguridad ante situaciones específicas: en el primer caso, se consideran los reportes victimización anual directa e indirecta (alguien que vive en su casa) para robo en la casa y en la calle e intimidación con arma de fuego y violencia cualquiera sea su origen. En el segundo caso, se consideran declaraciones de temor o inseguridad para cuando se está sólo en la casa de día o de noche o fuera de la casa, caminando por el barrio o en el centro de la ciudad al anochecer. En ambos casos, las declaraciones de victimización y temor son altas y parejas en todos los países, ambas afectan a alrededor del 40% de la población: declaraciones por encima del promedio sólo se observan en Perú para los reportes de victimización y Guatemala para los de temor. Este conjunto de indicadores están estadísticamente relacionados entre sí: la correlación entre temor y victimización es siempre positiva en todos los países (coeficiente de Pearson de .13 al nivel 0,01 que fluctúa entre .10 en Colombia y Perú y .18 en México). Lo mismo ocurre con la relación entre desorganización barrial, temor y victimización que alcanza coeficientes de .22 en ambos casos2. La desorganización de los barrios está más débilmente relacionada con la confianza social (Pearson= .095 y sólo en cinco países, en Brasil y México no se registra asociación significativa) y con asociatividad la relación sólo es significativa en Colombia y Perú. TABLA 1: PRINCIPALES INDICADORES DE DESORGANIZACIÓN SOCIAL  DESORGANIZACIÓN    CONFIANZA SOCIAL        ASOCIATIVIDAD  BARRIAL  CRIMEN  TEMOR  No        No     Alta  Media  Baja  participa     Participa    Baja  Media  Alta  víctima  Víctima  Bajo  Alto  Total  12  21  67  73  27    29  44  28  60  40  62  38  Argentina  25  28  47  81  19    21  53  26  63  37  59  41  Brasil  3  10  86  77  23    30  53  17  68  32  62  38  Chile  10  27  63  67  33    31  43  26  57  43  62  38  Colombia  13  25  62  78  22    34  38  28  64  36  69  31  Guatemala  13  19  69  63  37    34  36  30  58  42  53  47  México  16  21  63  80  20    32  39  29  64  36  66  34  Perú  9  20  71  62  26    21  40  38  45  55  58  42  EsociAL 2007 EL PROBLEMA DE LAS ARMAS Una medida indicativa del impacto de la desorganización social es la disposición de la población a tener armas de defensa personal. Esta disposición alcanza al 35% con una inflexión muy singular en Brasil que sólo marca 15%, mientras Chile, Guatemala, México y Perú superan el umbral del 40% de quienes consideran justificable poseer un arma de fuego en la casa para defenderse. Esta disposición varía considerablemente entre hombres donde alcanza al 41% y mujeres: entre los primeros alcanza a 41%, mientras que en las segundas solamente a 29%,pero no tiene variación socioeconómica significativa, entre los más pobres llega a 35% mientras que entre los más ricos marca 31%. Afortunadamente, la disposición a tener armas de fuego no guarda relación con la disponibilidad: solamente un 7% de la población declara que existe un arma en su casa, una cifra uniforme que no tiene variaciones nacionales de importancia, mientras que un 8% adicional no tiene armas, pero esperaría tenerla en un futuro próximo. La disponibilidad de armas tiene una fuerte gradiente socioeconómica: oscila monotónicamente entre apenas un 3% en el nivel socioeconómico bajo hasta un 15% en el alto, lo que indica que el ingreso es una variable muy significativa en el acceso a armas de fuego.                     2 La relación entre victimización, temor y cohesión social,sin embargo, no ha sido bien establecida. Se pueden apreciar particularmente las conclusiones de Andrés Villarreal y Braulio Silva, Social Cohesión, Criminal Victimization and Perceived Risk of Crime in Brazilian Neighborhoods, Social Forces, vol. 84, 3, 2006 que encuentran barrios de extrema pobreza (favelas) extremadamente inseguros que tienen altos niveles de cohesión social. TABLA 2: LEGITIMIDAD Y TENENCIA DE ARMA DE DEFENSA PERSONAL  LEGITIMIDAD  ARMAS  No tiene,pero  No tiene, no    Sí, se justifica  No se justifica  Tiene  espera tenerla  espera tenerla  País  Total  35  65  7  8  85  Argentina  33  67  9  6  85  Brasil  15  85  8  6  86  Chile  43  57  7  8  85  Colombia  29  71  6  8  85  Guatemala  41  59  6  8  86  México  41  59  5  7  88  Perú  43  57  7  14  79    EL FRACASO DE LAS INSTITUCIONES Las mediciones de confianza institucional han arrojado siempre resultados muy negativos en América Latina, al punto que lo que usualmente se mide es la magnitud de la desconfianza absoluta. En este estudio se han vuelto a medir los niveles de confianza declarada en una serie de instituciones políticamente relevantes: el gobierno, el congreso o parlamento y los alcaldes, ediles o intendentes según sea el caso de cada país. Los resultados agregados muestran bajísimos niveles de confianza que alcanzan apenas al 15% de la población (que declara tener al menos alguna confianza en tales instituciones) mientras que 47% declara tener poca o ninguna confianza en cada una de ellas. Estos umbrales de confianza oscilan bastante entre los distintos países: Chile que tiene la tasa más baja de desconfianza absoluta (35%), mientras que México (54%) y Guatemala (64%) alcanzan cifras muy por encima del promedio. En este estudio, se ha agregado una estimación de las variaciones que puede sufrir la confianza institucional cuando se pregunta por representantes cercanos de las instituciones comprometidas, en lo que se conoce como la paradoja Fenno3 (Fenno, 199X). Este ejercicio se ha realizado para las tres instituciones que se han mencionado anteriormente: para el caso del gobierno se ha medido separadamente la confianza que despierta el presidente o la presidenta de la república; para el caso del congreso o parlamento, se ha estimado la confianza que suscitan los diputados del distrito en que vive (y eventualmente vota) el responderte y para el caso de los municipios se ha estimado la confianza que se deposita específicamente en el alcalde de la comuna o distrito donde vive. Las estimaciones de confianza no mejoran prácticamente en nada cuando se considera esta diferencia (el salto es de 15% a 17% en las proporciones de alta confianza), pero la desconfianza absoluta decrece significativamente con un descenso en las tasas agregadas de 48% a 39%. Esta ganancia en confianza próxima se produce invariablemente en los casos del gobierno y del municipio: los niveles declarados de desconfianza bajan cuando se evalúa al presidente(a) respecto del gobierno o cuando se evalúa alcalde, edil o intendente del lugar propio de residencia respecto de los alcaldes en general. En el caso del parlamento, sin embargo, el resultado es más inestable: en Argentina, Brasil o Colombia no se produce ninguna diferencia significativa entre la evaluación próxima y lejana del parlamento, pero en Chile y Perú especialmente, la confianza en diputados del propio distrito mejora notablemente la evaluación del congreso o parlamento en general. 3 La paradoja Fenno llama la atención sobre el desfase que existe entre la magra evaluación pública del Congreso y las altísimas tasas de reelección parlamentarias. Esta paradoja ha sido explicada habitualmente por las ventajas de la incumbencia; sin embargo, muchos estudios han mostrado que existe una diferencia entre la evaluación que se hace de la legislatura y de los legisladores. Richard Fenno, 1975, “If, as Ralph Nader Says, Cngress Is “The Broken Branco”, How Come We Love Our Congressmen So Much”, in Norman J. Ornstein, ed. Congress in Change: Evolution and Reform. Newe York, Praeger. También Timothy E.Cook. 1979. Legislature vs. Legislator: a note on the paradox of congressional support. Legislative Studies Quarterly, IV, 1, 1979. TABLA 3:  ESTIMACIONES DE LA PARADOJA FENNO:  DIFERENCIAS DE CONFIANZA LEJANA Y PRÓXIMA (%  que declara poca o ninguna confianza en instituciones que  se indican)    Argentina  Brasil  Chile  Colombia  Guatemala  México  Perú  El  gobierno   48  60  50  51  78  63  63  El Presidente  42  52  44  40  75  62  56  El Congreso  75  73  71  79  82  74  83  Los diputados de su  82  74  66  79  81  74  59  distrito  Los intendentes, alcaldes  71  72  55  66  72  67  62  o ediles    El intendente, alcalde o  64  65  50  59  64  66  49  edil de la ciudad donde  vive  CONFIANZA LEJANA  44  47  35  42  64  54  47  CONFIANZA PRÓXIMA  37  37  27  31  57  51  34  ECosociAL 2007  LEALTAD DEMOCRÁTICA Y LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA La estimación de lealtad democrática se ha realizado conforme al acuerdo que suscitan las frases “es mejor la democracia a cualquier otra forma de gobierno” (según un formato semejante al que utiliza la Encuesta Mundial de Valores, EMV, 200X que incluye como anverso la preferencia por “un gobierno de autoridad fuerte en manos de una persona” y “da lo mismo una u otra forma de gobierno) y “los derechos de las personas se deben respetar en toda circunstancia” que tiene como anverso una referencia a la criminalidad (“los criminales no deben tener los mismos derechos que las personas honestas”). En la estimación de lealtad democrática se ha procurado combinar una referencia a la forma de gobierno y otra a la extensión y profundidad con que deben respetarse los derechos constitucionales. La asociación entre ambas variables, sin embargo, es relativamente débil: la primera frase tiene una gradiente educacional muy pronunciada, la adhesión a una forma de gobierno democrática fluctúa entre tasas de 52% para quienes tienen educación primaria y 75% para quienes tienen educación superior, lo que coincide con todos los resultados de estudios comparables que encuentran siempre mayor lealtad democrática entre los mejor educados. La segunda frase, en cambio, no tiene ninguna sensibilidad al nivel educacional, 58% entre los que poseen educación primaria y 60% entre los que tienen superior. Los resultados muestran un acuerdo promedio de 61% con la primera frase y 58% con la segunda con variaciones nacionales que sitúan la adhesión democrática de Argentina muy por encima de todos los demás países. (Ver Encuesta Mundial de Valores)   TABLA 4:  LEALTAD DEMOCRÁTICA    Argentina  Brasil  Chile  Colombia  Guatemala  México  Perú  Es mejor la democracia a cualquier otra forma de 75  64  55  51  53  60  63  gobierno   Los derechos de las personas se deben respetar 62  49  51  63  59  61  61  en toda circunstancia   *LEALTAD  50  33  32  32  36  43  39  DEMOCRÁTICA  ECosociAL 2007 * Lealtad democrática 0 % que está de acuerdo con ambas frases Las condiciones de vida democrática se han estimado a partir de la percepción de riesgo político que se observa respecto de: “decir lo que se piensa de la política y de los políticos”, “participar en partidos políticos de oposición”, “participar en manifestaciones contra la autoridad”, “ser detenido o maltratado por la policía sin razón aparente”, “que la autoridad o policía registre la casa sin orden judicial” y que “algún policía, juez o autoridad de gobierno exija un pago, coima o mordida por algo”. Este conjunto de ítems tiene un coeficiente de fiabilidad muy alto (Alfa de Cronbach= .818). La proporción que observa mucho riesgo respecto de estos eventos alcanza un promedio de 23% con fluctuaciones nacionales que van desde Chile, Argentina y Brasil con alrededor de 18% de riesgo y Guatemala y Colombia que marcan 29% y 31% respectivamente, los dos países con mayor inseguridad democrática. El riesgo más mencionado es el riesgo de corrupción: 30% de la población declara en promedio que se corre mucho riesgo de ser extorsionado por la autoridad, con declaraciones muy altas en Perú, Guatemala, México y Argentina y mucho más bajas en Chile y Brasil. El riesgo de maltrato policial es también alto (27%) y más parejo entre los distintos países con alguna inflexión hacia abajo en Argentina y Chile. Lo mismo ocurre con el riesgo de manifestar contra la autoridad (27%) esta vez con una excepción puramente argentina. Las demás menciones tienen declaraciones de riesgo menores, la probabilidad de la casa sea allanada ilegalmente reúne un 20%, con una mención especialmente alta en Guatemala, mientras que la probabilidad de hablar o participar en partidos o movimientos de oposición (alrededor de 15% en las declaraciones de mucho riesgo) aparecen específicamente altas en Colombia. Esta percepción de riesgo tiene sesgo socioeconómico cuyo punto de inflexión, sin embargo se produce en el nivel socioeconómico alto donde las declaraciones se contraen fuertemente (solamente 16% de declaración de riesgo): en todos los demás niveles las estimaciones son muy parecidas.   TABLA 5:  INDICADORES DE RIESGO POLÍTICO (% que declara mucho/algún riesgo)    Argentina  Brasil  Chile  Colombia  Guatemala  México  Perú  Decir lo que se piensa de  7  11  11  31  23  15  15  la política  Participar en partidos  8  12  11  25  22  14  15  políticos de oposición  Participar en  manifestaciones contra  18  28  27  39  30  23  27  las autoridades  Ser detenido o maltratado por la policía sin razón 19  26  22  37  32  28  25  aparente Que registren su casa sin 12  16  16  26  30  23  22  orden judicial Que algún policía, juez o  autoridad le exija un  32  20  18  29  36  36  44  pago, coima o mordida  ECosociAL 2007  También este estudio ha estimado los umbrales de legitimación de la violencia que existen en estos países. Se ha preguntado si es justificable que las personas que promueven o defienden determinadas causas usen la fuerza o la violencia. Tales causas comprenden “las minorías indígenas que reclaman sus tierras ancestrales” (violencia étnicamente motivada) y la “defensa del medio ambiente” (violencia medioambiental), “los pobres que reclaman mejores condiciones de vida” (violencia social) y violencia políticamente motivada, “cando se procura hacer cambios revolucionarios en la sociedad” (violencia revolucionaria) y cuando se trata de “oponerse a una dictadura” (violencia democráticamente motivada). Este conjunto de ítems arrojó un Alfa de Cronbach de .763. Los resultados muestran que el 28% considera siempre justificable el uso de la fuerza o de la violencia en una o más de las causas mencionadas: esta proporción fluctúa sobremanera entre un 17% en Brasil, el país que justifica menos la violencia, hasta 38% y 40% en Guatemala y México respectivamente. Las motivaciones de la violencia no arrojan demasiadas diferencias, salvo la violencia revolucionaria que aparece con una justificación muy menor. La aceptación del uso de la fuerza no está especialmente alojada en grupos de baja escolaridad donde podría abundar el descontento social, ni tampoco en los grupos de alta escolaridad sometidos a fuertes procesos de frustración relativa como los que respaldaron el ciclo de radicalismos políticos que sufrió el continente hace unas décadas. Con todo, la aceptación de la violencia social tiene una cierta gradiente de clase: 18% del nivel socioeconómico bajo justifica la violencia cuando ésta proviene de los pobres que demandan mejores condiciones de vida contra solamente el 10% del nivel socioeconómico alto. La violencia étnica, por su parte, aparece ligeramente más aceptada por quienes se identifican con algún pueblo indígena (18%) respecto de los que no lo hacen (13%), aunque en general quienes declaran identidad étnica justifican más todas las formas de violencia. La justificación de la violencia es algo mayor entre los jóvenes aunque las diferencias etáreas son bastante moderadas (32% para la aceptación de alguna causal en el grupo de 18-29 años contra 25% en los grupos de mayor edad). TABLA 6:  LEGITIMACIÓN DE LA VIOLENCIA  Cuando los Cuando las Cuando se procura Cuando se pobres piden Cuando las LEGITIMACION minorías indígenas hacer cambios defiende el mejores personas se DE LA reclaman sus revolucionarios en la medio condiciones de oponen a una VIOLENCIA tierras ancestrales sociedad ambiente vida dictadura Legitima alguna Se justifica Se justifica Se justifica violencia Se justifica siempre Se justifica siempre siempre siempre siempre Total 28 13 8 16 16 15 Argentina 21 10 6 11 10 15 Brasil 17 8 5 11 8 7 Chile 26 10 4 11 12 17 Colombia 25 13 5 14 16 12 Guatemala 39 20 15 26 22 19 México 40 22 16 27 27 23 Perú 30 11 7 17 16 15 ECosociAL 2007 EXCLUSIÓN Y ALIENACIÓN Dos medidas complementaria de distancia horizontal (exclusión) y distancia vertical (alienación) permiten observar la magnitud de los problemas de cohesión social. El sentimiento de exclusión se ha medido a partir de tres indicadores que versan sobre la calidad de la integración en la comunidad próxima: “en general lo que yo piense no le importa mucho a nadie”, “siempre me dejan al margen de las cosas que ocurren a mi alrededor” y “siento que la gente que me rodea haría poco para ayudarme si me pasara algo” (Alfa de Cronbach de .647). El sentimiento de alienación contempla otros tres indicadores que versan sobre la calidad de la integración institucional: “a la gente que dirige el país no le importa lo que le pase a personas como uno”, “las autoridades no harían nada si hubiera un problema grave en mi barrio o vecindario” y “la mayor parte de las personas con poder sólo tratan de aprovecharse de personas como yo” (Alfa de Cronbach de .680). La tasa de exclusión (proporción que marca muy de acuerdo o de acuerdo en los tres ítems) alcanza a 17%, con variaciones nacionales que fluctúan entre 8% y 12% en Argentina, Brasil y Chile hasta 34% en Guatemala. La tasa de alienación, por su parte, alcanza a 46%, con muy poca variación nacional, lo que confirma los bajísimos niveles de integración institucional que prevalecen en estos países. El sentimiento de exclusión y alienación tiene un sesgo socioeconómico relativamente moderado: tiende a elevarse en el nivel socioeconómico bajo en proporciones que alcanzan hasta 26% en distancia social y 51% en distancia institucional. TABLA 7: TASAS DE ALIENACIÓN EN POBLACIÓN TOTAL Y POBLACIÓN DE   NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO     EXCLUSIÓN  ALIENACIÓN  EXCLUSIÓN  ALIENACIÓN                   POBLACIÓN TOTAL  POBLACIÓN NSE BAJO    Total  17  46  26  51     Argentina  8  53  15  59     Brasil  12  43  22  48     Chile  12  43  19  58     Colombia  19  38  23  44     Guatemala  34  48  39  47     México  17  44  20  54     Perú  21  51  29  53  EcosociAL, 2007  IMPORTANCIA DE LA MOVILIDAD EDUCATIVA Las declaraciones de movilidad educativa intergeneracional son importantes en todos los países sin excepción. La proporción de hombres de 25 años y más que reporta tener un nivel educativo mayor que sus padres alcanza a 46%, mientras las mujeres que declaran lo mismo respecto de sus madres es 49%. La movilidad por niveles educativos depende de los ritmos de escolarización que alcanzan los países: en Argentina, Chile y Perú la movilidad educacional se concentra en el paso de secundaria a superior, mientras que en otros países como Brasil, Colombia y México prevalece el paso de primaria a secundaria. Todos los países mantienen pautas de movilidad educacionales muy parecidas según género: las mujeres reportan niveles de movilidad muy similares a los de los hombres, salvo en Guatemala donde las mujeres declaran menos movilidad relativa respecto de los hombre y Perú donde ocurre lo contrario. La movilidad de los hijos/hijas de 25 años y más respecto de sus padres/madres encuestados es todavía más alta sobre todo en países de desarrollo educacional más recientes: 51% de los padres reconoce tener al menos un hijo con un nivel completo de escolaridad mayor que el suyo propio, mientras que 58% de las madres reconoce tener una hija en la misma situación. También los datos muestran que los ritmos de movilidad educativa aumentan significativamente en las generaciones más jóvenes, aunque tiende a detenerse en la última generación: en la generación de 60 años y más, sólo un tercio de la población experimentó movilidad educativa (la mayor parte de ella concentrada en el paso de primaria y secundaria), mientras que en la generación de 40-49 años, lo mismo que en la de 30-39 años, esa experiencia abarcó la mitad de la población (con un énfasis mayor en el paso de secundaria a superior) (datos no mostrados) TABLA 8: ESTIMACIONES DE MOVILIDAD EDUCATIVA INTERGENERACIONAL  movilidad educativa hombres 25 años o más respecto a movilidad educativa mujeres 25 años o más respecto a sus padres sus madres primaria a primaria primaria secundari secundaria a horizonta descen primaria a secundaria a horizonta descen a a superior superior l dente secundaria a superior superior l dente Total 27 13 6 50 4 31 12 6 48 3 Argentina 13 17 1 64 4 17 24 2 53 4 Brasil 31 11 5 50 4 38 10 4 45 3 Chile 20 22 3 51 3 28 16 4 47 5 Colombia 35 7 9 45 4 41 9 7 40 3 Guatemal 30 8 9 49 4 29 5 5 59 2 a México 36 8 7 45 3 33 6 6 53 1 Perú 22 18 11 47 3 30 16 16 36 1 ECosociAL 2007